domingo, 24 de agosto de 2014

La Almoraima y el Parque de Los Alcornocales.

Hace unos días se difundieron las últimas fotografía nocturnas realizadas por la NASA desde la Estación Espacial Internacional, y España era una concatenación de luces que nos mostraban un país muy iluminado por sus ciudades. Aunque también había zonas oscuras y una franja negra que dividía la provincia de Cádiz en dos de Norte a Sur. Esa isla oscura es el Parque Natural de los Alcornocales, y dentro de sus límites está la Almoraima. El Gobierno pretende vender o más bien regalar este latifundio público del Campo de Gibraltar (más de 14.000 hectáreas), pues dice que le está costando dinero. La Almoraima como sociedad del Ministerio de Medio Ambiente está mal gestionada, en 2013 sus cuentas no han pasado el análisis de la auditoria Deloitte encargada de fiscalizarla. Y saldrá de esas pérdidas gracias exclusivamente a una subvención de 2,34 millones de euros que el Estado le concedió para gastos corrientes, cuando se encuentra en un proceso abierto de privatización.

La Almoraima dependiente de la dirección general de Desarrollo Rural y Política Forestal era un latifundio público que daba beneficios en todos los ejercicios entre 1993 y 2007. Y hasta ahora  la auditora Deloitte no había reflejado reparo alguno en las cuentas, ni salvedades en el informe de los resultados. Estos reparos a una empresa del Estado no son normales ni habituales. Pero lo más curioso es que parte de la subvención recibida se está utilizando para una “reestructuración de personal”. De un total de 99 empleados, doce trabajadores han salido el año pasado de la empresa La Almoraima. Y todo esto para que el comprador del latifundio se encuentre con una plantilla más delgada y una empresa más saneada.  

Pero para hacer más atractiva la venta de La Almoraima, la dirección de la sociedad transmitió a sus posibles compradores un plan de usos que permitiría levantar un complejo turístico de lujo -hotel, campo de golf y aeropuerto- en la zona de la finca que no está dentro del Parque Natural de Los Alcornocales, aunque si en su borde. La Junta, que se opone a la privatización, ha empezado a tramitar una ampliación del parque que incluya el 100% de la finca. Sin embargo, la directora de La Almoraima, Isabel Ugalde, puesta por el Gobierno del PP ya ha recurrido esa ampliación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. No sé si la Junta conseguirá evitar este nuevo atropello a un espacio natural como ha ocurrido con los del Algarrobico, Valdevaqueros y otros.

Lo que está ocurriendo en este país con la destrucción del paisaje y de sus espacios naturales es para estar preocupados. Este Gobierno está dejando en precario todos los parques naturales que sobreviven en las proximidades de las costas andaluzas desde la Almoraima hasta Cabo de Gata. Cada día nos encontramos con un nuevo plan faraónico o de lujo que está al acecho de nuevas presas. Alcornocales, pinares y otros bosques centenarios corren el riesgo de ser barridos por un monstruo como el hotel del Algarrobico de Carboneras, el proyecto de La Almoraima o el de Valdevaqueros. La prepotencia de los saqueadores campa a sus anchas y son recibidos como reyes por nuestros políticos y Ayuntamientos.

Hace unos días en El País, el conocido escritor Juan Goytisolo decía que para quienes hayan conocido la costa mediterránea española de hace medio siglo viajar hoy día por ella es presenciar una feria de horrores y un involuntario ejercicio de masoquismo. Goytisolo conoce muy bien las costas andaluzas y sobre todo las tierras de Almería, pues escribió en los años 60 dos maravillosos ensayos o libros de viaje titulados “Campos de Nijar” y “La Chanca”. Por supuesto, no tiene la menor duda de que el culto al dinero fácil ha convertido la costa mediterránea española en un espectacular adefesio. Ya solo espera que las generaciones venideras juzguen  como corresponde la codicia de unos y la prepotencia de otros en su miope concepción de un progreso que se ha desvanecido como un espejismo a costa de la destrucción de un paisaje que permanece vivo en la memoria de los viejos pero que ya no se recuperará jamás ni lo podrán ver los jóvenes. 

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Por qué le llaman crisis, cuando fue un golpe de Estado financiero.

Hay una película española dirigida por Manuel Gómez Pereira titulada: “¿Por qué lo llaman amor, cuando quieren decir sexo?”. Pues bien, cuando hablamos de la crisis, no sé por qué regla la llamamos crisis cuando está muy claro que fue un golpe de Estado financiero para que entre todos pagáramos la deuda de los bancos.

Esta crisis, que estalló en 2008, tiene muchas dimensiones y denominaciones, y aunque comenzó como una crisis financiera o de los bancos, rápidamente derivó en una crisis económica general. Sin embargo, no quedó ahí la cosa, porque al tener que endeudarse el Gobierno para hacer frente a sus consecuencias, pronto se convirtió en una crisis de la deuda soberana -el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a particulares u otros países-. Y la respuesta a esta situación fue la política de austeridad del Gobierno de Rajoy, que terminó provocando una grave crisis económica, social y política.

El resultado ha sido un gran sufrimiento para la gente. La sensación es que el Gobierno trabaja solo para los bancos. Y que eso que llama deuda soberana es el resultado de lo que hemos tenido que apoquinar a los bancos o a otros por culpa de su mala gestión. En este país se ha instalado la precariedad como horizonte de futuro, y eso ha derivando en una crisis política de imprevisibles consecuencias. La legitimidad de este Gobierno y de toda la estructura política ha quedado muy dañada, tanto en España como en Europa. La gente pone en cuestión aspectos fundamentales del sistema político y también económico. La ciudadanía percibe que no tiene instituciones o canales a los que puedan dirigir sus quejas, reclamaciones o propuestas para solucionar sus problemas.

El problema está en saber cómo evolucionará el sistema a partir de ahora. Una posibilidad es que las élites políticas tomen conciencia del problema, se pongan las pilas y acuerden introducir ciertas reformas en el control de las instituciones financieras -en vez de estar a su servicio-, para prevenir que no vuelva a ocurrir otra catástrofe como la de 2008 por falta de regulación. Pero así el sistema seguirá cojeando más o menos como hasta ahora, la desigualdad seguirá aumentando y aspectos fundamentales como la crisis ecológica -que también existe- seguirán sin abordarse. Y veremos el triunfo del individualismo egoísta y de la sociedad de cazadores de la que habla Zygmunt Bauman, el sociólogo y filósofo ganador del Premio Príncipe de Asturias de Humanidades de 2010.

Otra posibilidad es que los movimientos sociales, organizados en sociedad civil, fuercen a las élites políticas a cambiar, a revisar las estructuras desde la forma de los partidos a los mecanismos de participación que propicien cambios sociales profundos. Cambios a mejor, que hagan evolucionar el actual capitalismo financiero -motor de todo el sistema- a una forma de capitalismo más igualitario y, por tanto, más estable. Aunque es difícil imaginar que pueda surgir un impulso reformador desde el interior del propio sistema, si no se fuerza al mundo financiero y empresarial a reaccionar y aceptar cambios desde las bases de una sociedad organizada.

Y en esa tarea están los movimientos sociales, las redes ciudadanas o ese fenómeno político llamado Podemos. Una organización de nuevo cuño que aspira a llegar a las instituciones sin renunciar a sus formas de representación de base. La idea de que los movimientos sociales puedan tener un pie en el sistema político y otro en la sociedad civil hacen tan interesante y todavía más ilusionante un proyecto como el de Podemos.  Esperemos lo mejor de ellos por y para el bien de todos.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

sábado, 9 de agosto de 2014

El Algarrobico y el Informe pelícano.

Esta semana después de 17 pronunciamientos judiciales contra el hotel “El Algarrobico” en la playa del mismo nombre, nos enteramos que según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la licencia municipal de obras es firme y no puede pedirse su nulidad por el cuestionamiento del plan que lo rige. El mismo tribunal ha fallado en dos sentidos contrarios sobre el mismo suelo en 2012 y 2014, por lo que será el Tribunal Supremo el que unifique esta disparidad.

Hoy después de leer esta información me he acordado de la adaptación que el director Alan J. Pakula realizó de la novela “El Informe pelícano” de John Grisham. La película gira en torno a una estudiante de Derecho que elabora una teoría para explicar el asesinato de dos magistrados del Tribunal Supremo. El motivo sería la sustitución de estos por otros magistrados que dictarían una sentencia más favorable o benévola a un proyecto muy agresivo contra un espacio natural de flora y fauna (pelícanos) en el sur de Estados Unidos.

La película es visualmente impecable, con un guión sólido y muy bien construido. Aunque yo no quiero hablar de cine, sino recordar que en los conflictos entre espacios naturales e intereses económicos siempre priman los intereses económicos, lo que afecta a todo el proceso, incluidos los procedimientos judiciales. Y eso está ocurriendo con el Algarrobico y creo que también ocurrirá con Valdevaqueros.

El embrollo judicial del Algarrobico se inicia en 2003 cuando el Ayuntamiento de Carboneras concede la licencia para construir el Hotel. Los ecologistas solicitan al fiscal que investigue esta licencia. Posteriormente un juez paraliza de forma cautelar la obra del complejo hotelero porque podría vulnerar la ley de Costas. En 2012, después de nueve años, el Tribunal Supremo dictamina que el hotel vulnera la ley de Costas, pero la sentencia no se cumple ni se ejecuta. Y hasta hoy, pues el día 30 de julio se hace pública una nueva sentencia del Tribunal Andaluz que considera urbanizable el terreno sobre el que se asienta el hotel, cuando hace dos años decía lo contrario.

Este es un litigio judicial en el que se pierde cualquiera, aunque sea un profesional del derecho. El hotel “El Algarrobico” es un ejemplo curioso: la mayoría de las administraciones que exigen su demolición son las mismas que otorgaron las licencias para levantarlo. Y el conflicto es tan extraño que los jueces de una sala están en desacuerdo con los jueces de la sala contigua, a pesar de acumular más de una decena de fallos judiciales -tres en el Supremo y cuatro en la Audiencia Nacional- que abogan por su demolición.

El cambio de criterio ocurrido cuando han cambiado los jueces es lo que me ha recordado “El informe pelícano”. En una querella presentada por prevaricación, los ecologistas denuncian  que el cambio de los jueces se produjo solo unos días antes del fallo. Y las partes personadas no supieron hasta un mes antes de la sentencia que quien deliberaría sobre el caso no sería la sala Primera sino la Tercera de lo Contencioso-administrativo del TSJA. La Junta, que recurrirá de nuevo ante el Supremo, critica la “desprotección” generada a partir de esta sentencia contradictoria e IU habla de una decisión “aberrante” y de “extrañas maniobras judiciales”.

Susana Díaz, la presidenta de la Junta, dice que en este caso irá hasta al límite legal para que una barbaridad de este tipo no siga adelante. El Gobierno central le tiende la mano y estudiará si cabe presentar un recurso fundado. ¿Nos lo creemos? A estas alturas de la película lo único que me creo es el anuncio de una querella criminal de Salvemos Mojacar contra los magistrados de la sala Tercera del TSJA. No será la primera, ya presentaron otras con anterioridad que han terminado archivadas, pero dicen que sin riesgo de fracaso no se puede  hablar de triunfo.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

lunes, 4 de agosto de 2014

Valdevaqueros otro posible Algarrobico.

El Algarrobico es un hotel de 20 plantas y 411 habitaciones construido de forma ilegal a menos de 100 metros de la costa dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar en Almería. El Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, tras varias sentencias judiciales, tienen firmado un protocolo de demolición que ninguna de las dos administraciones cumple. Algo parecido puede suceder en el Parque Natural del Estrecho con Valdevaqueros, pues hay  aprobada una iniciativa para construir 350 viviendas de lujo y varios hoteles que vulneran todo tipo de normas y planes medioambientales de la zona. 
 
El Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP nº 132) del 14 de julio publicaba la APROBACIÓN DEFINITIVA POR EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA DEL PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SL-1 VALDEVAQUEROS PROMOVIDO POR LA CORRESPONDIENTE JUNTA DE COMPENSACION.

Este Plan Parcial había sido sometido a debate público entre los munícipes el 29 de mayo del 2012 y fue aprobado con los votos del PP, PSOE y PA, y el voto en contra de IU. La aprobación inicial por decreto de Alcaldía se realizó el 7 de abril del 2005. Y hubo más decretos de Alcaldía  para la aprobación provisional en las fechas siguientes: 28.09.2007, 12.03.2008 y 15.04.2011. En el último decreto de Alcaldía se desestimaron todas las alegaciones presentadas a este Plan parcial.

Este tema está ahora en manos de la Justicia, porque Ecologistas en Acción presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contenciosos-administrativo, admitido a trámite, donde solicitaban anular y dejar sin efecto el Plan Parcial del sector SL-1 aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Tarifa y que se condenara al Ayuntamiento demandado al pago de las costas judiciales. Pero cuantos casos hay en los que los ecologistas han ganado una causa en los tribunales y ésta después no se ha ejecutado.

Sin embargo, no hay que ponerse pesimista, porque todavía es posible la anulación de este Plan Parcial por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), garantizando el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental infringida, y la preservación de uno de los parajes litorales más valiosos y afamados del sur de Europa. Ya que está incluido en la Red Natura 2000 de la UE como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA), y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.

Este Plan Parcial se ha tramitado transgrediendo las competencias de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho y los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Plan que protege esta zona de Valdevaqueros y que tiene rango superior a los Planes Generales de Ordenación Urbana -el PGOU de Tarifa es de 1990 (BOP nº 107)-. Este PGOU debería haberse modificado de oficio en el ámbito SL-1 de Valdevaqueros al desclasificar estos suelos. Pero en su día nos se hizo, y además, el Plan Parcial ha seguido tramitándose hasta su aprobación definitiva para su posible desarrollo urbanístico.

Existen informes técnicos y científicos -entre ellos, el suscrito por D. Miguel Ángel Losada, Catedrático de la Universidad de Granada y especialista en la materia- que demuestran el gran impacto negativo que tendría este desarrollo urbanístico. Así que, si dejamos hacer y no lo paramos ahora, nos encontraremos con otro Algarrobico. Tengo que recordar que en los conflictos entre espacios naturales e intereses económicos priman siempre los intereses económicos y esto afecta a todo el proceso, incluso a los procedimientos judiciales.

Ahora solo nos queda nuevamente la vía judicial o instar a la Junta de Andalucía para que pare este dislate urbanístico. Si quiere, la Junta puede aplicar su Decreto-ley 5/2012, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, suspendiendo de manera provisional el plan parcial de Valdevaqueros en todos los terrenos situados a una distancia inferior a 500 metros de la ribera del mar. Del total de 741.350 m2 de superficie del Plan Parcial más del 30% se encuentra en el interior de las zonas más protegidas del Parque Natural del Estrecho, es decir, en la Zona de Especial Conservación (ZEC) y en la Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA). Además de ser Reserva de la Biosfera Intercontinental. Aunque el PSOE y la Junta de Andalucía estén ahora en otros menesteres, espero por el bien de todos que no olviden Valdevaqueros.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez