viernes, 29 de noviembre de 2013

Sin diálogo no hay futuro.

Sin dialogo y tolerancia no hay futuro para la convivencia entre dos vecinos que viven separados solo por una Verja. Y lo que nunca se debe hacer, aunque se esté haciendo, es utilizarla como mercancía o espacio de enfrentamiento entre dos comunidades obligadas a entenderse.

Ayer unos reventadores enemigos de la libertad y la democracia impidieron que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, diera en la Politécnica de Algeciras una conferencia sobre el contencioso de Gibraltar. Mal uso se hizo del derecho de manifestación y protesta con tanta violencia e insultos, y además se atentó contra el derecho a la libre expresión. Porque esa actitud intolerante, que fue la que impidió a Picardo expresar libremente su opinión y suspender su conferencia, siempre termina en un fracaso para todos. Nunca antes se había suspendido un acto académico en la Universidad de Cádiz. La situación es grave porque una minoría, que había perdido la razón, pudo hacer que mediante insultos y protestas se consiguieran abortar los derechos democráticos de una mayoría, que si quería escuchar a Picardo hablar sobre Gibraltar, sus relaciones con la zona del Campo de Gibraltar y las oportunidades de cara al futuro. 

El dirigente gibraltareño tuvo que salir del recinto académico escoltado por agentes de la Policía Nacional y acompañado por los gritos e insultos de los manifestantes poniéndolo de “fascista” y “asesino”. ¿Por qué? El Ayuntamiento de Algeciras, colaborador en estos cursos, también ha entrado en la polémica emitiendo un comunicado donde expresa su rechazo a que el ministro principal de Gibraltar pronunciase una conferencia en un acto académico organizado por la Universidad de Cádiz en la Politécnica de Algeciras, y señalando que no veía “conveniente” la presencia de Picardo en la ciudad “en estos momentos”. Pero, cuál es el momento para hablar o dialogar, si siendo vecinos por necesidades mutuas estás obligado a entenderte. Y por qué un interlocutor válido para ese dialogo como el ayuntamiento se niega a ello, sabiendo además que con su actitud está interfiriendo en la convivencia, pero también en la independencia académica y universitaria.

La ponencia de Picardo estaba incluida dentro de las actividades docentes y de extensión académica de la sede de la facultad de Derecho en Algeciras. Además se enmarcaba en un ciclo de intervenciones sobre Gibraltar desarrolladas en los Cursos Internacionales de Otoño de la Universidad de Cádiz, donde también se contó con la presencia de representantes de la Administración española como el delegado especial del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Campo de Gibraltar, Julio Montesinos. Ponente que cerró su intervención el miércoles diciendo que en el asunto de Gibraltar todo depende de la voluntad política de las partes en litigio, y que sin diálogo nada es posible.

Montesinos también informó sobre la aprobación al final del periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas de este año de una resolución en la que “se hablará de soluciones definitivas, que respaldan el proceso de Bruselas (1980) con un mensaje de diálogo y cooperación”. Y que “en el foro de diálogo deben estar el Campo de Gibraltar y Gibraltar pero al no haber un mecanismo que regule la situación, las Naciones Unidas exhortan al diálogo informal ad hoc, es decir, sin esquemas ni composición prefijada”. Además, sin introducir cuestiones de soberanía, que es lo que bloqueó el primer foro tripartito entre Gibraltar, el Reino Unido y España.

En el mismo sentido se manifestaba la alcaldesa de la Línea, Gema Araujo, ponente de la mesa redonda del miércoles -a la que no asistió ni el ayuntamiento de Algeciras, ni el PP pese haber sido invitados-, sobre la convivencia transfronteriza Gibraltar-Campo de Gibraltar, y con la que se puso fin al seminario. La alcaldesa linense consideró que La Línea “había sido la eterna perjudicada de las decisiones que desde las políticas de Estado se han llevado a cabo con Gibraltar”, entre ellas el cierre de la Verja. Lamentando que no se hubiera diseñado a largo plazo ningún plan estratégico para su población “gobierne quien gobierne”. En su opinión “si hay algún municipio legitimado para alzar la voz, era La Línea” y rechazó las voces de quienes dicen “que tenemos que sacrificarnos por el interés general”. Al final, abogó por el diálogo y la buena vecindad, lo que en el fondo buscaba el Foro tripartito, que ya hubiera resuelto el tema de los controles de la Verja, los problemas de la pesca y de los bloques de cemento lanzados al mar.

De todo este asunto me parece un gran error la estrategia que sigue el Gobierno actual  dinamitando el puente de diálogo que existía con el Foro tripartito, sin tener alternativa, y utilizando la presión para que Gibraltar se avenga a dialogar sobre la soberanía. No han aprendido nada de la historia reciente, las presiones solo sirven para hacer más fuertes a los gibraltareños. Porque están acostumbrados a sobrevivir sin nosotros y eso lo sabe cualquier vecino de esta comarca, tienen una economía que les permite encontrar soluciones a sus problemas de aislamiento. Aunque lo más grave, y que muchos sospechamos, es la utilización  del conflicto de Gibraltar como cortina de humo para obviar las corrupciones del Partido Popular y que se hable menos de los graves problemas económicos de nuestro país.   

María José y Ángel Luis Jiménez 

martes, 26 de noviembre de 2013

Desentenderse de la política.

Muchas personas piensan que si se desentienden de la política, la política se desentenderá de ellos. Aunque no sé cuándo se van a enterar que la indiferencia no es reciproca.

La frase “yo paso de la política” está cada día más en boca de la gente. Esto me preocupa mucho porque creo que es producto de la ignorancia. La gente cree que pasando de la política la política pasará de ellos. Y no se dan cuenta que la indiferencia no es reciproca, pues aunque a uno le resbale la política, sus tentáculos están presente en todas las cuestiones de nuestra vida: la cobertura sanitaria, la educación de los hijos, los derechos laborales, el acceso a la vivienda, la presión fiscal, la tolerancia con la corrupción, la sostenibilidad de las pensiones, la seguridad alimentaria, el derecho a discrepar, etcétera.

Me pregunto qué ventajas encuentran en este desentendimiento propio de ignorantes. Puede ser que la crisis los haya vuelto más prudente o mejor decir más temerosos. O también puede tratarse de otra forma de decir que se han rendido al poder político y que pueden hacer con ellos lo que quieran. Porque es entonces, y solo entonces, cuando el poder político no tendrá que ejercer la violencia para reprimir las libertades y derruir las conquistas sociales conseguidas tras muchos años de lucha. Escoger el desentendimiento como plan de vida o actitud vital es un error que pagaremos muy caro. O es que no se dan cuenta que este Gobierno con mayoría absoluta, y ante esa pasividad o sumisión, no duda en imponer su voluntad a todos los españoles entrando a saco en nuestras vidas mediante sus decretos y leyes reformistas.

Parece como si un extraño virus hubiera anulado la capacidad de rebeldía de la gente hasta convertirlos en zombis. En su columna del domingo en El País escribía Manuel Vicent que este país está a punto de parecer un reino de muertos vivientes. Y que los hay pobres y ricos. Los pobres caminan como autómatas con la cabeza gacha, aunque a veces miran al cielo esperando que se produzcan la lluvia de sardinas que se les ha prometido si son sumisos y pasan de la política. En cambio los zombis ricos entran y salen de los buenos restaurantes, joyerías y tiendas exclusivas de la milla de oro, aparentemente felices, aunque al ser observados de cerca se descubren sus rostros crispados por el terror a que su fiesta sea asaltada mañana por una turba de pobres y mendigos. Espero que algún día se produzca un prodigio o algo parecido que haga que la gente sienta el impulso de rebelarse y a comprender que el mundo, si ellos quieren, puede ser diferente.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

lunes, 25 de noviembre de 2013

Una lacra social.

Para luchar contra esa lacra social que es la violencia de género necesitamos una educación transversal basada en la igualdad y el respeto de los derechos humanos.

Hoy 25 de noviembre hay que recordar lo dicho por Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1993 en la declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer: “la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por la que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto al hombre”. Por eso vincular discriminación y violencia es clave para entender la causa última de la violencia que sufren las mujeres y sus hijos e hijas.

En este país la violencia de género está desapareciendo de la esfera pública, desvaneciéndose en las últimas reformas legales y relegándose en las prioridades políticas. Y también en el debate social y en la propia agenda de los medios de comunicación, que tienden a concentrar las noticias en torno a un solo día concreto el 25 de noviembre. Y esta no es lucha de un solo día, pues los asesinatos machistas se suceden con peligrosa frecuencia contabilizando 703 vidas desde el año 2003, cuando se inicia el recuento por el Ministerio de Sanidad.

Estamos corriendo el riesgo de despolitizar la violencia de género. Despolitizar es tanto como ocultar que estamos ante un problema estructural grave, un problema de orden público. Por eso, todos los días hay que poner de relieve que la violencia de género está en las entrañas del sistema, donde la mujer sigue ocupando una posición de subordinación y que la violencia, junto con otros factores, mantiene esa trama de discriminación y desigualdad.

La lucha contra la violencia de género es una batalla política, que sin duda estamos tardando demasiado tiempo en librar. Así que hoy tenemos que hacer un nuevo llamamiento a favor del coraje y el compromiso en esta lucha política que debe ser de todos y todas, y no solo de las mujeres.

María José y Ángel Luis Jiménez

domingo, 24 de noviembre de 2013

El PP y la jueza Alaya.

El PP sin líder ni candidato en Andalucía se ha enganchado a los ERE de la jueza Alaya para mantener una presencia pública y tratar de resolver sus problemas. Y una vez más se está equivocando.

Parece evidente que la derecha pretende utilizar el caso de los ERE de Andalucía como contrapeso a la investigación del caso Gürtel y de la financiación ilegal del Partido Popular. Sin embargo, son dos casos distintos y distantes, y comparar el tamaño de ambos es todo un despropósito, por más que muchos se empeñen en hacerlo.

No digo que el empeño de la jueza Alaya por descubrir el uso fraudulento del dinero público destinado a los ERE no sea encomiable, pues si todo robo es vergonzoso, aún es más repugnante cuando el que se distrae es el de todos. Y el de los ERE lo es por la condición de los implicados y porque la parte malversada- según la Cámara de Cuentas de Andalucía unos 153 millones-  estaba destinada también a quienes han sufrido la gran desgracia del desempleo. Sin embargo, alguien debería actuar cuando en tantas  ocasiones esta juez se involucra en la vida política en beneficio flagrante de un partido concreto y provocando un daño considerable a personas concretas, a la sociedad en su conjunto y a la Administración de la Junta de Andalucía, abriendo sin pruebas una causa general contra ella.

Resulta evidente que a la jueza instructora, Mercedes Alaya, le gusta su papel y se siente protagonista. Pero los excesos, tarde o temprano, se pagan. Y se engaña a sí misma si utiliza la fantasía para justificar sus resoluciones, como está ocurriendo otra vez con la falta de concreción y de pruebas en el segundo auto emitido la pasada semana contra Magdalena Álvarez, motivo por el que la Audiencia de Sevilla ya tumbó la primera de las imputaciones contra la exconsejera.  Sobre todo teniendo en cuenta que el primer informe del interventor sobre el tema se emite en 2005 y Magdalena Álvarez dejó sus responsabilidades como consejera en febrero de 2004. Esa falta de conocimiento de lo que ocurría con los pagos de las ayudas irregulares recibidas por empresas con ERE es el argumento del nuevo recurso presentado el lunes ante la Audiencia de Sevilla por los abogados de la exconsejera.

Hasta la Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a apremiar a la jueza instructora de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para que avance en la investigación de los cobros de comisiones de los sindicatos y en las ayudas irregulares recibidas por empresas, pues no cree que la investigación judicial esté “ni mucho menos cercana”. Para los fiscales conviene “ir delimitando los hechos y sus participes” dada la complejidad del sumario y el peligro de prescripción.

No me puedo creer, como dice los que piensan mal, que la instrucción se esté alargando con el peligro de prescripción porque el PP de Andalucía base toda su oposición para desgastar al PSOE en los autos de la jueza Alaya. Aunque si tengo claro que el PP andaluz es un partido sin rumbo y sin discurso tras la salida de Andalucía de su líder Javier Arenas, y necesita de forma constante los autos de la jueza. Al PP le resulta muy difícil lanzar otros mensajes que no sean los de los ERE porque todas las preguntas que les plantean van en la misma dirección: ¿quién va a ser su próximo líder y candidato en Andalucía? Y eso no creo que se lo pueda resolver la jueza Alaya.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

viernes, 22 de noviembre de 2013

Ilegales en nuestro país.

En el Consejo de Ministros de hoy no se tramitará finalmente el anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana ya que según Fernández Díaz, Ministro del Interior, aún faltan algunos detalles para ultimar el borrador de esta iniciativa del Gobierno. Ayer jueves el presidente  Rajoy había avanzado que lo más probable es que este texto fuera aprobado por el Consejo de Ministros la semana que viene, aunque dejaba la puerta abierta a que se adelantara a este viernes.

La futura ley Fernández consta de 55 artículos frente a los 39 de la anterior de Corcuera, y en muchos de esos artículos subyace la pretensión de ejercer un mayor control sobre las protestas callejeras. Por ejemplo, se faculta a la policía para establecer “zonas de seguridad”, es decir, vetar un determinado perímetro urbano para impedir en ese espacio reuniones de personas. Con esta medida se evitarían los escraches en torno a la vivienda de políticos, si bien la ley no hace referencia a ninguna persona o profesión concreta.

La ley regulará también las diligencias de cacheo e identificación abriendo la posibilidad de que los agentes puedan llevarse el DNI de la persona a la que quieran identificar para comprobar si el documento es falso. Hasta ahora con mostrarlo era suficiente. Esta es una ley hecha por el PP a la altura de sus miedos, y que según toda la oposición parlamentaria será recurrida una vez aprobada ante el Tribunal Constitucional, igual que la ley Wert.

Pero lo que más llama la atención de esta ley es que según la información del propio Ministerio del Interior el anteproyecto o borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido encargado a profesionales de la policía que han desarrollado su labor en las Unidades de Intervención Policial -antidisturbios-, convirtiendo así a los policías en legisladores. Algo de lo que no podemos culpar a los policías sino a los políticos del PP.

Así no me extraña que en el borrador presentado se haga especial hincapié en la protección de los antidisturbios. De forma directa cuando sanciona como infracción muy grave “insultar, coaccionar y vejar” a los agentes o distribuir imágenes en las que aparezcan los policías. Y de un modo general al tipificar todas las conductas que pasan a estar prohibidas en una manifestación y que inciden en la labor que desarrollan los miembros de los antidisturbios de la UIP.

El Ministro del Interior, Fernández Díaz, ya ha anunciado públicamente que el nuevo Código Penal incluiría como delito la resistencia pasiva a los agentes o convocar manifestaciones que luego desemboquen en altercados. Lo que después ha sido desmentido por el titular de Justicia Alberto Ruiz Gallardón. La resistencia pasiva nunca estuvo dentro del proyecto de reforma del Código Penal Procesal, pero Fernández Díaz se ha salido con la suya en la convocatoria de manifestaciones. Porque no serán delito, pero su Ley de Seguridad Ciudadana prevé recogerla como infracción muy grave castigada con hasta 600.000 euros de multa.

Mariano Rajoy al nombrar a su buen amigo Fernández Díaz como Ministro del Interior, le encomendó mantener el orden público en una legislatura que sabia conflictiva por la crisis y sus recortes. Y el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, lo primero que hizo fue asumir la reforma pendiente de la Seguridad Ciudadana, el instrumento con el que el Gobierno pretende hacer frente al malestar ciudadano, debido a los duros autos de los jueces contra la actuación policial en los casos de los escraches a la vicepresidenta del Gobierno y al  intento de Interior de llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso.

Este anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana se convertirá en un grave problema para nuestro país y los derechos y libertades de la gente, pues nuestros derechos civiles van a ser pisoteados debido a que su redacción represiva nos retrotrae a tiempos preconstitucionales y hace ilegales a la mayoría de los ciudadanos. Así que tendrá que ser el Tribunal Constitucional el que ponga las cosas en su sitio, porque aún siendo triste la única oposición efectiva, que le queda a la ciudadanía en defensa de sus libertades y derechos constitucionales, está en la calle y por eso quieren amordazarla. Y es que las urnas dependen de la conciencia social de la clase trabajadora, pero en las últimas elecciones se equivocó dándole la mayoría a Rajoy, sin creerlo y sin ponderar las cosas que podía hacer. Y claro, así nos va.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

miércoles, 20 de noviembre de 2013

El fracaso no se improvisa.

El fracaso no se improvisa, se prepara con premisas falsas que llevan inevitablemente a decisiones erróneas. Eso es lo que está haciendo el Gobierno español con sus inversiones sobre los corredores mediterráneos y central, el primero ha recibido 3.663 millones de euros y el segundo solo 65 millones.  Hasta Bruselas se ha escandalizado porque ve un abandono evidente de tan necesario ramal central ferroviario para conectar el puerto de Algeciras con Madrid. Y, sobre todo, una falta de criterio de racionalidad y rentabilidad en sus inversiones en infraestructuras en una situación tan delicada y de recursos escasos como la actual.

Manuel Morón, Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, lo decía el domingo en una entrevista en El País “se están perdiendo oportunidades de negocio por culpa de la obsoleta línea de ferrocarril que tenemos” y con ello el incremento del trabajo portuario y del empleo del que estamos tan necesitados en la Comarca y Andalucía. Y esto ocurre cuando las tres grandes navieras dedicadas al tráfico de contenedores han elegido Algeciras para la ruta de los grandes buques, algo que incrementará los tráficos de forma importante. De hecho, el pasado día 5 llegó un buque triple-E, un coloso del mar, que de momento solo tocará un puerto español: Algeciras. Pero, ¿hasta cuándo?

Los Presupuestos nos demuestran que la voluntad política del Gobierno es favorecer al levante español y no a Andalucía. ¿Por qué?  Afirma Morón que parte de culpa la tiene nuestra indolencia, porque no somos capaces de reivindicar unas conexiones imprescindibles para nuestro desarrollo y crecimiento, mientras que empresarios y autoridades portuarias de Valencia y Barcelona se han unido para luchar por las suyas con el respaldo del PP. Parece que en otros territorios se organizan mejor que en Andalucía y tienen los intereses más claros. Sin ir más lejos, en la última reunión de los presidentes de los puertos de Andalucía celebrado en Antequera se presentó un manifiesto, reclamando inversiones para las conexiones ferroviarias, que suscribieron todos los presidentes, y sin embargo después se tachó a las autoridades portuarias andaluzas de  hacerle el juego a la Junta y estar contra el Gobierno español.

Los andaluces debemos apoyarnos en la Junta para la defensa de nuestros intereses y la búsqueda de las mejores posibilidades de crecimiento y empleo, algo que parece de lo más normal. Porque si no lo hacemos así, quién lo hará, el PP se ve que no. No se puede planificar e invertir como hace el PP solo pensando en las elecciones y en las regiones en las que tienen mayoría. No son conscientes, ni se dan cuenta -¿o sí?- que con sus políticas nos conducen de forma irreversible a una Andalucía terciarizada y a perder una gran oportunidad. Y no sólo para Andalucía, sino también para España. ¿Ocurrirá así? De nosotros depende.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

domingo, 17 de noviembre de 2013

Dos años.

Ya han pasado dos años desde las elecciones generales de noviembre del 2011, la victoria electoral del PP, el inicio del incumplimiento de su programa electoral y las promesas vacías de Rajoy.

El próximo miércoles se cumplen dos años de la vitoria electoral del Partido Popular. Victoria otorgada por la mayoría de los españoles en la confianza de su capacidad para mejorar las cosas, que empezaban a ir bastante mal en el país. Los ciudadanos les dieron su voto sin necesidad de creerlos, sin ponderar las cosas que decían que iban a hacer. Eso indica que la derecha política tuvo una credibilidad mayor que la izquierda a la hora de convencer a los votantes de que ellos podrían atender a los asuntos relacionados con la crisis económica mucho mejor que los socialistas.

Sin embargo, en este tiempo han perdido esa credibilidad porque incumplieron el programa electoral con el que consiguieron su triunfo. Son incontables, y sufridos por todos, sus recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Los enfermos “copagan” (es decir, pagan dos veces) sus medicamentos, los “dependientes” se han quedado sin asistencia, se jubila por la fuerza a médicos y profesores cuyas plazas no se cubren, la electricidad ha subido varias veces, mientras los sueldos bajan o permanecen congelados y los pensionistas han visto mermado su escaso poder adquisitivo (un aumento del 0,25% anual es una merma salvaje). Y todos los impuestos nos han sido elevados, en contra de lo prometido en campaña por el candidato Rajoy.

Ahora dos años después de las elecciones, solo dos años, nos parece que Rajoy, Montoro, Mato, Wert y demás “compis” de ministerios llevan toda la vida burlándose de nosotros. Percibimos su incompetencia, su falta de criterio y sus mentiras y engaños, su incapacidad para mejorar la situación y, sobre todo, el desempleo, el más poderoso indicador de que todo va mal. La única solución a la crisis es crear empleo. No hay otra. Todo lo demás son paños calientes. Es decir, que queda mucho trabajo por hacer. Todo esto indica que al PP le va a costar mantenerse en el poder, ya que ha perdido mucha de esa credibilidad que le dio la victoria electoral, sin embargo, y de momento, el PSOE no ha mejorado la suya.

Así que el PSOE para recuperar la credibilidad perdida necesita un discurso político honesto, concentrado y vigoroso, en el que se admita la responsabilidad de lo ocurrido como se ha hecho en la Conferencia Política. Pero que también muestre que se siente liberado de ese pasado y comprometido a una lucha, permanente y decidida, para alterar las condiciones que permitieron la situación actual. También necesita un portavoz legitimado, que ofrezca  liderazgo, no un apaño orgánico, y transmita a los ciudadanos la seguridad de que es capaz de cumplir lo que dice. Un discurso que tenga en cuenta que, como decía el poeta Jorge Guillén, la injusticia se traga o no se traga. Y que ellos no la tragan. 

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Curso urgente de política para gente decente.

En estos días se está presentando el libro “Curso urgente de política para gente decente” del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Juan Carlos Monedero.

En este libro se dice que son mayoría los ámbitos en lo que todo se organiza en función del dinero, algo que difumina y borra los esfuerzos. El dinero nos desconecta, nos impide recordar que detrás de él hay un trabajo, un empeño. Hoy lo colectivo, la solidaridad, la ayuda, la cooperación, son sustituidos por dinero. "Y así, perdemos de vista el proceso entero, olvidamos el esfuerzo que supone hacer algo. Qué importante sería recuperar las cosas que hay detrás del dinero" afirma Monedero.  Pero también que importante sería recuperarnos como personas, con dignidad, independientemente del dinero que poseamos.

El politólogo Monedero pretende conectar aquello que está desconectado. Dice que si el neoliberalismo se ha convertido en algo de sentido común, este pensamiento es complicado y difícil, por lo que debemos salir de nosotros mismos para vernos como sujetos que forman parte de un colectivo. Si encima desde el Gobierno, desde la universidad, desde los medios de comunicación, se construye un espejo como el de la madrastra de Cenicienta, que nos dice que somos los más guapos, no vamos a tener herramientas para entender todos estos agujeros de la débil democracia que tenemos. Les corresponde a los científico sociales decentes ser críticos ahora.

En nuestro país además de haber interiorizado la mercantilización de todos los ámbitos de nuestra existencia, de asumir la precarización laboral, somos también herederos del franquismo. Es decir, somos aún más individualistas y clientelares, somos un país con mucho miedo, aún están enterrados en simas y fosas comunes 120.000 republicanos asesinados. Además somos un país resignado por el peso de la religión católica, un país irreverente con el poder pero profundamente obediente con el poder, de manera que todos los problemas afines a Europa en esta crisis se nos agravan.

Decía Marx que los filósofos saben interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, ahora Monedero está convencido que se trata de interpretarlo. Es muy complicado hacer política real si no sabemos a dónde vamos. El grueso del esfuerzo, que está haciendo Monedero con su curso urgente de política para gente decente, es para intentar clarificar qué nos pasa y cuáles pueden ser los caminos a los que podemos dirigirnos. Por eso este curso es urgente. Y cree que lo más honesto es entregarlo al gran público y que éste establezca si el análisis de la realidad es correcto y si las soluciones para nuestro país son válidas y viables.
Ángel Luis Jiménez Rodríguez

martes, 12 de noviembre de 2013

El PSOE ha vuelto, dice Rubalcaba.

Hay cosas que no tienen discusión para mi, por ejemplo que en estos momentos Rubalcaba es una de las mejores cabezas políticas del país, aunque sufra una crisis clara de liderazgo confirmada por todas las encuestas.

Este fin de semana en la clausura de la Conferencia Política del PSOE, el discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba fue un perfecto resumen de la conferencia, lo que ha dado lugar a muchos titulares y espero que a mejores resultados. Sus palabras y su compromiso se sintetizan en esta frase “El PSOE ha vuelto”. Es decir, durante un tiempo se marchó, no estaba, había perdido la conexión con la sociedad. Pero ha regresado acercándose a las clases más desfavorecidas, que siempre han sido el sector base de su electorado, reconociendo que se equivocaron y prometiendo que no volverá a ocurrir.

Rubalcaba afirmó que “en estos momentos nos estamos jugando el rostro que queremos que tenga nuestra sociedad”, porque el Gobierno del PP está desmontando todo lo que los socialistas crearon, impulsaron y promovieron durante sus años en el poder para que la sociedad fuera más justa y equilibrada. Por eso entendía que era muy importante poner cuanto antes al partido otra vez en forma y en disposición de gobernar para asegurar y recuperar las líneas maestras del Estado del Bienestar perdido.

Aludió a algo que tienen muy claro la mayoría de los españoles, que “hay que echar al Gobierno del PP por su compulsiva adicción a la mentira”. Rubalcaba sostiene que en las elecciones de 2004, Mariano Rajoy perdió por culpa de las mentiras del Ejecutivo presidido por José María Aznar. Y aventura que ahora podría pasar lo mismo por los incumplimientos del  programa electoral del PP y por sus continuas mentiras y engaños a la sociedad española.

Mantuvo en su discurso que aún existen ideologías y que la diferencia ideológica entre la izquierda y la derecha está en la igualdad y solidaridad con los más débiles y necesitados. Lo que podría reescribirse con la frase “No somos iguales”. Porque cuando gobierna el PP genera diferencias y desigualdades, y además ni les importa, ni las esconden, como está ocurriendo con sus políticas de ajustes, recortes y austeridad que aplica sin piedad.

El secretario general del PSOE también entendía que se habían roto muchos puentes en muchos aspectos, pero sobre todo en el modelo autonómico y en el clima de convivencia del país. Por eso afirmó que era necesario construir y reconstruir nuestro sistema de vida común con todos y, por supuesto, con Cataluña. Rubalcaba dijo que la dirección actual del PSOE, la mayoría de los barones regionales consultados y el plenario completo de la Conferencia no estaban  de acuerdo con  una marca propia en Cataluña ajena al PSC. Es más, Pere Navarro, el líder del PSC, vivió en el pleno momentos de gran emoción ante la aclamación que cosechó cuando Rubalcaba dejó grabado a fuego en el auditorio que no se imagina una España sin Cataluña ni un PSOE sin el PSC.

El plenario ovacionó en pie a Rubalcaba cuando dijo “hay que estar en las protestas porque no somos iguales que la derecha”. El PSOE debe conectar con la calle, con las mareas, con las protestas de los que sufren los recortes en Sanidad, Educación y Servicios Sociales del Gobierno del PP. El PSOE debe ser valiente y denunciar las injusticias. Y debe hacer la reforma fiscal para que paguen más los que más tienen y no paguen nada los desfavorecidos.

El PSOE, dijo Rubalcaba, “menciona 204 veces la palabra federal en sus estatutos” y ha propuesto una alternativa al silencio emanado de La Moncloa al problema de Cataluña.  No quiere quedarse parado hasta que estalle el conflicto catalán. Y la posible solución esbozada pasa por revisar la Constitución para fomentar un Estado federal que en vez de dar las mismas competencias para todas las autonomías permita alguna singularidad especial para algunas. El encaje estaría aún por cuadrar, porque han tenido que pasar 30 años para que el PSOE haya podido pronunciar la palabra federal, aunque resulte estar 204 veces en sus estatutos.

Rubalcaba finalizó su discurso diciendo que el PSOE se considera el partido de las mujeres. Bajo ese lema desarrolló la idea de que las mujeres han avanzado en sus derechos durante esta democracia, sobre todo en los mandatos del PSOE, y especialmente en los de Zapatero, y que ahora cuando el proyecto de reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón parece querer poner en cuestión alguno de esos logros, es más necesario que nunca un partido que haga bandera de esos derechos. Metió también en ese paquete el riesgo ante el cambio climático y la necesidad de denunciar y acabar con los privilegios de la Iglesia católica.

Solo me queda decir que el PSOE después de esta conferencia parece haber salido de su melancolía y ha vuelto a creer en sí mismo, aunque los socialistas sigan despertando la desconfianza de la ciudadanía como confirman las encuestas. Así que si quieren ser alternativa de gobierno tienen que educar de nuevo con el ejemplo, contactar con la gente y volver a sus orígenes socialistas, porque de ahí les vendrán los votos y su fuerza política. Y, por supuesto, liderar cambios constitucionales profundos como los que exige la ciudadanía, desde una ley electoral más justa que no prime el bipartidismo o el nacionalismo periférico hasta la reconquista y consagración de avances sociales que no sean arrollados a las primeras de cambio por otra crisis económica.

Porque los votantes perdidos del socialismo saben perfectamente lo que no quieren. Sin embargo, no tienen demasiado claro que es lo que quieren. Aunque creo como mi amigo Téllez, que al PSOE de los últimos tres años no. En cualquier caso, a favor de los socialistas juega aquella vieja letra del maestro Serrat “Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando”.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

viernes, 8 de noviembre de 2013

Se busca voz para esta Comarca.

Esta semana se habló mucho de la llegada del portacontenedores más grande del mundo al puerto de Algeciras y de las cifras oficiales del ente público “Puertos del Estado” del pasado miércoles con los datos acumulados de los puertos españoles al 30 de septiembre. Según estas cifras, el puerto de Algeciras ha conseguido ponerse en primer lugar en las actividades portuarias de los puertos españoles en TEUS, toneladas y pasajeros. Pero lo más significativo es que logra los mejores márgenes de rentabilidad de todos los puertos del Estado sin ser el que más factura (Barcelona), ni estar a la cabeza en endeudamiento e inversiones (Valencia). Hasta ahora el Puerto de Valencia, gracias a esas inversiones del Estado, había sido líder en el transporte de contenedores, cuando a principios del 2000 era el tercero.

Las cifras mensuales y anuales de Puertos del Estado muestran la batalla sin tregua en la que están inmersos desde hace más de una década los tres grandes puertos españoles: Barcelona, Valencia y Algeciras. Están obsesionados con captar la atención de las macronavieras y los grandes operadores portuarios para hacerse un hueco en el tráfico que llega a Europa de la gran fábrica del mundo, Asía. Y esa lucha se centra sobre todo entre Valencia y Algeciras, las plazas más cercanas a las principales rutas interoceánicas y que persiguen el tráfico del transbordo. Aunque según todos los expertos, ese tipo de tráfico es muy volátil. Cualquier movimiento inadecuado puede desviar la carga a otro operador. Barcelona lo sabe bien, porque alejada de las grandes rutas y con mayor competencia, perdió esa batalla hace años. Ahora la competencia entre Valencia y Algeciras depende fundamentalmente de una buena conexión ferroviaria para digerir la carga con mayor agilidad.

Sin embargo, a priori, esa batalla la ha perdido Algeciras, a pesar de ser el puerto más barato de España, porque estamos estrangulados por la falta de inversiones en el tramo de red ferroviaria de Algeciras-Bobadilla. De hecho, las pobres inversiones que viene realizando el gobierno español en ese tramo ferroviario han sido motivo de una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Izquierda Unidad, Willy Meyer, con solicitud de respuesta oral para su debate en el seno de la Comisión Europea. Y es que en los Presupuestos Generales del Estado la cantidad prevista es de solo 50 millones de euros y eso que somos el punto de partida del Corredor Mediterráneo. Sin embargo, el ministro García-Margallo al que se considera la voz de los valencianos en el ejecutivo recordó ayer en el acto de presentación del libro “Casa del Mediterráneo y el ferrocarril Alicante-Murcia. Un recorrido histórico” que el 22% del total de las inversiones ferroviarias del país para 2014 - unos 1004 millones de euros-, se invertirán en el tramo valenciano del Corredor Mediterráneo. Por cierto, ¿tenemos los andaluces alguna voz en el Ejecutivo?

Queda claro que el puerto de Algeciras sin una mayor penetración territorial y una perfecta conexión por ferrocarril con Madrid, lo tiene difícil para competir con otros puertos del Estado y de Europa. Y este Gobierno está claro que no apuesta a caballo ganador, sino que trata de frenar el puerto de Algeciras -no sé por qué-, ninguneándolo a favor de otros y con unas decisiones clientelares del Ministerio de Fomento en sus políticas inversoras contraria a los intereses generales de los ciudadanos, y por ende, del país. Y, por supuesto, de esta comarca del Campo de Gibraltar y de Andalucía. Así que necesitamos una voz que represente y defienda los intereses de este Puerto y esta Comarca si queremos tener futuro. Y desgraciadamente esa voz no es, porque hasta hora no lo ha sido, la de nuestro diputado y alcalde José Ignacio Landaluce. Habrá que seguir buscando.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

jueves, 7 de noviembre de 2013

Acabar con la impunidad.

Anoche en la Facultad de Derecho de Algeciras la abogada del equipo jurídico que lleva en Argentina la querella contra los crímenes del franquismo, Ana Messuti, invitada por el Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar, dio una conferencia en la que repasó el procedimiento y explicó la situación de la causa en estos momentos.

Ana Messuti es Licenciada en derecho por la Universidad de Buenos Aires, donde inició su carrera docente en filosofía del derecho. Obtuvo el título de Doctora en derecho por la Universidad de Salamanca. Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Y se ha especializado en  filosofía del derecho penal en la Universidad “La Sapienza” de Roma, abordando principalmente los temas relacionados con el tiempo y la pena. Continuó su actividad académica en el Instituto Vasco de Criminología de San Sebastián, en la Escuela de la Magistratura de la Ciudad de San Pablo en Brasil, en la Universidad de Ginebra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rosario (Argentina).

La abogada Messuti contaba que la querella en la Argentina fue posible al cerrarse todas las puertas de la justicia española a los familiares de las víctimas del franquismo, tras la suspensión del juez Baltasar Garzón y el auto del Supremo que eliminaba cualquier vía para la investigación penal de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. Los familiares ya no estaban dispuestos a conformarse y, deshaciendo el  camino que anteriormente habían hecho las víctimas de la dictadura de Jorge Rafael Videla a Madrid, llamaron a la puerta de Messuti y su colega Carlos Slepoy  para abrir las puertas de la justicia argentina. El primer querellante fue el hijo de un alcalde gallego, regidor de su pueblo durante la República, al que asesinaron tras el golpe militar del 36. Este hombre tiene 91 años en la actualidad, y embarcó solo rumbo a la Argentina con 9 años tras la muerte de su padre.

La querella se presentó en Buenos Aires el 14 de Abril de 2010, día de la República, en un acto que contó con la presencia del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En principio fue desestimada porque en España “había procesos judiciales en curso” sobre los crímenes denunciados y se archivó la causa. Pero el 3 de septiembre de ese año, la sala segunda de la Cámara Criminal Federal de Argentina obligó a reabrir la causa. En Octubre de 2010, la juez libró un exhorto diplomático al Gobierno para que le informara de si se estaba investigando en España un plan sistemático de exterminio de los “partidarios de la forma representativa de gobierno” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

Ana Messuti revisó todas las dificultades que los abogados han ido sorteando hasta la fecha, pues después de las muchas actuaciones de la justicia argentina, el Gobierno español respondió que las personas a las que se les imputaba “la autoría intelectual” del plan de exterminio franquista habían fallecido y que en cualquier caso, España tenía “competencia preferente” para juzgarlos. La jueza argentina decidió entonces tomar declaración a las víctimas -ya son 235 querellantes- y solicitó autorización para desplazarse a España en septiembre de 2012. Le dieron permiso, pero pocos medios y menos días, por lo que desistió. En mayo de 2013 decidió tomar los testimonios por videoconferencia en consulados argentinos, pero el procedimiento se suspendió por “el malestar” que causaba al Gobierno español lo que se estaba haciendo según el embajador argentino.

Todo esto obligó a la jueza argentina a emplear nada menos que 204 folios, decía Messuti, para justificar la petición de detención de cuatro policías torturadores en un auto del pasado 18 de septiembre. Además se anuncian más peticiones. Los nietos de las víctimas celebran como un triunfo lo que está ocurriendo, dicen que “era impensable que llegará el día que hubiera una orden de detención internacional contra cargos franquistas”. Ana Messuti tiene claro que el muro de impunidad del franquismo se está resquebrajando, igual que ocurrió en Argentina, y está convencida de que en España habrá jueces que, pese a lo que ocurrió con Garzón, se atreverán a investigar los crímenes del franquismo. Todo esto es producto del tesón de las víctimas, que ya no se conforman y están muy acostumbradas a esperar. Por ellos por fin podremos conseguir para todos: Verdad, Justicia y Reparación.
María José Y Ángel Luis Jiménez


miércoles, 6 de noviembre de 2013

Siempre en la izquierda.


La semana pasada Nicolás Sartorius, abogado laboralista, fundador de CCOO y hombre de izquierda, presentó su libro “Siempre en la izquierda”, una revisión a sus reflexiones sobre los asuntos de más actualidad desde 1983 hasta la actualidad. No en vano se trata de artículos publicados en el periódico El País a lo largo de estos 30 últimos años. En el ámbito político una de las ideas fuerzas presentadas en su libro es la transformación de los partidos políticos de militantes en partidos de ciudadanos. Los partidos, en la medida que se financian con ayudas públicas que pagan todos los ciudadanos, no son solo propiedad de sus militantes sino que deben abrirse al control y la presencia ciudadana. Y las primarias son el primer eslabón de esa transformación.

En su libro reconoce la crisis de la izquierda y acepta que su estancamiento no se debe solo al poder de sus contrarios. Hay ejemplos que corresponden exclusivamente a la izquierda. Alguno de esos ejemplos puede ser la teoría de las dos orillas o la irresponsabilidad de haber dejado, cuando se ha podido, el gobierno a la derecha y a la consolidación de sus políticas como está ocurriendo ahora. Y una conclusión final: la opción inmediata para hoy no la ve en el debate liberalismo-socialismo, sino en más democracia, con todo lo que significa para conseguir sociedades más transparentes.

Por eso no entiendo cómo entre mucha gente que se define de izquierda se pueda defender ahora la tesis reaccionaría de que “la vieja división de izquierda y derecha ya no existe”. Es más, llegan a admitir que ha terminado la superioridad moral de la izquierda, porque ha habido políticos de izquierdas corruptos.  Pero no se dan cuenta que esa lupa inquisidora no ha buscado igualmente conductas delictivas en las organizaciones sociales de la derecha claramente más corruptas y que han ocasionado mayor daño económico. Por supuesto, no pretendo con esa comparación disminuir la responsabilidad o la condena moral de políticos de izquierda que se hayan aprovechado de los caudales públicos. El daño causado va mucho más de su penalización legal, si se demuestra su culpabilidad. Pero sea la que sea su condena no pagaran el daño producido a la izquierda.

Para aclararnos sobre esa fomentada idea de que todos son iguales, lo mejor es hacer un sencillo ejercicio de utilidad y preguntarnos o intentar recordar lo ocurrido en nuestro país desde la llegada de la democracia. Qué leyes que afectan a derechos sociales, a la igualdad de oportunidades, a la ampliación del estado de bienestar y a la justicia social han sido elaboradas o impulsadas por partidos y organizaciones de derecha. Cuando han llegado al poder los gobiernos de derecha o sus organizaciones se han impuesto como tarea la reforma de todo el edificio institucional propio de un estado de bienestar para cambiarlo por unos valores que se asientan en el poder del dinero, la división social y el quebranto de la igualdad de oportunidades. La justicia ha dejado de ser gratuita, la seguridad social ha dejado de ser universal, las pensiones han dejado de estar ligadas al coste de la vida, los derechos de las personas con dependencia han dejado de ser vinculantes para ser potestativos y en la educación se impone el criterio de excelencia al de igualdad. Esta operación de la derecha más que de reformas es de demolición.

Para el triunfo de esta operación de demolición se requería la liquidación del patrimonio moral y ético de la izquierda. Y para ello la derecha necesitaba como agua de mayo al sindicalista corrupto y al político de izquierda trincón, para airear sus desmanes y magnificarlos a través de sus medios. Aunque esa lupa inquisidora no ha buscado igualmente conductas delictivas en las organizaciones de la derecha, que como se ha dicho son claramente más corruptas. Así que no tiremos más piedras sobre nuestro tejado. Que los ladrones sean condenados, cumplan sus condenas y devuelvan los dineros, pero no ayudemos a destruir a la izquierda y al movimiento obrero, imprescindibles para la búsqueda de una sociedad más justa, solidaria y democrática. Porque ahora los enemigos de la democracia ya no necesitan imponer regímenes totalitarios en los países como antes, solo les basta con vaciar de contenido la democracia. Y para nuestra desgracia cuantos hombres llamados de izquierda están colaborando hoy en esa tarea.

María José y Ángel Luis Jiménez

martes, 5 de noviembre de 2013

Reflexiones de una militante del partido socialista.

Después de los congresos provinciales y a una semana de la conferencia política, si el PSOE quiere sobrevivir a esta crisis económica, moral y política, debe abrirse a la sociedad y a nuevas formas de hacer política. Hay que cambiar de estrategias y generar en la ciudadanía la impresión de que los socialistas podemos ser otra vez los verdaderos agentes del cambio en este país.

El coordinador de la Conferencia Política, Ramón Jáuregui, también ha dicho esta semana que el PSOE necesita volver a ser el motor del cambio social en España “como lo fue en los años 80”. Sin embargo, ya está anunciado que temas como el debate sobre el modelo territorial, el encaje de Cataluña en España, la relación con el PSC y la fecha para elegir en primarias al candidato de las próximas elecciones generales quedan fuera del orden del día de la conferencia. El partido defiende que la Conferencia Política no es el órgano encargado de hablar sobre las cuestiones territoriales, porque en ella no estarán representados todos los territorios. Además recalca que el debate sobre el encaje de Cataluña dentro del Estado quedó “cerrado y bien cerrado” durante el Consejo Territorial celebrado por el PSOE en julio en Granada. ¿? Lo dudo, por lo que mal empezamos.

Odón Elorza y Beatriz Talegón han escrito en varios medios de comunicación sus dudas sobre  el objetivo de la Conferencia Política de la próxima semana. Creen que el verdadero objetivo de la Conferencia debería ser acordar una propuesta realmente innovadora para devolver la esperanza a una ciudadanía que expresa cada día su desafección hacia el sistema político tradicional y su angustia al sentirse abandonada e invadida por el fatalismo. Un pacto cívico basado en la ética política, en una concepción participativa de la democracia capaz de articular otra política económica global alternativa al modelo involucionista de la derecha neoliberal, y en la corresponsabilidad social compartida para buscar una salida a la crisis que pivote sobre la honestidad y la solidaridad como grandes valores, la creación de empleo, el combate contra la exclusión, la eliminación de las desigualdades y un reparto justo de las cargas y los sacrificios dentro de una reforma fiscal necesaria para que paguen más los que más tengan.

Y es que precisamos repensar, y eso creo que lo tenemos claro todos y todas, el funcionamiento de la democracia y actuar con reformas legales que hagan posible los procesos de rendición de cuentas, la práctica de las consultas y el referéndum, las listas desbloqueadas y abiertas, las primarias ciudadanas con plenas garantías democráticas, el respeto a la división de poderes, la prevalencia de los méritos y el prestigio a la hora de designar a los componentes de los organismos reguladores y de control, la transparencia de las cuentas de los partidos, la prevención y castigo de la corrupción y un desarrollo favorecedor del uso de la iniciativa legislativa popular. 

Todo esto necesitaría mucha pedagogía y contar con nuevos liderazgos sin mochila, dispuestos a conectar en red y escuchar a la calle, y por supuesto a las bases socialistas. También conllevaría un compromiso de todos los cargos públicos con un código de honestidad y de servicio público. En definitiva, abrirnos a otra forma de sentir la política y de ejercerla desde valores firmes en la defensa del interés colectivo y no de privilegios o intereses personales. Y por supuesto, habría que formular de manera pública y solemne este contrato de compromisos y recogerlo en un programa de gobierno de cara a las elecciones generales, incorporando mecanismos democráticos para el seguimiento y control de su cumplimiento.

El reto es reencontrarse con la ciudadanía y con la identidad socialista. Y eso sólo será posible reafirmando los principios éticos, manifestando nuestra voluntad de gobernar para transformar una sociedad infeliz e injusta, actuando sobre los poderes económicos y regulando el mercado financiero en una Europa que defienda a las personas. Sin duda algo bien diferente al simple hecho de ocupar y gestionar el poder como se ha hecho ya durante demasiado tiempo.
María José Jiménez Izquierdo