La reforma local.

Este Gobierno ha convertido la crisis en la excusa para llevar a cabo una serie de reformas que no tienen nada que ver con sus causas, ni van a ayudar en absoluto a salir de ella. El ministro Montoro viene anunciando periódicamente la reforma local, pero ha tenido que posponerla porque se les han rebelado hasta los alcaldes de su partido, razón por la que Javier Arenas anda desgañitado, repartiendo paz entre ellos y tratando de encontrar fórmulas de entendimiento con los socialistas. Sin embargo, Gaspar Zarrías del PSOE ha descartado cualquier tipo de acuerdo con el PP, porque dice que el Gobierno de Rajoy pretende eliminar con esta reforma los servicios sociales en los pueblos de menos de 20.000 habitantes y vaciar de contenido al 90 por ciento de los ayuntamientos españoles. 

Mi amigo Antonio Casaus, que sabe mucho de ayuntamientos, sobre todo de los del Campo de Gibraltar, dice que la “gran reforma” de la administración municipal sigue siendo una “batalla soterrada” de la que el ministro periódicamente y con cuidada mesura deja escapar algún detalle, -como el sábado en la convención municipal del PP andaluz de Jerez de la Frontera- que normalmente encabrita a los presumiblemente perjudicados. Hay demasiadas bocas pendientes de este “gran puchero” que son los ayuntamientos. Y no hay que ser un experto en ciencias políticas para entender que los ayuntamientos “ganan en cercanía” a Diputaciones y a cualquier otro órgano del Estado, que siempre quedan muy alejados de los ciudadanos y todavía más distanciados de sus intereses.                              

Tratar a los Ayuntamientos como una simple unidad de gasto, como pretende el ministro,  estableciendo un coste estándar desde Madrid -cuya deuda pública a finales de 2012 era de  7.429 millones de euros, es decir, el 21% de todos los Ayuntamientos españoles o más que todos los de Andalucía juntos- significa que aquél municipio que no los ofrezca por debajo de ese estándar debe privatizar su gestión. Esto abre el paso a las grandes empresas haciendo un daño muy grave, particularmente en Andalucía, a las pymes y a las empresas de economía social. La reforma del PP pretende destruir, y puede conseguirlo si lo dejamos, un espacio básico de convivencia e identidad colectiva y una instancia esencial para la participación ciudadana y la democracia. Pero todo eso parece que le interesa muy poco al PP, si hay negocio a repartir o gestión pública que privatizar.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez 

Un político marrullero.

La noticia de esta semana ha sido la entrevista al ex presidente José María Aznar, la noche del martes, en Antena 3. La entrevista estaba muy bien planificada y salió airoso en su pretensión de justificar sus años de gloria, muy cuestionados ahora sin que Rajoy y su partido los defendieran. Aznar siempre ha considerado que el PP, tal y como lo conocemos, era obra suya y que el hoy presidente del Partido Popular y del Gobierno, también lo era porque él lo había designación a dedo.

Aznar, además, estaba muy molesto y enfadado con Rajoy y su partido por no haber defendido su legado político, del que se siente muy orgulloso, pero lo que más le duele es ver como todos los días la prensa lo implica en la trama de corrupción Gürtel o el caso Bárcenas, sacando también a colación la boda de su hija, sin que su partido haga nada por él. Y como el político marrullero que ha sido y que es, ha reaccionado atacando, sin importarle que con sus declaraciones deja políticamente tocado a Rajoy. El problema de Aznar viene de ser considerado en su partido mejor candidato que presidente, y mejor presidente que ex presidente.

De lo dicho por Aznar me sorprendió que coincidiera tanto con Esperanza Aguirre. Por eso distintos sectores de su partido piensan que con sus declaraciones quiere abrir un debate ideológico, cuando la  realidad es que hay una lucha por el poder en la derecha española, y que esa lucha por el poder justifica cualquier movimiento o pacto entre Aznar y Aguirre, sin que la ideología tenga mucha importancia. Otra equivocación de Aznar es la de pensar que todo el mundo quiere que vuelva -su ego le puede-, sobre todo porque no sale de la fundación FAES en Madrid, donde todo su equipo le aplaude y le alaba cada frase que hace. Y no se da cuenta que existe un país llamado España, donde la extrema derecha no está tan afincada y de forma tan exagerada como en Madrid.

Aznar tampoco se entera de la realidad. Porque la realidad es que este país se está apagando poco a poco por su culpa -ley del suelo, burbuja inmobiliaria, etc.-, aunque también la sociedad española está anímicamente destrozada por las políticas de recortes y ajustes del Gobierno de Rajoy y su partido. Por eso la ciudadanía, en todas las encuestas, culpa de esta situación a la clase política, especialmente del PP y PSOE, por no haber visto venir el actual desastre. Y la percepción es que tampoco serán capaces de ponerle remedio, sino es mediante un nuevo modelo político con otro estilo de entender y ejercer la política, con menos arrogancia de los partidos, menos autismo de sus dirigentes y más sensibilidad hacia las demandas reales. En “un equilibrio armónico de frustraciones mutuas”, que esto es, y no otra cosa, la democracia.  

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La confianza en la Unión Europea.

La crisis económica ha terminado por derrumbar la confianza de los ciudadanos en la Unión Europea (UE), un proyecto histórico que hoy se tambalea golpeado por el creciente descontento y el cada vez más extendido euroescepticismo. El 57%  de los europeos dicen no confiar en la Unión, frente a un 33% que si lo hace, según el último Eurobarómetro. La desconfianza hacia la UE alcanza en España un porcentaje del 72%, aunque hasta hace poco aparecíamos entre los estados miembros en los que la UE recibía mayor respaldo. Juan Fernando López Aguilar, líder de los socialistas españoles en la Eurocámara, opina que Europa está en riesgo de autodestrucción. “Es el peor momento de su historia está muy mal”. Y esta situación la atribuye a las erróneas políticas económicas impulsadas desde Bruselas.  

También los últimos datos de Eurostat sobre la evolución económica de la zona euro evidencian el estrepitoso fracaso de las políticas de austeridad a ultranza impulsadas a largo plazo desde Bruselas. Mientras en otras zonas del mundo desarrollado (EE UU, Japón, Gran Bretaña) caminan ya hacia la salida de la Gran Recesión. Los malos datos del primer trimestre del año, que no han sido ninguna sorpresa, han hecho saltar los nervios de algunos de nuestros representantes públicos. Y ha puesto de moda una cierta contradicción en aspectos no principales de la política económica, que nunca acaban en ruptura, entre la marioneta (Bruselas) y quien la mueve (Berlín). La primera acusa a la otra de inflexible y asfixiante y Alemania humilla a la Comisión calificándola de ineficaz y mala gestora.

 Este reparto de papeles entre el poli bueno y el poli malo terminará cuando las elecciones de septiembre en Alemania abran un tiempo nuevo, pero eso siempre que no vuelva a ganar la derecha de Ángela Merkel. La representación más implícita de ese reparto de papeles tuvo lugar la semana pasada entre el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y el presidente de la Comisión Europea, Durao Barrosos, criticado por el ministro alemán por no haber conseguido poner en marcha medidas para luchar contra el desempleo. “La casa europea no puede construirse si se hace esperar años a toda una generación”. Y lo dice el mismo que impide cualquier alegría para estimular los mercados de trabajo de los países del sur de Europa. El presidente de la Comisión, solo pudo balbucear una pobre respuesta, “Alemania debería hacer más para tirar de la economía de la zona”. Qué pantomima nos montan continuamente Berlín y Bruselas, como si no conociéramos quién es la marioneta (Bruselas) y quien mueve los hilos (Berlín).

El duelo ha continuado este fin de semana con el presidente del banco central de Alemania (Bundesbank), Jens Weidmann, que ha criticado en una entrevista a su colega Mario Draghi, gobernador del Banco Central Europeo (BCE), porque la disposición de este último a comprar bonos soberanos a cambio de más reformas conduce a “riesgos y efectos secundarios” como los que están corriendo la Reserva Federal, el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra. El objetivo es no moverse ni un milímetro del marco estatutario del BCE, el más restrictivo en sus actuaciones en relación con sus colegas de otras partes del mundo.

Europa, en la reunión del Consejo del mes de junio, debería dar el salto hacia una política económica activista para la recuperación del crecimiento. Porque solo este órgano tiene hoy la autoridad y capacidad política para hacerlo. Una serie de países -mayoritariamente del Sur- deberían también aunar esfuerzos en esa dirección, siguiendo los pasos de los nuevos Gobiernos de Italia y Francia. Pero falta que el Gobierno español deje su actitud pasiva y se una a una política que debería ser mayoritaria en el Consejo Europeo, como empieza a serlo en el seno del Banco Central. Veintiséis millones y medio de parados en Europa, y más de seis millones en España lo demandan. Ya no se puede esperar a las elecciones alemanas de septiembre, es necesario y urgente un plan europeo de estimulo económico para generar empleo, si es que de verdad queremos salvar a Europa de la autodestrucción.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

El contrato único.

Quienes conocen al comisario de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea, el húngaro Laszló Andor, no se explican como el principal valedor en dicha Comisión de las políticas necesarias para alejar del abismo a los países del sur, se haya podido retratar en España como un autentico neoliberal con su propuesta del contrato único de trabajo, que en el fondo es un contrato precario sin derechos cuyo único fin es facilitar el despido y abaratar los sueldos.

El comisario, Laszló Andor, ajeno al rechazo que provocaría ese contrato en España, cometió la torpeza de citarlo como posibilidad para acabar con la segmentación entre trabajadores fijos y temporales. Aunque el comisario venía a España para hablar de cómo combatir el insoportable desempleo juvenil y desgranar un proyecto de empleo o de formación para los jóvenes parados en los cuatro primeros meses que estuvieran desocupados y garantizado por los Estados miembros de la Unión Europea.

Desde luego hemos perdido el norte si seguimos creyendo que el modelo de contratación en nuestro país es la causa del abultado desempleo juvenil. En la recesión que estamos padeciendo, el cómo se contrata no debería ser en ningún caso el punto principal del debate abierto sobre el desempleo en España. Además, no tenemos ni que salir de nuestro país para entender cuál es la verdadera razón del problema de la precariedad en el empleo, que no es otra que el modelo productivo de nuestra economía. O si no, por qué las grandes diferencias de paro entre diferentes Comunidades Autónomas, -País Vasco 16% frente a Andalucía con un 36%- si cuentan con el mismo modelo de contratación.

Sin embargo, resulta increíble tener que recordarles a las instituciones comunitarias y a los ministros de este Gobierno que la Constitución Española no es papel mojado, sino un texto programático con valor jurídico que hay que respetar. Y resulta todavía más surrealista que desde la Comisión Europea se sugieran propuestas legislativas como la del contrato único que incumplen directivas comunitarias como la 98/59/CE sobre la aplicación del régimen tutelar propio de los despidos colectivos. O los artículos 30 y 53 de la Carta de los Derecho Fundamentales de la Unión Europea, sobre el derecho de los trabajadores a la protección frente al despido injustificado o el respeto debido a las exigencias del marco constitucional interno de cada país. Me gustaría que alguien me explicara, porque no entiendo nada, tantas contradicciones de la propia Comisión.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La herencia recibida.

Cada vez que los ministros y el presidente de este Gobierno apelan a la herencia recibida, como hizo Rajoy el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados para justificar su errónea política económica de ajustes, recortes y austeridad, me indigno y cabreo, igual que haría cualquier ciudadano que piensa y lee. Sobre todo cuando dicen mentiras como “lo único que no podemos hacer es volver a las políticas económicas que nos han traído hasta aquí”. En esos momentos, me siento obligado a tirar de números y hemeroteca para descubrir a estos trileros de la política.

La crisis, que estamos padeciendo en España desde el año 2008, no tiene nada que ver ni en su origen ni en su desarrollo -como nos dicen- con el déficit público, pues en la época de Zapatero había superávit. Ni siquiera con la deuda pública existente entonces, que era muy baja, sino con la inmensa deuda privada motivada por la gigantesca burbuja especulativa inmobiliaria, activada por el PP de Aznar en 1998 con su famosa ley del suelo, que multiplicó el exceso que ya entonces era irracional del sector de la construcción: 14% del empleo global en España, el doble que en Alemania. Pues bien, ese año, José María Aznar aprueba una ley del suelo que decía “Todo el suelo se declara urbanizable, salvo que este expresamente prohibido” y cuyos resultados han resultado catastróficos.

Con ese principio liberal se favorece el boom inmobiliario de la construcción. Pero no en el sentido que decía el PP de aumentar el número de pisos para bajar los precios de los mismos, sino en el especulativo, es decir, adquirir viviendas endeudándose, no porque fueses baratas, sino porque eran caras y en el futuro lo serían más, con lo que se podría especular con ellas. Qué equivocados estaban. La  construcción crecía a un ritmo de un 5% anual, se construían casi seis millones de viviendas -más que en Alemania y Francia juntas-, el 30% del total existente hoy. Pero lo más grave es que la economía especulativa estaba acabando con los recursos para la economía productiva. Después, como era de suponer, vino lo que vino. El grupo madrileño SKA-P, cuyas canciones se caracterizan por su inconformismo, lo cantaba sin contemplaciones: "No tengo ni un puto duro, estoy en la puta calle, / me he quedado sin currelo. / No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa/ y casi voy al talego".

La responsabilidad de Zapatero fue no pinchar la burbuja inmobiliaria cuando llegó al Gobierno, sino cabalgar a lomos de ella. Ese fue el gran error de Zapatero y de su equipo económico, no haber detectado la peligrosidad de la burbuja y no haberla desactivado o embridado a tiempo. Pero si se exceptúa este extremo, el papel de los socialistas no fue determinante, ¿quién se hubiera atrevido a dar la mala noticia cuando este país vivía la euforia de los primeros años 2000? De acuerdo con este relato, poco controvertible, seguir hablando de la "herencia recibida" es un escarnio a la opinión pública, que está perfectamente informada y que no sale de su perplejidad cada vez que la mencionan los políticos del PP.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez.

Otra reforma innecesaria.

Todos los años cuando empiezo mi temporada de playa en Getares, me encuentro con nuevas  ampliaciones de la construcción ilegal que lleva interrumpiendo desde hace años la terminación del paseo marítimo, ocupando un espacio que debería ser público de dominio marítimo terrestre en esa zona de la playa.  Mi esperanza era que todo ese abuso e ilegalidad terminaría en el año 2018, cuando finalizaba la prórroga de 30 años que había concedido la Ley de Costas de 1988, aunque este caso de usurpación tiene otras connotaciones diferentes.

Ahora con la aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros de la reforma de la Ley de Costas, se prolongan 70 años más las ocupaciones ilegales del espacio de dominio público marítimo terrestre en las costas algecireñas y en el resto de España. Esta reforma equivale en la práctica a una amnistía. Estas tropelías y desmanes se justifican por el Gobierno y el ministro correspondiente por la crisis y como solución para nuestros muchos problemas. Este Gobierno  no ha pensado que con esta reforma está poniendo las bases para crear otra burbuja como la inmobiliaria que tanta ruina nos ha traído al país.

En esta reforma, que no hacia ninguna falta, como tantas del Gobierno de Rajoy, no se deberían haber alargado los plazos sino recortado. Los propietarios -en el caso de la playa de Getares ni siquiera lo son- ya han tenido un periodo especial de 30 años para amortizar las viviendas o negocios, por lo que los nuevos plazos de la Ley como mínimo parecen excesivos, un atropello a los derechos de todos y a la necesaria protección medioambiental del espacio marítimo terrestre español.

Y para colmo, la reforma de la Ley, además da potestad al delegado del Gobierno territorial para anular un plan urbanístico si lo considera contrario a la norma. Es increíble que la salvaguarda de la ley se deje en manos de la discrecionalidad política, pudiendo ocurrir que se haga la vista gorda dependiendo del color político del ayuntamiento que incumpla la norma. Sería un autentico desastre que la reforma del PP supusiera alargar un rosario de amnistías ante hechos consumados como los del Algarrobico o los de la ocupación ilegal del paseo marítimo de Getares. Dios no lo quiera…  

María José y Ángel Luis Jiménez 

La reforma del aborto.

Si de verdad el Gobierno y su ministro Ruiz Gallardón quieren reducir el número de abortos, deberían actuar contra los embarazos no deseados, cuya frecuencia es preocupante... A este Gobierno en este como en otros temas le sobra ideología y le falta mucho sentido común. Sin embargo, lo más sorprendente del debate abierto por el Gobierno es el nulo protagonismo que se concede a las mujeres y su derecho a decidir, base de cualquier reforma que se quiera hacer de la ley.

Ahora el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que parece no tener el respaldo de Rajoy para su reforma de la ley del aborto, -aunque parece extraño que la haya podido plantear sin su autorización- se atreve a decir en el Congreso de los Diputados que la reforma preparada responde a “un mandato de los ciudadanos españoles”, cuando la realidad según las encuestas es la contraria. El 75% de la ciudadanía española (incluso el 57% de los votantes del PP) piensa que la mujer tiene derecho a decidir libremente si desea o no seguir con un embarazo sin temor a sanción penal alguna. Tan solo un 17% (29% entre los votantes del PP) afirma en cambio que quien aborta comete un delito que debe ser legalmente penado.

Así que el ministro de Justicia miente y exagera cuando dice lo que dice. Es más, cuando se relaciona la interrupción del embarazo con el derecho de la mujer a decidir libremente sobre su propio cuerpo, la respuesta ciudadana es favorable e inequívoca a la total despenalización del aborto. Tres de cada cuatro españoles se resisten a aceptar que por estar embarazada, el Estado, el Gobierno o el ministro de Justicia puedan “expropiar” a la mujer su plena capacidad de decisión sobre su propia corporeidad por una supuesta colisión de derechos con los de alguien que aún no es, por más que finalmente pueda llegar a ser. Aristóteles decía que la bellota no es un roble de verdad, un roble en acto, sino sólo un roble en potencia.

Si el Gobierno quiere reducir el número de abortos, lo que debe hacer es actuar contra los embarazos no deseados, cuya frecuencia es ya preocupante, y olvidarse de tanta ideología anacrónica en un problema que es solo de sentido común. Y por supuesto, deberían dejar de hacer comparaciones absurdas sobre la interrupción voluntaria del embarazo y ETA como hizo hace unos días el ministro del Opus Dei e Interior. Pero como siempre, quien la acaba de liar cuando se habla de estos temas es la Conferencia Episcopal con su limitada noción de la vida, reduciéndolo todo a lo estrictamente biológico. Por qué no se preocupa en la misma medida o hace las mismas campañas por la vida de los ya nacidos. Parece como si pensaran, -solo parece- que si luego han de pudrirse en la calle, que se pudran, pero que nazcan. Qué absurdo, incoherente y anormal planteamiento.

María José y Ángel Luis Jiménez

La dimisión como solución.

Esta semana se ha comentado mucho la portada de “The New York Times” del pasado domingo. La noticia afirmaba que por lo general en España no se dimite, aunque haya mil cargos políticos bajo sospecha.                                                                                                                                            

España no se parece a otros países europeos donde se dimite mucho, por ejemplo Inglaterra. En la cuna del constitucionalismo emergió un sistema subsidiario para enfrentarse a contextos de control deficitario de la responsabilidad política, capaz de amortiguar el dramático efecto que siempre causan los instrumentos judiciales de responsabilidad penal o criminal. Ese sistema subsidiario no era otro que la dimisión del gobernante o político responsable de asuntos de innegable dimensión política en los que hubiera metido la  pata o la mano.

El último circuito que tiene toda democracia para funcionar es el control de la actuación del poder público, aunque la mayoría de los dirigentes políticos de nuestro país tienen una inevitable tendencia a no aceptar control alguno y menos hacerse políticamente responsable de las decisiones deficientes que hayan podido adoptarse en su entorno o en algún recoveco de su entramado político o administrativo. Y como no hay nadie que quiera convertirse en el “chivo expiatorio”, algo que suele esperar la opinión pública en semejantes casos, no hay nadie que  dimita.

Pero qué podemos hacer los ciudadanos cuando los circuitos de control político fallan y nadie dimite, sobre todo sabiendo que el lento y complejo funcionamiento de la Justicia no nos merece mucha confianza y que los mecanismos generales de control se han colapsado definitivamente. La solución ha venido de la gente, de la calle, de los colectivos sociales, a los que se les ha ocurrido una solución primaria, simplista y radical: señalar con el dedo a los hipotéticos responsables, llegar hasta las puertas de sus casas y levantar la voz para que escuchen en directo nuestra protesta. O también ocupar la calle, los espacios públicos o digitales para manifestar nuestra indignación, nuestra protesta y nuestra oposición ante la clara y manifiesta deficiencia de nuestro sistema político, que ya no funciona, ni tiene nuestra confianza.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez   

El discurso de Rajoy.

Del debate celebrado en el Congreso de los Diputados, una cosa quedó meridianamente clara del discurso de Rajoy, no está dispuesto a hablar ni a negociar ningún pacto, sino es para sumarse a sus políticas de reformas, recortes y austeridad. No me cabe la menor duda de que la mayoría de los españoles queremos pactos para salir de la crisis y cambiar las políticas equivocadas de este Gobierno y de la llamada “troika” que marcan nuestra economía y nuestro futuro. Pero siempre me planteo si al hablar de pactos estamos diciendo lo mismo: hombres, mujeres, trabajadores,  pensionistas, funcionarios, banqueros  o empresarios.

Por lo que dijo ayer, Rajoy va a seguir por el camino emprendido sin importarle los seis millones de parados y el desgaste social. Y sigue insistiendo en que solo habrá dialogo y pactos con los que sigan su senda de austeridad. Con el mayor de los cinismos invitó a Rubalcaba a ganarse el derecho de proponer pactos apoyando al Gobierno en la reforma laboral, que todavía no está acabada después de haber superado los seis millones de parados, o en la reforma del sistema financiero, que todavía no es suficiente pues no facilita crédito alguno, o en la ley del equilibrio presupuestario, facilitando más recortes y ajustes como si el único papel posible de la oposición democrática fuera adherirse al Gobierno, algo que él mismo no practicó en anteriores legislaturas.

Es evidente que Rajoy se niega a cambiar de rumbo y a discutir ninguna de las ideas de la oposición o los sindicatos. Solo se compromete a “hablar” de las pensiones, las medidas anticorrupción, la reforma de la Administración local o la ley de la unidad de mercado, asuntos en los que le vendría muy bien socializar el desgaste que conllevan, y en los que no parece dispuesto a pagar precio político alguno si lo puede compartir con otros. Así que una cosa queda meridianamente clara del debate de ayer del Congreso de los Diputados, Rajoy aguantará en el camino emprendido, incluso a costa de más desgaste social. Y solo dialogará con quienes le sigan por esa senda.

Dejo algunas frases del discurso del presidente Rajoy que no merecen comentarios, pero si reflexión:

“España, afortunadamente, está cambiando mucho. Tal vez, el mejor signo de la recuperación lo representa la facilidad con que nos olvidamos de todo lo que hemos dejado atrás”.

"Estamos realizando la mejor política de empleo posible”.

"¿Le importa mucho a quien no encuentra un puesto de trabajo que el interés de nuestra deuda haya caído al 4 por 100? Sin duda, señorías, muchísimo".

"Afortunadamente, gracias a lo que algunos critican la España de hoy tiene poco que ver, poco, con la de hace un año".

"España está ya en una situación nueva, más sólida y con más futuro que hace un año".

"En suma, señorías, esto empieza a funcionar. Nos queda todavía mucha tarea que atender, pero llegará la cosecha".

"No estamos en el camino equivocado, ni hemos perdido el tiempo, ni tenemos las manos vacías. Hemos salido de lo peor, hemos detenido la caída, vamos a empezar a mejorar y los resultados llegarán, porque todos sabremos recorrer, con firmeza, el camino que nos falta".

“Y todo esto, señorías, lo digo sin ningún asomo de triunfalismo”.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La corrupción.

Dice el Diccionario de uso de María Moliner que corromper es "quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios. En especial, hacer con dádivas que un juez o un empleado obren en cierto sentido que no es el debido". O sea, comprar decisiones injustas para beneficio de quien paga. Y el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que corrupto es el “que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar”. Una palabra que últimamente ha alcanzado una lamentable consideración por describir uno de los problemas que más preocupa a los españoles junto con el paro.

Este país, que se desangra con más de seis millones de parados, se indigna cada día más por los continuos casos de corrupción. El paro y la corrupción se han convertido en los principales problemas de los españoles según la última encuesta realizada en el mes de abril por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El tercer lugar lo ocupan las dificultades económicas y el cuarto, la preocupación que existe por las actuaciones de corrupción, impunidad y cinismo de la clase política que minan toda su credibilidad, sobre todo cuando el Gobierno de Rajoy está realizando recortes tan abruptos y salvajes.

La opinión pública exige como solución a tanta corrupción una ley de transparencia que sirva realmente para controlar al poder y un funcionamiento de la justicia que no deje impune los casos de corrupción política. En ese marco ha llegado la iniciativa del Gobierno de desarrollar una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En un principio la medida fue presentada como un ejemplo reformista e incluso regeneracionista y una respuesta anticipada a la demanda ciudadana de transparencia en los asuntos públicos y en concreto en el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Seguía la estela de iniciativas pioneras en el mismo sentido como la del gobierno de la Comunidad Navarra y de algunas directivas europeas.

Pero esta ley tantas veces nombrada por el Gobierno del PP como talismán contra todo tipo de males que afectan a nuestra democracia y al propio Gobierno, ya sea por la desafección o la corrupción e incluso últimamente contra el desapego a la propia Monarquía, se está demorando demasiado, porque el PP teme que se les vaya de las manos. Y sin embargo tenemos un montón de leyes diversas que persiguen la intriga y el pasteleo de los corruptos, pero no las ponemos en práctica. ¿Por qué? Dicen que una ley de transparencia es necesaria para que se cumplan las leyes que hay. Esto me hace pensar que o vivimos en un mundo de locos o nos estamos volviendo todos locos.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez 

Dejación, negligencia y... corrupción.

En el término municipal de los Barrios existe una zona (Majadal de Bustos) con tres empresas titulares de instalaciones de tratamiento de residuos, Carmín, Urbaser y Gamasur, que tienen  investigaciones abiertas por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. El dispositivo de vigilancia y seguimiento de la delegación territorial de Cádiz considera que Gamasur habría incurrido en diez infracciones e incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada, entre ellos varios episodios deliberados de vertidos de lixiviados al arroyo del Chorreón, afluente del rio Guadacorte, que a su vez desemboca en el paraje protegido de las Marismas del Palmones.

La semana pasada el delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta anunciaba la tramitación de un expediente sancionador, tras la recopilación de pruebas recogidas en marzo y abril, y la instrucción de una causa por faltas tipificadas como graves y muy graves al detectarse en el arroyo del Chorreón metales pesados y vertidos de lixiviados cuya responsabilidad apuntan de forma directa a Gamasur. En caso de culminar estas infracciones con las multas correspondientes, la suma de estás supondrían 11 millones de euros, de conformidad con la anunciada propuesta inicial. También la Consejería ha dado traslado del caso a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz y ha decretado el cierre cautelar de la planta y el precinto de la zona de vertedero.

Gamasur depende de la empresa FCC Ámbito, y su accionariado es un auténtico barullo (en principio un 85% de FCC y el resto del 15% de una sociedad municipal del Ayuntamiento de Los Barrios). Actualmente el Ayuntamiento barreño no sabe cuál es su participación, porque la empresa municipal GAMA está en concurso de acreedores y su gestión y las cuentas están en manos del administrador judicial. El Ayuntamiento dice que ha habido una ampliación de capital sin que la Corporación conozca su participación actual en la empresa.

Estos hechos no son nuevos, pues Ecologistas en Acción y Agaden llevan más de cinco años denunciando los vertidos antes las diferentes Administraciones. Ahora también han llevado el caso a la fiscalía especializada en medio ambiente que ha abierto una investigación penal. La actitud de Gamasur es lamentable, pero también la actuación del Ayuntamiento de Los Barrios -ahora le costará dinero a las arcas municipales en la parte que le corresponda como accionista de la empresa- y de la Junta, que han hecho una dejación y una negligencia manifiesta de sus funciones durante años en un espacio integrado en la Red Natura 2000 europea.

Parece que por fin la Junta se ha puesto las pilas y está cumpliendo con sus funciones, pues el sábado detectó un nuevo vertido de desechos líquidos en el arrollo del Chorreón, manifestando el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Federico Fernández, que confía se trate de “algún tipo de error de alguna empresa en el tratamiento de lixiviados y no de un acto predeterminado”, haciendo hincapié en que desde la Administración andaluza a partir de ahora va a existir "tolerancia cero" con este tipo de situaciones. Ya era hora. 

María José y Ángel Luis Jiménez 

El caso Escalinata.

Entre los presuntos casos de corrupción del Ayuntamiento de Algeciras en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz de los últimos veinte años, uno me resulta paradigmático y es el caso Escalinata que afecta a todos los gobiernos municipales, empezando por el PA, pasando por el PSOE y terminando por el PP.

Estos son los hechos. En julio del 2001, siendo alcalde de Algeciras Patricio González del PA, se aprueba en el pleno municipal con apoyo del PP el proyecto de parking de la Escalinata. En aquella sesión la oposición de IU y PSOE advirtió de las irregularidades del proyecto, porque carecía de licencia y atentaba contra el Plan General de Ordenación Municipal al no ser un aparcamiento subterráneo. El Gobierno municipal de PA y PP obviando lo dicho por la oposición lo autoriza en fraude de ley y los vecinos denuncian el proyecto. En diciembre de 2004 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía  lo declara ilegal por los mismos motivos que se plantearon en el pleno municipal.

En 2005, gobernando ya el PSOE el Ayuntamiento autorizó con apoyo del PA cuatro plantas de oficinas junto al parking de la Escalinata, sin que se hubiera resuelto el problema del aparcamiento aunque ya había una sentencia firme, pues el Tribunal Supremo había confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El Consistorio para evitar la ejecución de la sentencia y así evitar la demolición de los aparcamientos aprueba un Plan de Movilidad Urbana, un subterfugio o excusa artificiosa que no valió para nada porque también fue tumbada por la Justicia.  

Y para colmo de este caso, en febrero de este año, la Corporación municipal del PP, encabezada por el diputado Landaluce, inicia un expediente de expropiación a los legítimos propietarios del edificio Escalinata. Resulta increíble el calvario que llevan estos vecinos desde que en el año 2002 se abrieron las grietas que terminaron con la declaración de ruina del edificio. Todo ello derivado de fallos técnicos en la excavación y la modificación del proyecto inicial para construir más plazas, pues se modificó la concesión para construir 205 plazas de aparcamiento a 326 sin autorización municipal, lo que provocó daños en el edificio Escalinata, un expediente de ruina y el desalojo de los vecinos.

Ahora, después de la gran perplejidad que producen hechos tan sorprendentes y que hacen de este caso el paradigma de la corrupción en Algeciras, surgen las preguntas que espero resuelva y aclare la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz para conocer si hubo prevaricación, cohecho, trato de favor, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos, como denuncian los vecinos en el desarrollo de esta anómala concesión municipal y también por los fallos técnicos y constructivos posteriores.

Las preguntas a resolver serían muchas pero ahí van algunas. Qué intereses existen entre el Ayuntamiento y Nautagest, empresa concesionaria de la Escalinata. Cómo se adjudicó el concurso millonario de la Escalinata a Nautagest, empresa constituida unos días antes, con un capital social de solo 3.000 euros y de la que nadie sabía, ni sabe nada. Quiénes son los verdaderos propietarios de Nautagest.  Cómo se le  permitió a Nautagest realizar las obras sin licencia, depositar menos fianza y no contratar una póliza de responsabilidad civil ilimitada como recogía el pliego de condiciones.  Por qué el Ayuntamiento pagó el realojo de los vecinos y abonó los informes de los daños ocasionados en la construcción de los aparcamientos en vez de Nautagest como se especificaba en el pliego de condiciones de la concesión. Por qué sucesivas corporaciones municipales han protegido al concesionario en vez de a los vecinos sin importarle la falta de transparencia, el daño causado y el gasto ocasionado a las arcas municipales. Por qué, por qué, por qué…

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

El problema de España.

Ángel Ganivet, el pensador granadino, decía hace más de un siglo que el futuro de España estaba por escribir y que cada españolito podía escribirlo como le diera la gana. “Ser español es llevar una carta de identidad con una sola frase: este español está autorizado a hacer lo que le de la real gana”. Hoy me he acordado de este intelectual español y de la polémica que tuvo con otro intelectual de su tiempo, Miguel de Unamuno, ante una situación de desastre como la actual. Aquella polémica fue en 1898 cuando España perdía su imperio, ahora lo que está en juego y se puede perder es la España democrática que conocemos y construimos hace más de treinta años entre todos los españoles.

La polémica se mantuvo en las páginas del periódico “El defensor de Granada” y la abrió Unamuno con esta reflexión “Duele decirlo, pero hay que decirlo, porque es verdad: después de cuatro siglos de utopías y aventuras quijotescas, España se ha desangrado y expira como el bueno de Don Alonso Quijano… ¡Ahora habrá que comenzar de nuevo y hacer entre todos otra España…! Lo difícil es saber qué España tendremos que hacer o cuál será el porvenir de España”. Le contestaba Ganivet, “hay que ponerse una piedra en el sitio donde está el corazón y hay que arrojar aunque sea a un millón de españoles a los lobos, si no queremos arrojarnos todos a los puercos”.

Cerraba la polémica Unamuno diciendo “El problema de España es que ha dejado de soñar y se ha encerrado en la sensatez ramplona… Hemos asesinado a Don Quijote y nos hemos vendido, no a Sancho Panza -que hubiera sido acaso la salvación-, sino al “Pancismo” de los mediocres y a la moderación de los ignorantes. ¡No habrá porvenir para España si antes no acabamos con la moderación y hacemos la revolución de la verdad…!   

Parece que el diálogo es de lo más actual, pero termino esta reflexión, en víspera de un 1º de Mayo, con las palabras de otro de los grandes de las letras españolas, Antonio Machado, en dos versos de su poema “El Dios Ibero de Campos de Castilla”: “Hombres de España, ni el pasado ha muerto, ni está el mañana -ni ayer- escrito”. Así que vamos a volver a soñar y a inventarnos y escribir el futuro, porque somos hombres libres para hacerlo y si queremos, en el uso de nuestra libertad, hasta podemos recrear y escribir de nuevo el pasado.    

Ángel Luis Jiménez Rodriguez