La reconversión social.

El viernes informaban los medios que en Navarra se ha aprobado una ley igual al decreto andaluz antidesahucios, aunque con el rechazo del Gobierno de UPN y PP, que son minoría. La Ley Foral para garantizar el derecho a la vivienda prevé medidas para reducir el parque de casas vacías y posibilitar el embargo temporal de las que están en proceso de ejecución hipotecaria.

Espero que también se apruebe en otras comunidades autónomas la decisión de la Junta de Andalucía de garantizar tres comidas diarias a los niños que no las reciben actualmente, otra medida social y de igualdad de la que se burla el partido en el poder.

El PP hace burla con esta grave realidad, porque no la entienden. Viven incluso físicamente lejos de ella, no se acercan ni se mezclan con esa gente a la que consideran distinta y ajena. Ellos que son tan nacionalistas y que invocan continuamente la unidad de España esconden que en realidad no se consideran parte de la misma nación que los pobres.

Ojalá algún día se den cuenta que las desigualdades, aunque formen parte de la vida, causan mucho dolor a nuestros semejantes. Y ese sería el primer paso de un camino ético que nos llevaría a todos a intentar paliar tantas desigualdades. Sobre todo, las provocadas por la coyuntura económica y las medidas de austeridad de este Gobierno, que usa el bisturí para crear un nuevo modelo de sociedad, donde cada día los pobres son más pobres y los ricos más ricos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

SI SE PUEDE (cláusula suelo de las hipotecas).

La cláusula suelo de las hipotecas está redactada con una única finalidad, favorecer en exclusiva  los intereses económicos de una de las partes, la entidad de crédito -ya sea banco o caja-, que ha dispuesto unilateralmente esta cláusula imponiéndola al consumidor.

Por tanto, esta cláusula supone un desequilibrio desproporcionado importante o no equitativo de los derechos y obligaciones de las partes del contrato de préstamo de una hipoteca, siempre en perjuicio del cliente y favoreciendo o beneficiando, en términos económicos, exclusivamente al banco o caja prestataria.

Las personas afectadas por la cláusula suelo son casi cuatro millones de personas, que están viviendo una situación anómala como clientes bancarios, pues no se les trasladan las bajadas impulsadas desde el Banco Central Europeo para facilitar el crédito, sino que por el contrario los bancos están obteniendo el dinero a unos tipos bajos -muy barato- y se lo prestan al consumidor a tipos altos, un negocio en toda regla si no se fundase en el abuso sobre la parte con menor capacidad de negociación.

Esta anómala y abusiva relación entre banco y cliente parece que va a cambiar. Pues el ministro de Economía ha encomendado al Banco de España controlar al sector bancario sobre cómo ha vendido las clausulas suelo de las hipotecas después de la Sentencia del Supremo del 9 de mayo pasado, que anulaba las cláusulas comercializadas sin transparencia del BBVA, Novagalicia y Cajamar.

El Gobierno ha dicho que todo el sector se debe ajustar a estos criterios de claridad informativa. El Banco de España anunció este miércoles que las entidades tendrían de plazo hasta el 31 de Julio para evaluar “el impacto que pudiera tener sobre sus resultados la eliminación de las citadas clausulas en los casos en que tal eliminación se estime procedente o necesaria” a la vista del contenido de la sentencia.

Lo que es un hecho es que el BBVA aplicará la sentencia a todas sus hipotecas, aunque esto signifique ganar unos 420 millones menos al año con el euribor actual. Novagalicia reducirá el resultado en unos 100 millones anuales, la misma cantidad que Cajamar. Y Caixabank ya ha informado que negociará caso por caso las 185.000 hipotecas con “suelo”. Pero en esta misma situación de anulación de las clausulas suelo, pero en juzgados de primera instancia, están los Bancos Pastor, Sabadell, BBK Bank CajaSur y otros.

Así que, SI SE PUEDE, y si tienen un préstamo hipotecario con clausula suelo envíen esta carta con sus datos a su Banco o Caja. 

D/Dña.

Dirección

Algeciras.

BANCO

Dirección

Algeciras.                                    

En Algeciras a veintisiete de junio de 2013

A/A. Sr. Director:                                                                             

                El objeto de la presente es solicitar a la Entidad que usted representa la eliminación de la cláusula de “suelo” que se aplica actualmente a los préstamos con garantía hipotecaria que tengo contratado con ustedes.

                Quisiera que tuviera en cuenta a estos efectos la política seguida en cuanto a los tipos de interés por el Banco Central Europeo, que ha rebajado el precio oficial del dinero en los últimos años en alrededor de tres puntos, hasta situarse en la actualidad en un 0,5 por ciento. Los sucesivos descensos en el precio oficial del dinero han supuesto importantes rebajas en los tipos que se aplican a los distintos productos, tanto de activo como de pasivo bancario, ya que supone el marco de referencia prioritario en los tipos de interés que aplican las entidades a sus clientes.

                Actualmente se me está aplicando en mi préstamo con garantía hipotecaria un tipo superior a la suma algebraica del tipo de referencia más el diferencial aplicado a mi préstamo, cuando varios Juzgados, así como el Tribunal Supremo en sentencia del 9 de mayo pasado, han dictado sentencias sobre la clausula suelo, en la que condenan a las entidades de crédito a eliminar esta condición de sus contratos, “y a devolver a miles de clientes el dinero cobrado de forma indebida”.

Dichos Juzgados en sus autos de ejecución requieren expresamente a las entidades financieras, "para prestar la colaboración legalmente exigible a las mismas para el correcto desarrollo de la presente ejecución provisional, bajo los apercibimientos generales de ley, y expreso de desobediencia, en las personas de los representantes legales o responsables oportunos. Sin perjuicio de las multas coercitivas u otras actuaciones ejecutivas a que, en su caso, pudiere haber lugar",

                Esta solicitud de eliminación de la cláusula “suelo” no tiene por objeto amenazar a ese Banco, con una posible cancelación o subrogación del préstamo, ni especificar otras ofertas que ofrecen distintas entidades de crédito para este mismo producto, sino que únicamente se pretende continuar con el justo equilibrio en las contraprestaciones que hasta el día de la fecha ha caracterizado nuestra relación Entidad-Cliente.

                Asimismo, quiero hacerle constar que una rebaja en el tipo de interés final motivado por la supresión de la citada cláusula que aplica su entidad implicaría un descenso en las cuotas a satisfacer y, por tanto, una mayor renta disponible que podría ser aplicada a la contratación de nuevos productos de pasivo bancario con la entidad que usted representa.

                A tenor de todo lo antedicho, y en aras a mi antigüedad como cliente, cumplimiento de mis obligaciones de pago y oferta actual de su entidad en este tipo de productos, solicito la eliminación de la cláusula “suelo” y la compensación de lo cobrado hasta la fecha con una reducción del diferencial aplicado a mi préstamo hipotecario. Si su entidad elimina la citada cláusula aplicada a mi préstamo hipotecario como consecuencia de las Sentencia de los de los citados Juzgados y del Tribunal Supremo y procede a la reducción del diferencial sobre el índice de referencia,  solicito que dicha modificación se instrumentalice en un contrato privado, posibilidad recogida legalmente en el artículo 1.225 del Código Civil, al objeto de evitar gastos.

Sin nada más que añadir, y en espera de sus diligentes noticias, reciba un cordial saludo,

Recibido y conforme

SELLO DE LA ENTIDAD                                                               Fdo. : 

Una ley que crea desigualdad.

La polémica sobre la ley Wert se ha centrado en estos días sobre la nota mínima para las becas, recibiendo el rechazo encendido de los rectores y las quejas de distintos colectivos de estudiante que ven en los nuevos criterios un ataque a la igualdad de oportunidades.

Tras la avalancha de críticas, el ministerio parece que cambiará el texto antes de enviarlo al Consejo de Estado para su revisión, previsiblemente el viernes. Educación también prevé revisar los criterios previstos para el mantenimiento de las becas por la sensibilidad que ha despertado el tema. 

Sin embargo, me llama la atención que no se hable en la misma medida de la educación diferenciada que plantea la ley, pues posibilitará una educación separada de niños y niñas. La Junta de Andalucía ha tratado de paliarlo hasta ahora -basándose en la actual normativa- retirando los conciertos económicos a los centros andaluces que no practican la enseñanza mixta, y que ahora serian revisados con la ley Wert.

Si espero que el Consejo de Estado en su revisión recuerde a este Gobierno algo obvio, que vivimos en un Estado laico respetuoso del pluralismo según la Constitución, y que no se debiera promover ni incentivar las enseñanzas religiosas como plantea la ley Wert, sino mantenerse neutral ante la concurrencia en la sociedad de ideas, doctrinas y religiones.

Porque dice Wert que los artículos 16.3 y 27.3 de la Constitución son el punto de partida para sustituir la educación en valores cívicos por la religiosa. Pero no hay nada en esos artículos que obligue a los Gobiernos a dar clases de religión y moral católica en las escuelas públicas y menos a pagar los salarios de los miles de profesores que asigna a esta tarea la Iglesia.

Y al afirmar que el 27.3, donde se habla del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, asegura que los poderes públicos deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Está engañando con medias verdades, porque  no aclara que este artículo no dice nada sobre que ese derecho debe atenderse en las escuelas y, mucho menos, que los alumnos que no escojan Religión deben estudiar una asignatura alternativa igualmente obligatoria. Qué desastre de ministro y de ley Wert, cuando dimitirá, porque la ley estoy seguro que no aguantará más allá de esta legislatura y de este Gobierno.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez.

Por qué fracasan los países.

En medio de la crisis que estamos viviendo, un profesor de Harvard, James A. Robinson, ha publicado una obra que es un discurso discordante sobre el origen de la recesión. Esta obra,  publicada ya en español por editorial Deusto, se titula “Por qué fracasan los países”. Libro citado continuamente por economistas de todo pelaje y condición, y que el premio Nobel de Economía de 2011, George Akerlof, ha llegado a comparar con una de las obras cumbre de la historia del pensamiento económico, “La riqueza de las naciones” de Adam Smith.   

El tratado de Robinson hace un exhaustivo análisis histórico para intentar explicar por qué unos países se desarrollan más que otros. Su conclusión es que aquellos países que gozan de instituciones políticas democráticas y que hacen participes a los ciudadanos de las decisiones siempre tienen más opciones de progresar. Dice que cuando el poder está repartido, cuando todos los ciudadanos son tratados con justicia, cuando hay pluralismo y Estado de derecho, se generan automáticamente “círculos viciosos” que conducen a un mayor desarrollo del país.

Explica que la crisis mundial es muy heterogénea, pero en el caso de la europea está la decisión de Kohl y Miterrand de impulsar una integración monetaria sin que fuera acompañada de una integración fiscal. Esa integración monetaria era sobre todo un proyecto político más que económico, y como hoy podemos comprobar no consiguieron lo que  querían. Pensaron erróneamente que la integración económica era la forma de forzar la integración política. No pensaron que si tienes una unión monetaria, pero con grandes diferencias entre países, y no hay armonización fiscal se crea una dinámica inestable y una situación insostenible que lleva, sin remedio, a la recesión.

Para Robinson el capitalismo es inestable y más temprano o más tarde los países sufren sus recesiones periódicas, incluso aquellos países que tienen instituciones democráticas y mecanismos de control para controlar sus déficits y supervisar sus sistemas. Pero algo que no se está haciendo bien en esta crisis es no separar el problema de la deuda, un problema a largo plazo, de los problemas sociales y financieros, que son siempre a corto. La deuda existente no hay más remedio que aplazarla en el tiempo. Y las soluciones a corto plazo dependen de que la Unión Europea muestre una solidaridad creíble y suficiente con España y los otros países europeos con problemas para que puedan acceder al dinero necesario para su economía a unos intereses bajos o muy bajos.

Dice Robinson que pagar la deuda debe llevar 30 o 40 años, no menos, y que el Gobierno español como otros países europeos deberían utilizar la política fiscal para que la gente vuelva a trabajar, a mejorar el empleo juvenil y a que la económica funcione. Porque afirma que tener tanta desigualdad es muy corrosivo para las instituciones y la sociedad, y puede llevar a reacciones que nadie desea, que pueden ser muy violentas. Y tiene muy claro que en esta crisis alguien tiene que pagar la deuda, pero quién debería pagarla sino esa gente que se hizo enormemente rica en los últimos 20 años.

Posiblemente haya margen, pero no mucho tiempo, para acabar en Europa con esas políticas restrictivas que han generado tanto desempleo. La austeridad fue una mala idea que hasta el Fondo Monetario ha reconocido como un error. No es bueno que por acumular déficit y deuda, pospongamos las decisiones difíciles. Así que en la cumbre europea del próximo jueves 27 hay que avanzar más en esa unión política que armonice las políticas económicas y fiscales de toda la Eurozona. No hay, ni existe otra solución para nuestros problemas.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Unas reflexiones para los votantes del PP.

El periódico “eldigital.es” publicaba esta semana una carta abierta al 24,5% de los españoles, que según las encuestas del domingo aún siguen apoyando al PP. Parece que no les importa que este Gobierno se cargue no solo el futuro, sino también nuestro presente con tantas reformas y ajustes. Y con  esa permisividad, oscurantismo y falta de trasparencia con la corrupción que impide que este país  pueda funcionar con normalidad. Porque la falta de confianza en nuestro sistema político, en las instituciones y en la democracia debido a la corrupción, es el mayor lastre para la imagen de España en el exterior y para que nuestra siempre joven democracia funcione.

Me gustaría saber cómo se les queda el cuerpo a esos ciudadanos, que piensan seguir votando al PP, cuando sus favoritos electorales se están llevando impresionantes sobresueldos, “indemnizaciones” y “becas” de alojamiento. Hasta un millón de euros más ha cobrado el propio Mariano Rajoy solo en un quinquenio según las propias cuentas del partido presentadas al juez Ruz, y esto mismo ocurre con buena parte de la dirección del partido. ¿Les importa algo todo eso a los votantes del PP? O, ¿les da igual?

También espero que no ignoren cómo ha crecido la desigualdad social en nuestro país. Estamos a la cabeza de Europa en esa progresión desde el inicio de la crisis. Y ya hay muchos niños que solo comen lo que les dan en el colegio. Una comida al día. No desayunan, ni cenan. De hecho, se están habilitando soluciones individuales, sin ir más lejos en Algeciras, para que durante las vacaciones la caridad y la solidaridad les nutra al menos con esa ración mínima, una vez al día. Me dirán, ¿que siempre ha habido ricos y pobres? Sí, pero no tantos ricos como ahora que poseen lo que el 99% necesita y, además, sin pagar impuestos. Eso sin mencionar la amnistía fiscal regalada por el PP a los evasores de impuestos y el fraude que normalmente practican la gente de rentas elevadas o con grandes patrimonios.

Les importa a esos electores que miles de familias pierdan sus casas por impago de créditos mientras se subvenciona con dinero público a los bancos. Y que Europa pida también la dación en pago y el PP se niegue. Qué sensación les causa que empresas especulativas extranjeras estén pujando por nuestros hospitales en las Comunidades gobernadas por el PP. Y qué les parece que haya seres humanos que ya no siguen en la medida necesaria sus tratamientos médicos con grave riesgo para la salud de todos por la reducción de los servicios de salud y el repago farmacéutico.

Saben estos buenos votantes del PP que su Gobierno ha creado en su corto mandato un millón de nuevos parados. Que en las positivas cifras de empleo registrado en Mayo hay gente que figura 4 veces porque solo tiene un contrato de un día a la semana. Y que el otoño se llevará los contratos estacionales. Les parece que una reforma laboral que facilita el despido y la bajada de salarios es la solución. Y encima nos dicen que estamos “en el buen camino”. Se han preguntado en qué dirección va ese camino. Qué modelo de país se ha previsto por el Gobierno del PP cercenando la investigación, recortando en educación y devaluando sueldos. O mandando a la gente más valiosa de este país a la emigración.

Se han enterado que con la nueva Ley de Costas se permitirá construir al lado del mar, volviendo a inflar la burbuja inmobiliaria creada por José María Aznar y Rodrigo Rato -causa fundamental de nuestra crisis particular-  lo que puede alejar el turismo que es casi lo único que nos queda ya. Tienen noticia o información de que también quieren acabar con los parques naturales para dedicarlos al lucro especulativo.

Sabemos que este electorado si no vota al PP, no sabe a quién votar. Les ocurre algo parecido al electorado que mantiene su apoyo al PSOE, pero creo que menos, porque éste no entiende porque su partido suscribe pactos para secundar las políticas del PP con las que dicen no estar de acuerdo. Pero, ¿hay otras soluciones? Creo que sí. Ya somos mayoría los no adictos al bipartidismo de PP y PSOE. Y además no es lógico, ni razonable lo que está ocurriendo.

Existen además mecanismos para lograr acabar con este insostenible desvarío y superar los miedos al cambio. Para ello están las múltiples plataformas, frentes cívicos y movimientos ciudadanos unidos en torno a programas de acción para luchar socialmente y conseguir la plena  realización de sus derechos políticos y económicos. Los españoles no podemos seguir aceptando que nuestra participación en esta democracia, que más bien parece partidocracia, se reduzca solo a depositar un voto cada cuatro años.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

La reforma de las pensiones.

Dicen los expertos que sólo hay algo peor que reformar las pensiones, e incluso no reformarlas, y es reformarlas sin consenso. Pero me figuro que algo habrá que hacer porque a medio plazo las cuentas no cuadran, ni siquiera en la hipótesis de una recuperación aceptable del empleo, y menos con la amenaza de una quiebra real, nada fantasmagórica.

El informe para la reforma del sistema de pensiones elaborado por un consejo de expertos -el mejor modo que se ha encontrado en política para equivocarse entre varios- consagra legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en tiempos de crisis o su congelación por un largo periodo como sucede ahora, si la economía va mal. Es decir, la perogrullada o simpleza del siglo, en épocas malas las pensiones bajan.

Este informe de los expertos ya ha sido entregado al Ejecutivo. Y ha sido asumido por 10 de los 12 miembros del grupo (un voto en contra y una abstención), con tres votos particulares. Los votos particulares corresponden a Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CCOO, quien no obstante ha votado a favor del texto. El rechazo viene de Santos Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada, que entró en el consejo a propuesta del PSOE y la abstención de José Luis Tortuero, Catedrático de Seguridad Social, también propuesto por el PSOE.

Ahora, el Gobierno remitirá el informe a la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de las pensiones (Pacto de Toledo), y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal, a ello se comprometió Rajoy. La reforma final -“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”- tiene que estar lista en septiembre, a ello se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.

Las conclusiones del informe de los expertos pasan por poner en marcha un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social. Por un lado, desvincular las pensiones de la marcha de los precios ligándolas a la salud de las cuentas del instituto público y, por otro, vincular la pensión inicial de los recién jubilados a la esperanza de vida en el momento de retirarse, tal y como figuraba en el primer borrador presentado y aprobado ya definitivamente el pasado viernes.

La principal novedad de la reforma que se avecina es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, y sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados, por primera vez una reforma de este tipo se aplicará sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (teniendo en cuenta la inflación, una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta).

La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores y posteriores según las previsiones de hasta cinco años.

En situaciones como la que vivimos, el resultado de esta fórmula puede dar lugar a recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Y para que eso no ocurra, el informe aconseja “la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados en el momento de aplicar el factor”. Aunque deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Sin embargo, al estudiar con atención la fórmula y leyendo el informe detenidamente, se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que no haya recortes sobre las pensiones, que es aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Pero me temo que eso será difícil de aplicar porque esos dineros habría que retirarlos de otras partidas presupuestarias y tendríamos que contar con el beneplácito del directorio europeo.

De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, y teniendo en cuenta el poco y pobre debate parlamentario que habrá con la mayoría absoluta del PP, se complica enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones de justicia y prudencia, el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.

El factor de sostenibilidad propuesto por el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste, la vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el informe, “implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”. Espero que este mecanismo de ajuste sufra modificaciones en las negociaciones políticas y sociales, porque si no España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones. Uno sobre la pensión inicial, basada en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.

Conscientes de la impopularidad de la propuesta, y aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el informe está redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte” defiende el texto. Y argumenta: “A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen nuevas fórmulas como “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”.

También la propuesta responde a las posibles críticas de modelo tecnocrático al redactarla personas ajenas a los votos de la ciudadanía. “Aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”, apunta el texto. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Rajoy.

Pero que tenga en cuenta y no se olvide este Gobierno que el sistema de jubilación es la última ratio del maltrecho Estado del bienestar y genera una susceptibilidad de primer grado, porque representa para la mayoría de nosotros el futuro en el que va a transcurrir el resto de nuestras vidas. Y que una reforma unilateral, por más que venga impuesta por Europa, podría romper el último lazo del Gobierno con una sociedad que ya se siente bastante maltratada por sus ajustes y recortes. Esto les conduciría a una catástrofe electoral, y la reforma no serviría de gran cosa porque la revocaría la izquierda en cuanto accediese al poder. No tienen un trabajo fácil, tampoco obligatorio, pero lo que resulta imperativo por el bien de todos es que acierten en la reforma.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

“Capital” de John Lanchester.

La Editorial Anagrama acaba de publicar en español la novela “Capital” de John Lanchester. Una novela que capta muy bien la esencia de la época, la de los brokers y especuladores, la de ganar dinero como sea, la de la burbuja inmobiliaria, la de las hipotecas basura, las de la deuda o de la prima de riesgo. Dice Lanchester que “espera que el libro con los años, dé una lectura histórica de un momento de ruptura brutal, de un cambio de mentalidad desde 2008 como nunca antes”. ¿Cuál? “Que no se puede vivir de manera tan inconsciente y que por vez primera no se va a prosperar indefinidamente”.

Lanchester dice que ha invertido cinco años en la elaboración de esta obra y que se había estado preparando para esta ambiciosa novela con obras suyas anteriores como “El señor Phillips” (historia de un hombre en paro) o “¡Huy! Por qué todo el mundo debe a todo el mundo y nadie puede pagar”, su explicito ensayo del que arrastra conceptos y detalles para su novela.

En la novela no queda claro si lo que ocurre lo genera el propio sistema capitalista como si se tratara de un ser vivo o en el fondo subyacen los males eternos del ser humano, avaricia, egoísmo, pulsión sexual… o hay una combinación de ambas cosas, pero evidenciando que el sistema capitalista hace aflorar los peores sentimientos y que hay una toxicidad clara en él. En definitiva, el sistema capitalista es tóxico.

Lanchester, hijo de banquero, es muy duro con la situación que arrancó con Margaret Thatcher y Ronald Reagan -“si se hubiera controlado más al sector financiero el impacto de la crisis habría sido mucho menor”- y cree que “los bancos son ahora zombis: piensan que están vivos igual que antes y siguen ofreciendo créditos y jugando con el sistema, cuando Japón nos ha demostrado que poner dinero y más dinero no es la solución”.

Libro peligroso para brokers, especuladores y banqueros, aunque Lanchester dice que no hay problemas, porque ninguno de ellos normalmente lee.     

Ángel Luis Jiménez Rodríguez

Los indispensables pactos políticos.

Hay un gran clamor por consolidar un clima de pactos políticos en nuestro país, aunque solo sea por los discutibles resultados de las políticas unilaterales y la cara factura -según los sondeos de opinión- que están pagando por ello los dos grandes partidos. Sin embargo, ni siquiera en el pacto de políticas europeas ha sido posible avanzar, porque tanto los dirigentes del PSOE como los del PP se han puesto límites para alcanzar compromisos concretos, posiblemente por el devenir incierto que tiene las cumbres europeas y el temor del Gobierno a un posible nuevo fracaso en Bruselas.

Así que la aproximación entre Gobierno y oposición para el Consejo Europeo de Junio será sobre bases genéricas como la lucha contra el desempleo juvenil, la mayor integración bancaria y económica, la presión al BCE para que facilite el crédito a las pymes y a la vida ciudadana, y pedir al Banco Europeo de Inversiones que ayude a la exportación y estimule el empleo. Nada concreto. Al final en eso quedará el gran acuerdo “de país” que había pedido Rubalcaba, y que hubiera debido materializarse en un pleno parlamentario.

Pero parece que no habrá pleno, ni debate parlamentario, pues el presidente Rajoy no está dispuesto a someterse a las críticas de los diputados del Grupo Socialista, ni de ningún otro grupo parlamentario. Me figuro que habrá dicho, que si el señor Rubalcaba quiere pactos que se pase un día de éstos por el Palacio de la Moncloa para tomar café, y allí pactan las líneas maestras del respaldo que quiere que le sirvan en bandeja para acudir a Bruselas, por supuesto, acompañado siempre con las fuerzas inatacables de su mayoría absoluta.

A estas alturas, no podemos dudar del Patriotismo de Rubalcaba, ni de su interés porque las necesidades de España se vean atendidas en Europa. Pero es francamente raro que ante un apoyo de estas características, sin debate parlamentario y sin que la oposición ejerza de oposición públicamente, el PSOE se pliegue sin rechistar a hacer el papel de secundario en la sombra. Sin intervenciones públicas, sin fijar posición en la tribuna, sin que sus argumentos consten en el Diario de Sesiones. Es decir, sin luz y taquígrafos, sin nada. ¿Por qué?

No creo que al estar el presidente Rajoy decididamente esperanzado en que los datos económicos empiecen, por fin, a despejar un poco el negrísimo panorama padecido hasta ahora, le dé fuerza suficiente para imponer a Rubalcaba la fórmula de conversación privada y apretón de manos a salvo de la mirada ciudadana para sumar después a su acuerdo a otros grupos de la oposición. Aunque la realidad es que el respaldo ante Bruselas no tiene excesivo desgaste político, y el PSOE puede haber pensado que al pactar ahora sin luz y taquígrafos, puede después rentabilizar su fuerte oposición a la reforma de las pensiones y a los recortes en la Administración. Ojalá sea así.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez. 

Botafuego, un tema controvertido.

Ayer 4 de junio, con los votos del PP y PA, los votos negativos de IU y la abstención del PSOE, se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras un tema controvertido -con actuaciones al margen de la ley- de la época de alcalde de Patricio González, el Club Hípico de Botafuego. Un proyecto de actuación en la Dehesa de Botafuego que ahora el grupo de gobierno municipal ha declarado de interés público y social. También se debatió largamente sobre la aprobación de acuerdos extrajudiciales, aunque ni se informó ni sabemos en qué consisten. Esta falta de transparencia y ocultación de la información es ya habitual con Landaluce en el Ayuntamiento de Algeciras.

Esta declaración de interés público y social de terrenos de la Dehesa de Botafuego en suelo no urbanizable de especial protección solo es un trámite previo, en orden a la tramitación posterior del obligado Plan Especial o Proyecto de actuación y al otorgamiento, en su caso, de las preceptivas licencias urbanísticas, sin perjuicio de las restantes autorizaciones administrativas que fueran legalmente preceptivas.

En el Plan Especial debe establecerse de acuerdo con la ley que el 30 % de la parcela de Botafuego de 99.748 metros cuadrados, debe destinarse a arbolado y zonas ajardinadas y solo el 20% podrá ser ocupada por las edificaciones ya existentes. Y un importe equivalente al 6% de la inversión total a realizar será para la adopción de medidas de mejora de las condiciones medio ambientales. Algo que queda muy claro en la declaración es que toda la actuación habrá de ser compatible con el régimen de la correspondiente categoría de este suelo no urbanizable y no inducir a la formación de nuevos asentamientos de usos residenciales u otros análogos.

Pues bien, algo que de acuerdo con la ley y los informes técnicos y jurídicos debería servir para arreglar algo que se hizo mal por anteriores corporaciones, y fue permanentemente crónica de tribunales y hasta causa de querellas criminales, no pudo ser. El interés general no importa si se tiene munición con la que poder cargar contra la fuerza política contraria en este y en otros temas tratados en el Pleno. Y en esa línea estuvieron las intervenciones de socialistas y populares, con fotos, insultos y como siempre el tú más. Además de los correspondientes aplausos y abucheos. Estamos convirtiendo en espectáculo algo tan serio como es o debería ser la política.

Sin embargo, lo que debería haber quedado ayer medianamente claro es la voluntad de todos de solucionar el problema del Club Hípico de Botafuego, si es que tiene solución dentro del marco de la ley, porque ya está bien de poner la ley y el planeamiento urbanístico al servicio de intereses particulares como se viene haciendo en Algeciras desde hace muchos años. Y es que la ley está para cumplirla y si no gusta lo que hay que hacer es cambiarla y no sortearla con triquiñuelas legales y trucos de trileros.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez. 

La Lomce, una ley injusta y desigual.

En el pedestal de la estatua de Dantón del barrio de La Bastilla en París se puede leer una frase suya que sigue todavía vigente “Después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo”. Por eso en muchos países no democráticos recortan la educación, porque saben que la ignorancia de los más ha sido siempre el seguro de vida de los menos.

Estos pensamientos me vienen a la mente estos días por el inicio en el Congreso de los Diputados de los debates parlamentarios para la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (Lomce). La séptima ley en materia de educación que va a tener nuestro país desde la entrada en vigor de la Constitución.

Este proyecto de ley, que el Gobierno ha remitido al Parlamento, ha suscitado ya un masivo rechazo de todos, profesores, padres, alumnos y oposición. Inclusive ha tenido, sin estar aprobada, una huelga de docentes y alumnos de centros públicos por su acentuada orientación privatizadora, su intervención exacerbada y su insistencia en la desigualdad. Solo la jerarquía católica la ha recibido con alborozo, porque de nuevo recupera una posición de privilegio en el sistema educativo español.

Todo parece indicar que de mantenerse la situación actual de rechazo total a la Lomce de todas las fuerzas con representación parlamentarias, salvo el Partido Popular, la ley saldrá adelante solo con el apoyo de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. La ley entonces será válida legalmente, según las pautas que rigen nuestro sistema democrático, pero lo legal no siempre es sinónimo de legitimidad y una norma perfectamente legal puede ser también ilegitima.

Hasta el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el anteproyecto de ley, formuló una demoledora crítica que apuntó directamente a los cimientos sobre los que se sustenta la ley,  la ausencia de consenso en su elaboración. Dice el dictamen que de esta forma, el texto analizado surge desprovisto del imprescindible consenso que ha de impregnar la regulación de un tema tan sensible como la educación, que solo quedará regulado por la opinión de un partido concreto y no por el de los intereses generales.

Así pues, todo parece indicar que el Gobierno enrocándose en su mayoría absoluta, sacará adelante su proyecto de ley ignorando a las “minorías”. El filósofo del Derecho, Hans Kensel, decía que la democracia no es la dictadura de la mayoría, sino que el valor y la esencia de la democracia residen en la capacidad de la mayoría para sacar adelante sus decisiones respetando a las “minorías”. Y en este caso no son tan “minorías” pues el rechazo viene de la mayoría de los profesores, padres y alumnos y de la oposición al completo.

Esta será una ley en la que nos jugaremos mucho todos, porque la mejora sustancial de la enseñanza, dotándola de mayores índices de calidad, se perfila como una cuestión esencial y decisiva para el país en el actual contexto de crisis que vivimos. Si no podemos asumirla todos y reconocernos en ella, solo permanecerá el tiempo que dure la mayoría coyuntural que la apruebe. Lo mismo ocurrirá con otras leyes también muy ideologizadas y doctrinarias, al servicio de la Iglesia y de los sectores más radicalizados de la derecha, que ha aprobado este Gobierno.   

Ángel Luis Jiménez Rodríguez