Ya no se puede destruir más empleo.

Esta semana el INE publicó la Encuesta de Población Activa, que eleva el total de parados por encima de los seis millones y el número de menores de 25 años en condiciones de trabajar pero sin empleo a casi un millón. Qué fracaso de sociedad y de Gobierno. El colectivo joven supera ya el 57% de desempleados y supone un nuevo récord histórico. Además, se mantiene la fuga de jóvenes al extranjero, algo que la ministra de “empleo”-aunque yo diría más bien del “paro”-, Fátima Báñez, calificó hace unos días en el Congreso como "movilidad exterior" y “talentos huidos por la crisis”. No dijo la verdad de lo que está ocurriendo, pues son emigrantes o exiliados económicos, y que hay una fuga de cerebros de la generación más preparada que tuvo nunca nuestro país.

La ministra, como sus compañeros de Consejo, intenta acolchar los efectos más lacerantes de la ruina que tenemos encima, que en buena parte son el resultado de su mala práctica política de recortes y reformas, con un neolenguaje de lo más insensible al sufrimiento ajeno. Y además con una falta de respeto increíble a los ciudadanos y tomándole el pelo a la gente que los votó por su mentiroso programa de creación de empleo. ¿Qué futuro le espera a una sociedad como la nuestra en la que los jóvenes solo les queda la opción de emigrar o amoldarse a condiciones laborales las más de las veces abusivas y que para sobrevivir necesitan la ayuda inexcusable de sus padres?

El paro igual que los desahucios no es un fenómeno natural, se pueden y se deben parar ya para que no haya más destrucción de empleo. Tampoco el paro es un virus ni un terremoto, tiene culpables políticos y económicos, que con su acción o inacción han destruido o precarizado el empleo, y que además bloquean otras políticas posibles. Pero el presidente Rajoy anda escondido y sin dar explicaciones a esta situación de emergencia, de urgencia nacional. Se necesitan nuevas políticas, porque las que está aplicando el Gobierno con los datos en la mano han fracasado. Sin embargo, solo tenemos el silencio o el eco de las nuevas reformas y recortes del Consejo de Ministros de hoy, cuando lo que hay que hacer es darle un cambio de rumbo total a las erróneas políticas de austeridad, recortes y reformas que solo nos están conduciendo a la emigración, a los comedores sociales y a los desahucios.  

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

"La Iglesia exige, Gallardón obedece y las mujeres pierden".

La inminente reforma de la ley del aborto protagonizó ayer la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Primero, la diputada socialista Elena Valenciano exigió al ministro de Justicia desoír las directrices de la Conferencia Episcopal para no devolver a las mujeres a la situación del régimen anterior. Alberto Ruiz Gallardón insistió, como siempre,  en la importancia de defender la vida del no nacido y en que la futura norma será "propia de un partido sin complejos". Vamos, como lo que han hecho sus tesoreros desde hace treinta años, delinquir sin complejos. Así que también nosotros deberíamos quitarnos de encima todos los complejos y empezar a llamar a las cosas por su nombre a los fanáticos, fanáticos; a los corruptos, corruptos y a los autoritarios, autoritarios.

Después fue Carmen Montón, diputada socialista, la que interpeló al ministro sobre las causas de la reforma, resumiendo así la situación "la Iglesia exige, Gallardón obedece y las mujeres perdemos". Y le afeó que no explique claramente sus intenciones y que quiera adelantarse a la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso del PP "no sea que el fallo no le guste". Según la diputada, el verdadero peligro de imponer restricciones es volver a las interrupciones clandestinas para las mujeres o tener que pagarse un viaje al extranjero para poder ejercer este derecho, sabiendo que ahora les resultará mucho más difícil por la situación de crisis en la que vivimos.

Como viene haciendo desde hace meses, el ministro insistió en defender que el derecho a la maternidad es lo que hace a las mujeres "auténticamente mujeres". Montón dejó bien claro que ella es "igual de mujer" que antes de haber tenido a su hija, y que decidir sobre la feminidad no es una competencia del titular de Justicia, "sobre mi cuerpo no decide usted, decido yo". Esa defensa de la mujer que hace la derecha es aberrante, esa doble moral da asco. Si su intención es ayudar a las mujeres a ser madres, que amplíen y no quiten las ayudas a la dependencia, que se centren en la conciliación laboral y en temas de reproducción asistida y que no sigan poniendo freno y marcha atrás a la evolución de nuestra sociedad, que ha hecho de este país un país distinto a partir del respeto a la dignidad de las personas y al reconocimiento de los derechos humanos ratificados en nuestra Constitución.

Pero este Gobierno se parapeta y hace ruido, después de cada polémica sobre sus erróneas políticas de ajustes y recortes, resucitando cada vez que les hace falta el debate del aborto o cualquier otro tema de derechos personales como el matrimonio homosexual o la igualdad. Obsceno e inútil barullo para confundir al personal. Pero cuidado que estas formas de actuar se saben cómo empiezan y no cómo acaban, y un día lo que ahora es olor a neofranquismo se puede convertir en franquismo puro y duro, ideología de triste recuerdo que aquí imperó y que sin complejos, como dice Ruiz Gallardón, está resucitando el PP.

La experiencia y la integridad.

Nunca antes un presidente de la República había repetido mandato, y tampoco nunca antes un presidente de la República delante del Parlamento en pleno había atacado de manera tan dura a los partidos políticos, a los que acusó directamente, sin subterfugios ni paños calientes, de la situación de caos que atraviesa Italia. Hubo caña para todos. El viejo estadista, Giorgio Napolitano, conmovido en más de una ocasión durante su discurso, dijo finalmente que siempre estaría dispuesto a trabajar por Italia, “hasta que las fuerzas me lo permitan”.

Estos hechos sin precedentes, esta reelección a la desesperada, se han producido ante el fracaso de todos los pactos y para romper la parálisis en la que se encontraba sumida Italia tras las elecciones de febrero. Han tenido que tirar de la experiencia de un hombre como Napolitano, antiguo comunista y padre del texto constitucional. Barack Obama dice de su amigo, “Napolitano tiene una reputación maravillosa. Y merece la admiración de todo el pueblo italiano no solo por su carrera política, sino también por su integridad y gentileza; es un verdadero líder moral y siempre ha representado de la mejor manera a su país”. 

Nadie antes tuvo tantos motivos ni tanta autoridad política y moral como Giorgio Napolitano. A sus 87 años y 10 meses y apoyado sobre su emoción, su rabia y su sentido de Estado, advirtió a los políticos que si de nuevo vuelven a faltar a su compromiso con los ciudadanos, tomaría medidas. Pese a la dureza de su discurso, Napolitano también ha dejado un resquicio a la esperanza. “Es hora de pasar a los hechos”, dijo. “Hace falta un gobierno basado en el acuerdo entre fuerzas políticas. Sobre la base de los resultados electorales, de los que no se puede dejar de tomar nota, gusten o no”.

En una situación como la actual de dudas, caos y desolación, los italianos han tirado de la experiencia. Solo un hombre como Napolitano, han pensado los 1.000 “grandes electores” diputados y senadores italianos, podía salvar al país. Un hombre con 87 años para poner cordura en una situación en la que no había, para enderezar y elaborar con criterio la lista de las necesidades más acuciantes, la lista de cosas que se deben abordar de forma prioritaria. Los italianos llevan décadas sobreviviendo a la desidia, la corrupción, las extravagancias y las ambiciones de políticos que en ningún país del mundo habrían llegado muy lejos. Por eso, cuando se han acercado a la línea roja, a esa línea que no se puede traspasar, han buscado a Giorgio Napolitano, la experiencia, la integridad y la lucidez de ideas.

Ante esta situación que vivimos, encontraremos en España a ese líder moral, integro y con experiencia que diga como Napolitano “es hora de pasar a los hechos, hace falta un gobierno basado en el acuerdo entre fuerzas políticas”, porque aquí también hemos traspasado ya la línea roja.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Los mandarines del plasma.

El que sabe y quiere ver no tiene ya la menor duda, estos son tiempos de cambio. Cada día se producen movimientos de caída libre y otros emergentes del sistema. Está cayendo la falsa democracia, el capitalismo incompatible con lo humano y está renaciendo un reencuentro con el humanismo. Los ciudadanos hacen cosas todos los días, se movilizan, protestan y no se callan. Y se plantean nuevas acciones como la desobediencia civil, porque cuando las leyes son injustas, lo justo es desobedecerlas.   

La sociedad necesita, y también los ciudadanos, recuperar su naturaleza humana y abandonar esa competencia salvaje que no conduce a nada. Está comprobado que se disfruta y se es más feliz con los valores humanos de siempre como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por otro lado, estamos obligados a hacer que se lleven bien lo individual y lo colectivo, que la libertad y la igualdad sean compatibles, porque dan lugar a la fraternidad, y que las libertades personales y colectivas sean esenciales en nuestra democracia, porque todo lo demás ya resulta  secundario.

Para todo ello es necesario hacer previamente una revolución interior y luego una apuesta fuerte por lo colectivo, por la marea humana y la ciudadanía que se ha lanzado a la calle. Por esa nueva guerrilla urbana de gente indignada y solidaria que de momento no busca destruir nada, sino conseguir la salvación fuera del sistema, por si misma. Esta es una reacción dialéctica normal de la ciudadanía a la estafa general en la que vivimos atrapados y que ha buscado en la solidaridad su propio camino para sobrevivir.

Por eso ante los mandarines del plasma como Rajoy que se niegan a escuchar el clamor popular, habrá que reinventar formas de hacerse oír que, sin violencia, opongan murallas de resistencia, pasiva pero firmes, a la desvergüenza con que nuestros verdugos transitan por los pasillos de la Moncloa del sillón al plasma y del plasma al sillón. Porque como dice Maruja Torres tendrán la sartén por el mango, y el mango también, pero el fuego no, porque el fuego somos nosotros.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez 

Una pregunta corta con respuesta larga.

Hay una pregunta que nos hacemos todos los días, ¿en qué se está equivocando Europa? La respuesta, por supuesto, es larga. Es evidente que Europa está siguiendo un camino de ideas equivocadas y el armazón ideológico de esos errores lo da el Banco Central Europeo (BCE). Suponer que cada país tiene capacidad para corregir sus desequilibrios económicos a través de lo que llaman reformas estructurales y medidas de austeridad como exige la troika ya está demostrado que no conduce a nada positivo. Hasta el FMI, uno de los miembros de la troika, alertaba hace unos días del peligro de “fatiga” de los ciudadanos ante una austeridad tan larga, tan autoritaria y tan única.

La situación actual es inaceptable y los ciudadanos europeos tendrán que forzar un cambio de política porque han perdido la confianza en las instituciones y en los políticos. No se espera ya demasiado de ellos. Lo suyo… ya no es lo nuestro. La tradicional brecha entre políticos y ciudadanos se ha agrandado. No existen cauces de comunicación efectivos y, además, ellos viven una realidad distinta al conjunto de la población, gracias al poder que han adquirido derivado de nuestro voto. Por eso se dice que hay crisis de régimen, cuando el sistema institucional es incapaz de responder a esa pérdida de confianza.

Tampoco del BCE se puede esperar mucho. Ha tenido el poder para mantener el euro unido estabilizando los mercados de deuda de los países del sur y no lo ha hecho, sabiendo que el euro es imprescindible como herramienta para acelerar la unión continental. En el fondo el euro nació como proyecto político, como estandarte de una Europa que renegaba de su división en bloques. Conviene no olvidar el paradigma original de la Unión Europea (UE), que era acercarse a la unión política por medios inicialmente económicos.     

El problema actual de la posible ruptura del euro podemos separarlo en dos elementos: la supervivencia de la eurozona y la supervivencia de las economías de la periferia europea. La primera se ha logrado a costa de la destrucción de las instituciones sociales de la segunda y de una enorme tasa de desempleo. Un auténtico desastre. Además, se ha dejado a España y a los países periféricos europeos sin posibles márgenes de maniobra para hacer una política distinta de la que marcan Berlín, Bruselas y el BCE.

Vivimos una situación en la que no se puede describir a los países europeos como países democráticos, porque solo cumplen las órdenes de las instituciones financieras como el FMI o el BCE, y no les han dejado margen de maniobra para poder cambiar las políticas. Si lo único que podemos cambiar los votantes es el nombre del partido gobernante, pero no las políticas, esa democracia no está funcionando y está en peligro. Y con ella el proyecto europeo porque estamos viendo que a los países del norte cada vez les importa menos lo que pase en los países del sur.

La solución a todos estos problemas la tiene Alemania, que tiene en su economía un margen de maniobra sustancial para elegir entre crear prosperidad y repartirla o concentrarla. Concentrarla es un mal modelo para Alemania, Europa y el resto del mundo, pero es la que se está practicando. Y aceptar su modelo de competitividad a través de salarios bajos es una tragedia para el resto de los países europeos. El superávit alemán es uno de los motivos que nos han llevado a la situación actual. Merkel, como Hitler, quiere garantizarse su espacio vital económico, castigando para ello a los países periféricos europeos y protegiendo a sus grandes empresas y bancos. Pero también busca culpables para ocultar a su electorado la vergüenza de un modelo que ha hecho que el nivel de pobreza en su país sea cada día más alto.

Termino esta larga respuesta diciendo que si se quieren una moneda común, tiene que haber una unión bancaria común, dotada de los mecanismos europeos de supervisión bancaria, garantía de depósitos y resolución de crisis. Y eso requiere, a su vez, tener unos impuestos comunes y unas políticas fiscales comunes. Por razones obvias, todas esas tareas solo pueden ser acometidas por unas instituciones que se hayan legitimado democráticamente ante los ciudadanos, no solo en el momento de su elección, sino en cada una de las decisiones que tomen, además de estar controladas estrechamente. En definitiva, lo que necesitamos es más democracia con un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo y equilibrio de poder entre ellos, no esta tecnocracia de comités que tenemos en la actualidad que solo nos está trayendo sufrimientos innecesarios. Todo lo demás, como decía Macbeth en la tragedia de Shakespeare, “es melancólico lamento de ruido y furia, cuento contado por un idiota que nada significa”. 

Ángel Luis Jiménez Rodriguez 

Nosotros lo hicimos.

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, el gaditano José Luis Sanz, restaba ayer valor al decreto de la Junta para evitar los desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Decía que el PSOE e Izquierda Unida son “especialistas en buscar titulares” porque “no les interesa solucionar” los problemas reales de la ciudadanía. Sanz insistió en que ese decreto no tiene sentido cuando hay un Ejecutivo liderado por Rajoy que “por fin había atajado el problema”.

No sé cómo se pueden hacer estas declaraciones mentirosas, trucadas y engañosas. No hay temas que se les resista a estos dirigentes trileros del PP para distorsionar la realidad. Si se habla de dación en pago, argumentan que nos llevaría al caos financiero; si se trata de racionalizar la industria farmacéutica, objetan que frenaría la investigación; si se habla de despidos, defenderán que hay que flexibilizar y si es de pensiones nos amenazan con un futuro insostenible.

Estos personajes políticos de derecha desde la Cospedal al Sanz son unos expertos del eufemismo. Jamás llaman a las cosas por su nombre. Hablan de reformas en vez de recortes; de flexibilidad en vez de despidos; de productividad en vez de bajada de salarios. Sin embargo, una medida plenamente legal y constitucional que se debería aplicar para que todos los ciudadanos andaluces o no cuenten con esa protección adicional sobre su derecho a la vivienda es tildada de irresponsable, amenazadora y potencialmente peligrosa. Su poder político, recibido del voto popular, no lo ponen al servicio del bien común, sino de los poderes financieros y religiosos. Parece como si el presidente del Gobierno fuera Emilio Botín y el vicepresidente Rouco Varela.

Así que debemos felicitarnos, porque en este desolador panorama actual haya surgido el destello, la gratificante noticia de un decreto valiente, arriesgado, y ambicioso que trata de dar respuesta real a un problema lacerante que padecen muchos ciudadanos y que conmueve a la mayoría. El Gobierno andaluz se ha atrevido a enfrentarse al poderoso poder financiero y a desenterrar el arma de la expropiación como fórmula para defender a los desamparados. Sin duda el decreto puede ofrecer interpretaciones jurídicas diferentes, pero el equipo jurídico de la Junta se ha inspirado en la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló otra gran ley autonómica de alcance social, la reforma agraria, que contemplaba la expropiación de uso de las fincas infraexplotadas.

No sé qué recorrido tendrá al final el decreto y sus medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, pero a mí este decreto me ha parecido un acto político valiente, oportuno y esperanzador en unos tiempos donde la política y los políticos se habían convertido en resignadas marionetas de unos poderes financieros insensibles. Y lo que no me cabe la menor duda es que la Junta de Andalucía y los partidos que la sustentan, le han ganado una batalla popular al Gobierno de Rajoy y a su partido. Y siempre podrán decir: ¡Nosotros lo hicimos!.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Hay alternativa.

En su tiempo Margaret Thatcher hizo celebre una frase “No hay alternativa”. La repetía con contundencia,  pero no precisamente buscando consensos. Y de hecho, hace treinta años que está pudriendo los cimientos de nuestra sociedad. Ahora, la troika la ha hecho suya para implantar su política de austeridad en Europa, y el Gobierno español y su presidente Mariano Rajoy la siguen al pie de la letra. Este mantra de no hay alternativa viable, sirve para justificar decisiones que son, estrictamente, opciones ideológicas liberales o más bien neoliberales, cuando no directamente reaccionarias.

El problema es que esta mentira tiene las patas cortas, porque “si hay alternativa” y “si se pueden cambiar las cosas”, lo decía José Luis Sampedro “otro mundo no es posible, otro mundo es seguro”. John K. Galbraith y muchos otros economistas ya intentaron desmontar la falacia que se esconde detrás de este planteamiento mentiroso de que no hay alternativa, recordaban que la economía no existe separada de la política y que convertirla en un sujeto no político conseguía destruir su relación con el mundo real, como ocurre ahora. Visto lo visto, no tuvieron mucho éxito desmontando las mentiras de la Thatcher y de su compañero de fatiga, Reagan.

La realidad no es que no hubiera alternativas, que las había, locales y globales. Sino que habiendo aniquilado cualquier atisbo de oposición interna y resquebrajándose el muro en 1989, no había nadie en disposición de ofrecerlas. Thatcher y los suyos completaban así una suerte de profecía autocumplida para hacer del liberalismo económico el único sistema social viable. Apelaron al miedo, a la alarma social, al riesgo… lo mismo que podemos descubrir en tantos titulares de hoy en día, complemento perfecto para aplacar cualquier atisbo de reforma (o de ruptura) que pueda llegar a cuestionar el mantra de que no hay alternativas viables.

La combinación de la frase “no hay alternativa” con las retóricas de la intransigencia, diseña una pinza perfecta para que, ya sea desde el gobierno o desde la oposición, las fuerzas de la reacción apoyadas por sus no pocos voceros mediáticos garanticen que las cosas sigan siendo como deberían (o que, como la peor de las alternativas, no puedan ser de otro modo), haciéndonos creer que intentarlo es inútil para que la disidencia deje de luchar contra lo inevitable, para que al final así lo vea la mayor parte de la gente. El mensaje de los poderosos supone que si no hay alternativa a la pobreza, tampoco tiene sentido que haya un movimiento en contra de ella. Y pienso que la mejor manera de combatir este mensaje es saber hacia dónde se quiere ir o donde nos quieren llevar.

Para ello nada mejor que el libro “Hay alternativa” de Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón, que además se puede descargar gratuitamente. En este libro se cuenta la verdad sobre lo que está sucediendo en nuestra economía, que esta crisis no se debe a leyes de la naturaleza o a leyes económicas o a otras fuerzas impersonales, sino al resultado de decisiones específicas dentro de estructuras institucionales que la han favorecido. Y que esto continuará, a no ser que estas decisiones y planes se reviertan mediante acciones y movilizaciones populares con compromisos dedicados a programas que abarquen desde remedios factibles a corto plazo hasta otras propuestas a más largo plazo que cuestionen la autoridad ilegítima y las instituciones opresivas entre las que reside el poder, que nos está llevando a un mundo que debería horrorizar a toda persona decente.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

¡Salud y República!

El futuro de la Monarquía.

La fatiga de los materiales por el paso del tiempo es un principio básico de la ingeniería. En el caso de la Monarquía, los casi 35 años transcurridos desde su instauración no explican por sí solos el notable desgaste de la institución. La Corona ha pasado de ser un asunto tabú a ser objeto de polémica y critica pública. Al margen de cómo acabe la imputación de la infanta Cristina, la Corona ha sufrido un claro descenso de valoración en todas las encuestas que se publican, inclusive en algunas publicadas antes de que se conociera dicha imputación. En diciembre su nota (la diferencia entre los que aprueban y los que desaprueban la forma en que la monarquía ejerce sus funciones) era de 21 y ahora es de menos 11, es decir, que en sólo en tres meses ha perdido 32 puntos. Este cambio de tendencia llama la atención, pero mucho más la decisión del Gobierno, que intenta solucionar esta falta de confianza ciudadana en la institución monárquica ordenando no incluir a partir de ahora su valoración en las encuestas oficiales del CIS. A esto se le llama política del avestruz, pues no es capaz de afrontar la inquietud ciudadana y de los agentes sociales por las crisis y escándalos en torno a la Casa del Rey.

España necesita que la Corona recupere la reputación que la hizo fuerte en crisis no tan lejanas, pero la buena reputación de cualquier institución no solo es el resultado de la comunicación (lo que dice que hace) sino también de sus comportamientos (lo que realmente hace). Para construir su reputación, la Casa Real desplegó siempre una gran actividad (viajes oficiales, discursos y otras como audiencias, recepciones y entregas de premios). Ahora todo eso que en otra época era muy valorado se ha desvanecido, porque en crisis como las actuales la ciudadanía requiere de esta institución: cercanía, sintonía y capacidad para adaptarse a los cambios de la sociedad. Resulta imprescindible para la Corona orientarse hacia los ciudadanos y recuperar su complicidad, introduciendo mejoras en su desempeño y una comunicación efectiva de sus logros. La Monarquía como cualquier otra institución del Estado debería ser transparente, y no lo es. Además, debería rendir cuentas, y nunca lo ha hecho.

Los continuos problemas internos de la Casa Real proyectan la ausencia de la institución monárquica en la tarea que se le encomendó en la Transición y en la Constitución Española. Ya es inexcusable el papel de árbitro y símbolo del Estado como vertebrador de la sociedad. Sin embargo, la Corona puede ser su principal enemiga al convertirse en un elemento de inestabilidad del sistema que ella misma está llamada a preservar. Todo lo que está sucediendo demuestra que ninguna institución escapa a la crisis y para la Corona es un punto de inflexión para su legitimidad. Así que si quiere seguir simbolizando la unidad y permanencia del Estado Español pasa por proyectar que como institución es un órgano reputado, estimado y considerado, lo que obliga al rey Juan Carlos y al príncipe Felipe a mantener una mayor coherencia entre lo que se es y lo que se representa.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Los tesoreros del PP.

"Me llamo Sanchis, sin acento, porque viene de Sánchez". Esto es lo único que el extesorero del PP ha dicho a los periodistas tras su declaración de ayer como imputado ante el juez Pablo Ruz para aclarar si ayudó a Luis Bárcenas a mover el dinero que tenía oculto en entidades suizas. Sin embargo, el juez Ruz sostiene en el auto donde se le imputó que Sanchis contactó con los bancos suizos en los que Bárcenas llegó a ocultar 38 millones de euros para transferir y blanquear seis millones por indicación suya a la cuenta de Brixco S.A. en el HSBC Bank USA en Estados Unidos.

Las relaciones entre los tesoreros del PP son largas y sus negocios, extensos. Ángel Sanchis, Rosendo Naseiro y Luis Bárcenas son los tres hombres que han coincidido y se han dado relevo en el núcleo de las finanzas de Alianza Popular y el Partido Popular desde 1981 hasta 2009. Los tres han sido fontaneros contables, y los tres se han visto salpicados por casos de corrupción. Los tres correligionarios han seguido teniendo negocios juntos y los tres han sido protagonistas de otro sonado caso, el caso Naseiro, que estalló al poco de acceder José María Aznar a la presidencia del PP.

En 1990, igual que ahora, se desveló que Sanchis y Naseiro, entonces tesorero del PP, idearon una trama de financiación ilegal por la que fueron imputados. Sin embargo, las conversaciones telefónicas que lo destaparon fueron anuladas por el Supremo porque fueron grabadas en el curso de una investigación por narcotráfico entorno a Rafael Palop, hermano de Salvador Palop, concejal del PP en Valencia e implicado en la trama. Pues bien, Bárcenas también salió en esas conversaciones de forma colateral. Y también se daba a entender una cierta complicidad de Manuel Fraga, fundador de AP y expresidente fundador del PP, y del entonces máximo dirigente del partido, José María Aznar. Pero todo quedó enterrado.

Eso sí, Sanchis y Naseiro dejaron la primera línea política y Bárcenas siguió. Mariano Rajoy ocupó la dirección del PP, pero como ahora, sin horizonte ni proyecto. Y hubo una investigación interna, que absolvió a Fraga y Aznar, cuyo autor fue el entonces portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y en el Senado, Alberto Ruiz-Gallardón. Parece que el PP a lo largo de su corta historia no gana para disgustos con sus corruptos tesoreros, que han resultado marrulleros, mentirosos, enredadores, liantes y de los que tiran la piedra y esconden la mano. En este país saber la verdad, es o debería ser casi un derecho constitucional.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez 

No son iguales.

La Junta ha aprobado un decreto con medidas de excepción para resolver el grave problema social de los desahucios. Este decreto entrará en vigor a partir del jueves cuando se publica en el BOJA, sin embargo el Gobierno de Rajoy todavía continua pensando como adecuar la normativa española sobre desahucios a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, ya que están preocupados por garantizar en todo momento la seguridad jurídica y los intereses bancarios e inmobiliarios.

Desde el inicio de la crisis, solo en Andalucía se han producido casi 86.000 desahucios, una media de 46 familias andaluzas han vivido diariamente esta tragedia. El ejecutivo andaluz mediante su decreto ha creado un régimen sancionador que establece multas de hasta 9.000 euros a las entidades financieras o inmobiliarias que mantengan pisos vacios sin arrendar. También establece la expropiación durante tres años del uso de las viviendas inmersas en procedimientos de desalojo hipotecario, cuando se trate de familias en casos graves de emergencia social. Además hay medidas para reforzar las ayudas al alquiler.

El gobierno bipartito andaluz con estas medidas marca distancia con el ejecutivo central, que ayer presentó sus propuestas para aprobar también el jueves en el Congreso su nueva ley hipotecaria. Un texto muy descafeinado que no incorporará ninguna de las iniciativas de la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas (PAH). El documento del PP descarta la dación en pago y prevé quitas en la deuda y un mayor plazo para afrontar los pagos, pero es muy garantista con los bancos, inmobiliarias y promotoras y poco protectora con los ciudadanos.

Este cambio del Gobierno de la Junta en el estatus quo actual de las hipotecas, ha levantado grandes controversias entre PSOE y PP. Los populares dicen que estas son medidas excepcionales y cuestionan su anclaje jurídico, incluso aseguran que vulneran la Constitución, extremo que rechaza totalmente la Junta argumentando que las medidas son excepcionales porque la situación es excepcional. Y si se habla de expropiación durante tres años es porque son medidas legales y perfectamente reguladas en la Constitución Española, sobre todo, para resolver problemas de utilidad pública. Por supuesto, el decreto andaluz deja fuera de las sanciones a las personas físicas propietarias de pisos vacíos, segundas residencias o las afectadas por la legislación turística, en definitiva solo afectarán a las personas jurídicas (bancos y empresas inmobiliarias) que poseen solo en Andalucía más de medio millón de viviendas deshabitadas.

Lo que resulta incontestable es la ruptura de las medidas de la Junta con el pasado al intentar atajar tanto el problema de las viviendas vacías en Andalucía -entre 700.000 y un millón de pisos sin habitar- como el aumento de los desahucios o la actuación del gobierno Central, que legisla a favor de unos (bancos, inmobiliarias y promotoras), menoscabando los derechos de otros (hipotecados, desahuciados y ciudadanos). Y a los preocupados por la impugnación o la posible inseguridad jurídica de las medidas tomadas por la Junta, que estén tranquilos porque éstas tienen el soporte de la Constitución, el Estatuto y la legislación europea para su amarre jurídico o como dijo, Elena Cortés, consejera de Vivienda: el decreto tiene “garantía jurídica plena como la luna llena”.

Tres crisis iguales, pero con soluciones diferentes.

En la crisis financiera europea ha habido tres naciones, Islandia, Irlanda y Chipre que tienen cosas parecidas como su geografía, y también unos sistemas bancarios totalmente hipertrofiados en el momento de la crisis: 7 veces el PIB en el caso de Irlanda y Chipre y 10 veces en el caso de Islandia, frente a las 3 veces de España que está en torno a la media europea. Este crecimiento de los bancos basado en la captación de ahorro externo condujo a que, ante una crisis del sistema financiero como el actual, el Estado no tuviera recursos suficientes para asumir sus deudas.

Las soluciones adoptadas ante esta situación fueron muy diferentes. En Islandia se discriminó a los depositantes extranjeros, lo que dio lugar a una reclamación por parte de las autoridades británicas y holandesas en el Tribunal Europeo de la Asociación de Libre Comercio. Esta reclamación no prosperó y el Estado no pagó, y así automáticamente mejoraron sus perspectivas de crecimiento. En Irlanda se opto por extender la garantía no solo al total de los depósitos sino también a parte de sus bonos. El Estado se hizo cargo de la deuda de los bancos, por lo que tuvo que ser intervenido ante la imposibilidad de poder devolver la deuda solo con recursos públicos. Y así les va. En el caso de Chipre ha sido de autentica vergüenza la forma en la que se han desarrollado los acontecimientos, porque han puesto de manifiesto lo que ya sabíamos, que la Unión Europea no es una unión, ni económica ni monetaria ni política.

La gran lección que podemos extraer de la crisis bancaria chipriota es que necesitamos, más pronto que tarde, acelerar la construcción de la unión bancaria europea, que no puede esperar más. Resulta esencial crear un Fondo de Garantía de Depósitos europeo y, por supuesto, una autoridad y unos mecanismos que resuelvan  el diabólico bucle existente entre bancos y Estados soberanos. En este bucle pagan, primero, los accionistas; luego, los deudores, y ahora, al parecer, los depositantes que tienen depositados sus ahorros en los bancos. Se van a cargar la teoría básica del sistema financiero y de la economía bancaria, que establece que los depósitos deben estar siempre asegurados y que no deben existir dudas sobre ello. Ahora al romper esa garantía, cualquier atisbo de rescate en otro Estado europeo se interpretará por los ahorradores como una amenaza contra sus depósitos.

En Europa está fallando la confianza, la gobernabilidad y el liderazgo como se ha demostrado en la crisis chipriota, y esto no es una cuestión aislada sino la evidencia de las importantes limitaciones de la arquitectura institucional de la Unión Europea (UE). Si esta situación no se modifica pronto, mediante avances hacia una mayor integración política y económica, se está poniendo en cuestión el futuro de la UE. Para ello necesitamos reglas claras sobre las resoluciones de las crisis bancarias, que no deben pasar por utilizar el dinero de los contribuyentes o por permitir que los bancos sanos se vean arrastrados por los bancos con problemas. En estas soluciones, los acreedores deberían asumir la parte de las pérdidas que les correspondan y romper ya, de una vez, el vínculo entre el riesgo bancario y el riesgo soberano, para que no sigamos teniendo crisis tan graves como las de Grecia, Irlanda o Chipre. Pero terminando este comentario leo que Portugal ha anunciado nuevos recortes del gasto porque la etapa de “emergencia financiera” no se ha superado. Así que seguimos igual. Me pregunto, si tendremos remedio algún día para esta locura de que los Estados y los ciudadanos estén al servicio de los bancos.

Ángel Luis Jiménez Rodríguez 

Todos somos iguales ante la ley.

La noticia hoy, mañana y hasta el día 27 de este mes, será que la infanta Cristina deberá acudir a declarar en los juzgados de Palma, como copropietaria de Aizóon y directiva de Nóos, imputada por el juez José Castro, que instruye el caso Nóos por apropiación indebida de fondos públicos por parte de Iñaki Urdangarín yerno del Rey, y su ex socio Diego Torres. Inicialmente la citación para el día 27, declarada de oficio por el juez sin petición de parte, no está apoyada por la Fiscalía que la va a recurrir. Pero el juez en un extenso y fundamentado auto de 18 folios razona los motivos por los que imputa a la hija del Rey, la única persona de la junta directiva del Instituto Nóos que aún no lo estaba. Ahora Zarzuela nos sorprende con la decisión de elegir a Miquel Roca como principal defensor de la hija del Rey.

                                                                                                        

El juez Castro en su auto de 18 folios, de forma sistemática, va desgranando los datos que justifican su decisión. "No se acaba de entender que el Rey no comente con su hija las críticas que había hecho llegar a su marido". Por eso, agrega "Surgen una serie de indicios que hacen dudar" de que [la Infanta] desconociera que su esposo la utilizaba como vocal en el ámbito de influencia de Nóos. "Conviene despejar en cualquiera de los sentidos, antes de finalizar la instrucción de esta pieza, la incógnita", señala finalmente el juez. El objetivo, agrega, es que no se perpetúe la duda con un cierre en falso de la investigación. Y, sobre todo, escribe Castro en coincidencia con el Rey en su mensaje navideño, se debe "Evitar el descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos". Pero como he dicho antes, para vergüenza histórica de la justicia española, será la Fiscalía Anticorrupción la que actúe como abogado defensor de la Infanta Cristina, junto a Miquel Roca.

Es la primera vez que un familiar directo del rey se ve obligado a declarar como imputado en un juzgado y lo hará en un caso donde la corona tal vez no tenga responsabilidad penal, pero sí responsabilidad política. Es una rareza también que para esta citación el juez -muy consciente de dónde se mete- se vea obligado a justificar sus razones en un extenso auto. Y es también una de esas extrañas ocasiones en las que la fiscalía se opone a una simple declaración, sobre todo cuando existen motivos más que sobrados para justificar una citación, que ya tardaba, porque resultaba llamativo que no se llamara a declarar a la infanta Cristina, la única persona de la junta directiva del Instituto Nóos que como he dicho aún no estaba imputada.

Estimo que es posible que hubiera una cierta actitud de no querer llamarla al principio, pero si no se le hubiera llamado ahora, todos habríamos pensado en un enjuague destinado a apartar a la hija del Rey de toda molestia procesal por el hecho de serlo. Además, hay que aclarar que los miembros de la familia del Rey carecen de fuero especial y, por tanto, si el auto de convocatoria adquiere firmeza -la fiscalía ha anunciado que va a recurrirlo- la hija del Rey habrá de acudir al juzgado como una ciudadana más. Por lo tanto, es imprescindible, que la justicia llegue hasta el final del caso Nóos, no solo por tratarse de un asunto grave de corrupción, sino por ser un escándalo que está causando un daño considerable al prestigio de la Monarquía y de la Nación española.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

El movimiento de los escraches.

Escrache es el nombre dado en la Argentina, Uruguay y España a un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de Derechos Humanos se dirigen al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere denunciar. Este término nació en Argentina en 1995, y a partir del mes de marzo pasado está siendo empleado -repentina y masivamente- en España por los medios de comunicación para definir las protestas de acción directa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, aunque también lo realizan grupos de perjudicados por las acciones preferentes y algunos colectivos de trabajadores despedidos sin causa, ni razón.

Ahora, las autoridades y los periódicos a su servicio, nos repiten continuamente que ese es un fenómeno antidemocrático propio de los antisistemas, cuando la realidad es que los afectados por las hipotecas, los desahucios o los estafados por las preferentes pretenden señalar, para que no pasen desapercibidos, a aquellos políticos que no escuchan la voz de la calle o se comportan como una casta cerrada e impermeable, que solo está al servicio de los intereses partidarios o financieros, y no de lo público  o del pueblo que los voto.

Los gritos, panfletos o señalamientos están dirigidos fundamentalmente a los parlamentarios y otros cargos públicos que están gobernando y, por lo tanto, tienen la posibilidad de cambiar las leyes injustas que tanto están afectando a la vida de todos, especialmente a la de los colectivos señalados. Colectivos que solo tienen o se les ha dejado la calle para hacerse oír y ejercer su derecho democrático a una acción directa y pacífica. Hasta ahora, que yo sepa, lo único que han hecho ha sido mostrar su indignación y rebeldía ante tanta reforma, recorte y austeridad, totalmente ajenas a los programas electorales que se les presentaron en su día. Y si actúan así es porque se sienten indignados, estafados y engañados.

Sin embargo, se acusa a estos colectivos de acosadores y violentos cuando en realidad son ellos los acosados y violentados por los engaños de las preferentes o por la angustia y la indefensión de los desahucios, en los que además de perder su casa quedan atrapados con una deuda de por vida, difícil de saldar. Ahora los cargos públicos o políticos, que se sienten acosados, piden una justicia que antes han negado, invocan un respeto que no han tenido para los demás y llaman terroristas con un abuso de poder, mentira e irresponsabilidad a los que antes han sido aterrorizados. Ya era hora de que la sociedad civil tomara conciencia del poder de su voz y de la importancia de su presencia para presionar a nuestros representantes en las instituciones, planteando desafíos legales antes impensables, en la convicción de que “sí se puede” cuando lo reclamado y reivindicado es una cuestión de justicia y solidaridad. 

Los desahucios, las hipotecas y la clase política.

En una encuesta de Metrocospia para unos estudios realizados sobre Discriminación, Pobreza y Exclusión Social de nuestro país, el 93% de los encuestados dice que deberían revisarse con carácter retroactivo los desahucios en los que se den cláusulas abusivas introducidas por las entidades financieras. Ahora declaradas ilegales por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a regular según las leyes europeas el procedimiento hipotecario español. También el 90% de los encuestados piden generalizar la dación en pago. Además la dación en pago cuenta con el apoyo del casi millón y medio de firmas que avalan la Iniciativa Legislativa Popular admitida a trámite por el Congreso. Estas medidas ya han sido rechazadas por los bancos, dicen que supondría encarecer y restringir los créditos. ¿Cuáles?, porque ahora los créditos están restringidos sin estar aprobadas estas medidas.

Lo que no entiendo es como algo que quiere la inmensa mayoría de los españoles, no sea aprobado por sus representantes -diputados y senadores-. Una nueva frustración, no solo para el millón y medio de ciudadanos que firmaron la Iniciativa Legislativa Popular admitida a trámite en el Congreso, sino para el resto de los españoles afectados o no por estos abusos bancarios. Así que no me extraña que las encuestas confirmen algo que los partidos políticos y diputados no quieren reconocer, ni admitir. La realidad es que el 87% de los ciudadanos no confía en este Gobierno para defender sus intereses. Pero, tampoco en el principal partido de la oposición (el 86%) ni en el resto de los partidos (el 72%). Sin embargo, si confían en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (el 81%) y en las ONG (el 76%). La confianza de los ciudadanos en los jueces y fiscales parece caer en terreno de nadie, pues están divididos al cincuenta por ciento.   

No es una buena señal para la consolidación de nuestra democracia que para la defensa de los derechos civiles, sociales y económicos, el ritmo lo marque el clamor popular o las decisiones judiciales. La primera instancia debería ser el Parlamento, y no la calle o los tribunales, para velar por las necesidades y derechos de todos los ciudadanos. Pero para eso debería cambiar el sistema electoral español, y hacer que los diputados tuvieran mandato imperativo, respondiendo directamente ante sus votantes en vez de actuar siguiendo una estricta disciplina de sus partidos. Los partidos se han convertido en estancias cerradas, en las que, a pesar de lo cargado de la atmosfera, nadie se atreve a abrir las ventanas. No pasa el aire, no fluyen las ideas y casi nadie en ellos tiene un conocimiento personal y directo de la sociedad civil o de la economía real.

Sé que no existe un sistema electoral perfecto, pero en España habría que cambiar el actual sistema proporcional por uno mayoritario con el objetivo de conseguir una clase política más funcional. Lo bueno del sistema mayoritario es que produce cargos electos que responden ante sus electores en vez de hacerlo de manera exclusiva ante sus dirigentes partidarios. Por supuesto, que un sistema electoral mayoritario no es el bálsamo que vaya a curar al instante cualquier herida del sistema. Pero probablemente generaría una clase política diferente y, sobre todo, más adecuada y funcional a las necesidades de nuestro país. Así que si la clase política quiere recuperar la confianza de los ciudadanos, algo tendrá que hacer para que el Congreso de los Diputados no sea solo el lugar donde se elaboran las leyes, sino también la institución que exige la rendición de cuentas. Función esencial en cualquier democracia, desaparecida hoy por completo de la vida política española. Y así nos va.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez