miércoles, 2 de mayo de 2012

Un 1 de Mayo necesario.

El Gobierno de Rajoy con la entrega a la Comisión Europea, el lunes 30 de Abril, del programa de estabilidad actualizado para el periodo 2012-2015 y con las reformas que pretende acometer para cumplir los objetivos del déficit, cuesten lo que cuesten, ha entrado en conflicto permanente con las españolas y los españoles. Por eso, la gente seguirá saliendo a la calle, aunque se les aplique el código penal. Este plan es una declaración de guerra contra trabajadores y parados, la función pública y los funcionarios, el sistema nacional de salud y los enfermos, el sistema educativo y los alumnos, y los jubilados y pensionistas. Sin olvidar a las Comunidades Autónomas, donde se contempla la supresión de órganos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de la Competencia y otros. Estas nuevas medidas no son ya recortes, sino una regresión del modelo Constitucional. No tratan de resolver un problema económico, sino imponer un nuevo modelo ideológico a la sociedad española. Todo ello forma parte de una estrategia política fundamentada, como dice Ramoneda, en tres principios básicos. Primero, la sociedad no existe, sólo existen los individuos; por tanto, el vecino es un potencial enemigo del bienestar propio. Segundo, todo lo que favorece al poder económico, favorece a la sociedad; por tanto, la austeridad rige para todos menos para los más poderosos. Y tercero, la economía es lo único importante, de modo que el primer criterio del Estado debe ser la cuenta de resultados. Olvidan que el objeto del Estado no es la rentabilidad, sino el bienestar de los ciudadanos, como dice el ensayista francés Tzvetan Todorov. Para llevar a cabo estas medidas, la derecha española se ha radicalizado. Más que radicalizarse se ha embrutecido, criminalizando a trabajadores y parados, pero amnistiando a los evasores de impuestos y capitales; culpabilizando a los enfermos del déficit de la sanidad pública, pero arreglándolo con el copago, el cierre parcial de hospitales o la privatización; devaluando la función pública y castigando a los funcionarios. Y todo ello sin explicaciones, ni marco legal, ni sistematización alguna, sino según se le va ocurriendo. Este plan de dominación neoliberal, pretende destruir el frágil equilibrio de los fundamentos de nuestra democracia constitucional como son la libertad, la justicia, la igualdad y la preocupación por el bien común. Pero claro, Rajoy dice que tiene mayoría absoluta y su poder democrático no tiene límites. Sin embargo, de nuevo se les olvida una de las fórmulas de la democracia: “ningún poder ilimitado puede ser legítimo” de Montesquieu.
María José y Ángel Luis Jiménez

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