El reparto de la crisis.

En momentos de ajustes y recortes como los actuales, y con la reforma laboral enfilando los últimos trámites parlamentarios, la ciudadanía debería conocer como se reparte la culpa de la crisis en la población asalariada. No podemos olvidar que uno de los puntos más importantes de la nueva normativa laboral es la generalización del despido con sólo 20 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 12 meses. Sin embargo, estos cambios en materia laboral no afectarán a los concejeros ejecutivos, los miembros de la alta dirección y los mandos de segunda línea de las grandes empresas del Ibex 35, cuyos contratos contienen blindajes que le dan derecho a cobrar indemnizaciones mucho más generosas. Igual ocurre actualmente con la brecha salarial abierta entre los directivos y empleados de las empresas españolas. El decreto de la reforma laboral decía que era necesaria “una mayor flexibilidad a la baja de la remuneración de los trabajadores”. Lo pedía Bruselas y Jörg Asmussen, ex consejero de la canciller alemana, desde el Banco Central Europeo, diciendo: “La austeridad fiscal no es suficiente, porque hay varios países del sur de Europa que tienen un problema de competitividad acumulado… Necesitamos una especie devaluación interna empezando por los salarios”, pero no decía que el salario real por trabajador había caído ya en España más del 6% desde 2010. Pero veamos con datos que ha ocurrido con la cuestión salarial en las empresas españolas desde 2007 -último de bonanza económica- hasta el 2011. En ese periodo sólo 11 empresas de las que cotizan en bolsa generaron valor para sus accionistas, sin embargo, sus directivos ejecutivos recibieron una compensación media de casi cuatro millones de euros, cantidad que supone 90 veces la retribución por empleado de sus plantillas. Esta desproporción de las nóminas no ha sido algo concentrado en las empresas del Ibex, se trata de una tendencia generalizada entre todos los grandes conglomerados empresariales del país. Estos datos se conocieron cuando el Gobierno socialista fijó en la Ley de Economía Sostenible la obligación para las empresas que cotizan en bolsa de incluir en sus asambleas de accionistas un informe con las retribuciones individualizadas de sus consejeros y ejecutivos. Conociendo este dato, que es público, el Gobierno debería corregir estos sistemas de compensación dineraria, porque resultan escandalosos y ofensivos para la mayoría social que soporta la recesión. Aunque, como lo va a hacer, si este Gobierno entiende que la mejor receta para curar a este país son los ajustes y la austeridad, la rebaja salarial y la ayuda y dinero público para los bancos. Estas medidas son aceite de ricino y además empeoran esta horrible situación.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez.