¿Dónde está el límite?

Ayer, miércoles 30 de marzo, el lenguaje insultante y soez de determinados periódicos y blogs y de algunos parlamentarios de derecha llegó a límites increíbles. Se utilizó la política antiterrorista para atacar al Gobierno, -podría haber sido cualquier otro tema- esgrimiendo mentiras, groserías y palabras soeces. Parece que la utilización política de los temas relacionados con la ETA tiene ya corto recorrido, máxime cuando según el CIS ha dejado de ser una preocupación para los españoles. No entiendo por qué la derecha española, para defender su legítima opción al poder, tiene que vociferar, insultar y descalificar a quien no piense como ellos, alternan entre el desvarío y la mentira. Dónde dejan la educación y las buenas maneras de las que hacen gala, ¿no eran los caballeros españoles?. Será que quieren criminalizar las ideas, pero como no pueden, criminalizan a las personas que defienden esas ideas. O puede,  que  tengan  un miedo atroz a que sea este Gobierno socialista el que termine con ETA. Y digo yo, qué más dará, cuando lo importante es anunciar que “Se acabó”. En España, deberíamos erradicar la violencia y la crispación como estrategia de lucha por el poder. De ahí, la importancia de la asignatura Educación para la Ciudadanía -tan criticada por la derecha-, que educa en valores como el respeto, el diálogo, la convivencia, la igualdad, la justicia y la libertad, en definitiva, valores democráticos de los que carecen muchos. En este país sustituimos los valores por los precios. Ya lo decía Machado, “es de necios”. Qué tranquilos estaremos los ciudadanos españoles cuando el PP se sacuda a la extrema derecha que lleva dentro y deje claro que el franquismo quedó atrás, en ese momento, se homologará a la derecha europea. Pero no olvidemos a Andalucía, donde la derecha ha perdido el norte para intentar ganar el sur. ¿Lo conseguirá? Depende de nosotros.

María José Jiménez Izquierdo y Ángel Luis Jiménez Rodriguez

En el mismo día y a la misma hora.

El mismo día de la anunciada reunión de Zapatero con los empresarios en la Moncloa hubo declaraciones y mensajes críticos para Rajoy sobre su estrategia para el cambio de gobierno. Un Rajoy temeroso  y mosqueado organizó rápidamente una réplica con pequeños y medianos empresarios para salvar su orgullo de futuro comisario del poder económico. El rechazo a los mensajes enviados lo hizo en Toledo, señalando que él estaba con los pequeños y medianos empresarios y no con los grandes. Precisamente fue también en Toledo donde Dolores de Cospedal, su secretaria general, proclamó recientemente que el PP no era el partido de los empresarios, sino el verdadero “partido de los trabajadores”. Deberían aclararse: ¿Son el partido de los empresarios o de los trabajadores? ¿Era una nueva farsa o una más de sus mentiras? ¿Es posible todavía tanta demagogia y engaño? Parece que nos toman por tontos. Ya está bien. Se merecen por todas estas cosas un gran corte de manga.

María José Jiménez Izquierdo

Los empresarios descalifican la estrategia del PP.

El pasado sábado 26 en la Moncloa se reunieron el presidente del Gobierno Zapatero y los vicepresidentes Rubalcaba y Salgado con los máximos responsables de las principales empresas españolas -representan la mitad del PIB del país-. Estos le pidieron a Zapatero que no adelantara las elecciones generales y que aparcara el debate sucesorio en el PSOE,  ya que cualquier anuncio de ese tipo crea inestabilidad y perjudica a la economía española. Opinaban que la estabilidad económica estaba mejorando de forma clara y que el presidente debería agotar su mandato. Zapatero, sin pronunciarse abiertamente, consideró “extraordinariamente útil” la reunión, -continuación de la de noviembre de 2010 para intercambiar opiniones, ideas y propuestas sobre la recuperación en el país de la senda del crecimiento y del empleo- y afirmó que solo la recuperación económica marca su calendario político. Se ha comentado,  desde que entramos en crisis, que la constante de Zapatero para la toma decisiones, han sido  siempre y  por este orden: el interés de España, el interés del PSOE y su interés personal. ¿Se habrán enterado en el estado mayor del PP de estas peticiones de los empresarios a Zapatero en la reunión de la Moncloa? ¿Están tomando nota de lo que dicen sus grandes patrones de la Banca y de la Empresa? ¿La cúpula del PP se da cuenta de cómo está afectando a la economía de Portugal su crisis política? En pocas palabras, el mensaje de la clase empresarial a Rajoy y compañía es que se dejen de tonterías “con las cosas de comer”, que hay que arrimar el hombro y que sus exigencias de elecciones anticipadas para elegir un nuevo gobierno ahora no tocan, que espere a marzo del 2012. En estos momentos, lo importante para ellos es la economía. Es decir, trabajar por la consolidación del crecimiento, el alejamiento de la crisis y la generación de empleo. Más claro imposible, es una descalificación en toda regla de los empresarios a la estrategia de oposición que están haciendo Mariano Rajoy y el PP.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Las pobres ironías del PP.

El pasado viernes, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ironizó con el uso que había hecho el ministro del Interior, Alberto Pérez Rubalcaba, del estribillo de la canción de Amaral, Sin ti no soy nada, recomendándole al PSOE que utilizara como sintonía de sus mítines la canción Aserejé del grupo las Kétchup de Córdoba. Que pobre juego de palabras con la polémica sobre los ERE de la Junta. ¡¡Pero qué “malababa” tienen estas pijas del PP!! Si querían amargarnos a los andaluces con estas pobres ironías, esas chuflas sin gracia, es que ni saben, ni entienden a la gente de nuestra tierra, pues a los cordobeses, en particular, y los andaluces, en general, el Aserejé de las Kétchup nos hace mucha gracia y nos alegra la vida. Una vez más, ese desprecio de los dirigentes del PP a los andaluces se les volverá en contra en Córdoba y en Andalucía. No ofende el que quiere sino el que puede. Y hoy por hoy estamos muy orgullosos de nuestras señas de identidad, de nuestra cultura y de nuestros artistas, en definitiva, de ser andaluces. Los del PP creen que con estas humoradas van por la vida de ricos listos, pero lo que les queda a la gente es que son los pobres tontos. Además, estas cosas nunca se olvidan.

Josefina Izquierdo Gilabert

El Estado de bienestar y sus abúlicos perceptores.

Una cosa es el Estado de Bienestar y sus beneficios, identificado con Europa y sustentado en  la igualdad, la solidaridad, la cohesión social y el bien común, y otra la utopía ultraliberal, favorita de Estados Unidos, donde la pobreza y la miseria se asumen perfectamente y donde el beneficio y el lucro son el único objetivo, aunque llegue sólo a unos pocos. En nuestro país se acerca el momento de que los españoles abandonen su posición de perceptores abúlicos de los beneficios que reciben del estado benefactor. Y es que aunque quieran ignorarlo las políticas sociales tienen un precio, no son gratis, y se costean con los impuestos que pagan los ciudadanos. Si esta concepción estuviera bien inculcada, nadie asistiría pasivamente al fraude fiscal del vecino o miraría a otro lado cuando trabajadores conocidos se benefician de ayudas del Estado que no les corresponden. Porque si exigimos a nuestros políticos que sean eficientes y honestos, lo cual es lógico, también deberíamos exigirnos a nosotros mismos un comportamiento cívico. Deberíamos tener una concepción de la cosa pública y de sus recursos acorde con nuestra condición ciudadana. Nos falta inteligencia colectiva y sentido social para considerar que si recibimos algo sin trabajar para obtenerlo es porque otra persona lo trabaja sin recibirlo. Karl Popper, en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, decía que la principal función del Estado es proteger a los individuos, y sobre todo, a los más débiles y a las minorías indefensas de los abusos de los fuertes. Para ello se debe intervenir en la economía, pues un mercado libre sin ningún tipo de limitación no existe, ni existirá nunca. Además, si queremos criticar a ese Estado protector, debemos hacerlo señalando mejores formas de materializar sus ideales, y no rechazando la intervención como algunos liberales pregonan equivocadamente.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

España, País de Reconquista.

Quien avisa, no es traidor.

La consigna de los obispos es que urge una movilización general para reconquistar España. El debate está en como hacerlo: mediante un partido político propio o mediante otras plataformas. En esta tarea están el neoconservadurismo español y el integrismo católico, muy activos en las grandes movilizaciones contra el Gobierno. Ambos concilian muy bien sus arcaicas posturas con las modernas técnicas de difusión digital. Por eso, es necesario saber, conocer y advertir que “Hazte-oir.org” y sus filiales, “Derechoavivir.com” y “Profesionalesporlaetica.org”,  con fines aparentemente filantrópicos, están amparadas por la sociedad El Yunque. Esta organización tiene su origen en el movimiento “cristero” mexicano que se enfrentó, entre 1926 y 1929, a su Gobierno para impedir la aplicación de la Constitución de 1917, muy restrictiva con la Iglesia. Hoy día, operan a la sombra de la Iglesia y en los aledaños del PP. Alejandro Campoy, que fue portavoz de la plataforma digital Hazte Oír (HO), dice de El Yunque, también llamada Organización del Bien Común o los Mariachis: “Estamos ante una organización que intenta pasar por inexistente y actuar de espalda a la sociedad. ¿Somos conscientes de que su modo de captación, basado en el secreto y dirigido a los adolescentes y jóvenes, ha creado situaciones dramáticas en muchas familias? ¿Se ha planteado la Iglesia el papelón que están haciendo algunos obispos en este asunto?” Los especialistas en esta organización, se preguntan: ¿Estamos ante una masonería blanca, como aseguran algunos denunciantes, o ante un simple lobby, como afirman los denunciados? La distinción es importante porque de ella depende que esa organización pueda ser considerada legal o no,  ya que el artículo 22.5 de la Constitución española y el 515 del Código Penal prohíben expresamente las asociaciones secretas. En este amplio mosaico de plataformas digitales, -las indicadas más arriba y otras como: Nasciturus, Observatorio por la Libertad Religiosa, Escuela de Liderazgo Social y Político, Instituto de Política Familiar, Justicia y Libertad- existe un lema  a modo de divisa : “Un grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo”.  Pero, la  pregunta que procede es, ¿quién financia todo esto? Y la respuesta, pues posiblemente el neoconservador Phoenix Institute de Arizona, el mismo que financia al Tea Party norteamericano. Ignacio Arzuaga, presidente de Hazteoir (HO), dice que la primera campaña de alerta en defensa de la familia, que lanzaron en 2001 a través de teléfonos móviles, fue patrocinada por dicho Instituto. “Tenemos al día de hoy 200.000 suscriptores que reciben nuestras alarmas y avisos en sus teléfonos móviles”, asegura Arzuaga. El Phoenix Institute, un “think tank” (fábrica de ideas) neoconservadoras, pone el acento, en sus folletos de propaganda, que entre sus alumnos mexicanos se contabilizan dirigentes de grandes partidos políticos -especialmente del derechista PAN-, prestigiosos profesores universitarios, importantes empresarios y el representante de México ante el Consejo de Europa, posiblemente su conexión europea. En España su representante es Pablo Nuevo, profesor de la Universidad Abad Oliva, propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas, y Luis Losada Pescador, periodista de Intereconomia, cuyo director general del área televisiva es Marcial Cucarella, fundador de HO y conferenciante de la Asociación del Valle de los Caídos. Muchos de los componentes del lobby publican, dirigen programas, e intervienen en las tertulias del circuito que constituyen: Intereconomia, la revista Época, el diario La Gaceta y el semanario Alba, donde el integrismo religioso se da la mano con la derecha extrema. Son pocos, pero tienen largos e influyentes tentáculos en la Iglesia y su jerarquía, a la que utilizan en su objetivo último que es trocar en radicalismo político el sentimiento religioso de los que acuden a las airadas protestas organizadas a favor de la familia y en contra de los derechos a la regulación del aborto, los matrimonios homosexuales, la muerte digna o la asignatura Educación para la Ciudadanía.

Esta larga reflexión, con mucha información del periódico El País y de plataformas digitales, arranca cuando intentan regalarme, en el quiosco donde compro la prensa,  un ejemplar del libro editado por Hazteoir (HO): “PZ, Proyecto Zapatero, crónica de un asalto a la sociedad”. Este libro, del que pretenden distribuir más de 100.000 ejemplares, es parte de una de sus campañas contra el Gobierno. La pregunta clave, otra vez, es: ¿Quién la financia? No lo sé, pero me lo supongo. Todo esto no es algo inocuo y pintoresco, sino que tiene muchos peligros, porque hablamos de gente poderosa. Ya lo dijo Voltaire: “Quienes pueden hacerte creer en absurdos pueden lograr que cometas atrocidades y la religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio.”

María José Jiménez Izquierdo y Ángel Luis Jiménez Rodriguez

¿Tiene solución la Justicia?

La gente no se fía mucho de la justicia, pues entiende que no trata a todo el mundo por igual. En el último sondeo del CIS, el 82,6% de los españoles creen que las leyes favorecen más a unos que a otros, especialmente a los ricos (un 48,6%), a los políticos (26%), y a los poderosos (13,3%). Sólo un 0,9% de los españoles considera que la Administración de Justicia desarrolla bien su trabajo. ¿Se podría cambiar esta percepción de la Justicia? O mejor, ¿se podría cambiar la justicia? La ex magistrada Manuela Carmena dice que sí, pero reinventándola y en ese propósito está, según cuenta en el diario Publico: “Desde la promulgación de la Constitución de 1978, la sociedad española ha proclamado una y otra vez la necesidad de reformar y modernizar la justicia. Los distintos gobiernos han promovido diferentes reformas y aprobados inversiones… y los intervinientes en la justicia hemos derrochado imaginación y esfuerzo para mejorarla. Sin embargo, la opinión que tienen los ciudadanos es que la justicia no mejora”. Eso es lo que manifiestan las encuestas, la Justicia es una de las instituciones del Estado peor valoradas, incluso nos hemos habituado a ello con asombrosa condescendencia. Hasta el nuevo Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que asumió su cargo en diciembre, decía esta semana en la prensa: “Sí queremos la justicia del siglo XXI no podemos conseguirla con los medios del siglo XIX, y la autentica revolución llegará a la justicia cuando las comunicaciones sean por medios electrónicos y se supriman las de papel”. Sin embargo, creo que la solución no es una cuestión de medios o dineros, pues hemos pasado de un gasto en justicia de 68 a 86 euros por habitante del 2006 al 2008, por encima de la media europea tasada en 39 euros por habitante, y superior a países de nuestro entorno como Francia e Italia. Ahora, se propone como solución técnica o profesional reconvertir el 50% de los secretarios judiciales -personal judicial cualificado- en jueces. Esto aportaría, en breve tiempo, más de 1000 jueces profesionales para enmendar el atasco judicial, reduciendo la distancia temporal entre demanda y resolución. Es decir, conseguir que se dicten más sentencias en los tribunales. A pesar de todo, pienso que la mala imagen de la Administración de Justicia entre los españoles es un problema de credibilidad. Las leyes no responden a los problemas  actuales, se quedan obsoletas, y los jueces dejan muchas veces de lado su objetivo esencial, ser el instrumento de resolución de los conflictos de nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad democrática que por su propia esencia y dinámica está en continua transformación, las leyes deberían adaptarse a los tiempos y la justicia debería ser rápida y eficaz. Y por supuesto, estar siempre al servicio del hombre y no del poder.

María José Jiménez Izquierdo

El estoicismo de los japoneses.

Un sondeo-flash elaborado por Metroscopia para El País, realizado entre el 14 y 16 de marzo en plena alarma mundial por la situación de la central nuclear de Japón, dice que la opinión pública española no es ni de lejos tan antinuclear como la de otros países europeos. El 49% de españoles se muestra en contra de la energía nuclear y el 46% a favor. Un 57% sigue creyendo que las plantas atómicas son seguras, frente a un 30% que opina que no lo son. Lo más curioso es que nadie o casi nadie quiere una central nuclear cerca de su casa, aunque no les importa que la tenga el vecino, sin tener en cuenta que para las radiaciones no hay distancias ni  fronteras. Un 74% rechaza la instalación de una central en su municipio, frente a un 25% que la aceptaría. En esta respuesta no hay cambios significativos con respecto a la encuesta sobre nucleares del 2009,  pese al accidente japonés. Y es que esta actitud española, tan insolidaria en lo nuclear, me hace reflexionar sobre la conducta de los japoneses frente al gran desastre sufrido por causas naturales -los terremotos y el tsunami- y por manos del hombre -los fallos y escapes radiactivos de las plantas nucleares-.

Aunque a menudo se ha criticado a los japoneses por ser tan disciplinados, en esta ocasión esta pauta ha sido todo un acierto. La dignidad es transparente, los ciudadanos han tomado sus decisiones por voluntad propia y con responsabilidad cívica, otorgando su confianza a la gente que está mejor informada y es experta en la organización de sistemas de cooperación ante desastres. No se le puede negar a los japoneses, en tan grave situación, las valerosas operaciones de socorro y rescate organizadas, y los sufrimientos y sacrificios personales realizados para solucionar los escapes radiactivos de la central nuclear de Fukushima. Lo que en otros países serían escenas de pánico, desorden y saqueo, en Japón son largas filas de gente en calma esperando la atención médica o la compra de alimentos y combustible. Abundan imágenes admirables, por ejemplo, la de una anciana que confiesa sin ostentación, después del tsusmani, que lo ha perdido todo, pero añade con una sabia sonrisa que, al menos, ha conseguido salir con vida. Es conmovedor y alentador. Existe una palabra japonesa que define todo esto, pero que no se presta a una fácil traducción. La palabra es gaman y significa algo así como estoicismo, perseverancia y sacrificio frente a fuerzas naturales o humanas devastadoras e incontrolables. Los japoneses merecen por este temple y actitud civilizada la admiración y la solidaridad del mundo, porque este es un pueblo que cree en el valor, la solidaridad y en la esperanza. Así les será mucho más fácil reconstruir su país, recuperar sus vidas y su economía.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

El futuro de Zapatero.

En todo grupo humano, cuando se presentan situaciones problemáticas, de inseguridad y tribulación, sus miembros empiezan a pelearse, se rebelan contra el líder y buscan culpables para hacerlos responsables de sus problemas. Este tipo de crisis es la que viven las filas socialistas pensando que Zapatero ha dejado de ser un activo electoral por las medidas tomadas a partir del pasado Mayo para evitar la quiebra económica-financiera de nuestro país. Estas medidas posiblemente no bien explicadas, pero debidamente asumidas por el gobierno de Zapatero, han alejado a un importante colectivo de votantes socialistas. Ahora, cuando no son los barones regionales, son los secretarios provinciales, los que esperan con ansiedad que se resuelva, lo antes posible, el enigma sucesorio de Zapatero. Piensan que esa noticia puede determinar el resultado electoral del partido en las municipales y autonómicas del 22 de Mayo. También piensan que si no lo hace, y el partido sufre una dolorosa derrota electoral en Ayuntamientos y Comunidades, entonces, él será el único responsable. Esto no sería justo. Menos mal que quedan muchos dirigentes, militantes y simpatizantes socialistas que ponen en valor el trabajo de Zapatero en la década más exitosa del PSOE. Confían en su criterio para decidir cuál es el momento más adecuado para resolver la incógnita de su futuro y anunciar si volverá a presentarse o no a las elecciones generales del 2012. Hay quién no se fía. Yo sí.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Los robos de niños.

La historia de los robos de niños durante la dictadura se prolongó, como una rémora del franquismo, hasta bien entrada la democracia. Su esclarecimiento es una exigencia más de la memoria histórica, porque estos robos fueron posibles al obviar los vencedores en todo momento el imperio de la ley. Incluso la legislación llegó a modificarse a su conveniencia para desarrollar con verdadera voluntad criminal un plan preconcebido para que las familias de aquellos niños, que se consideraban inadecuadas para su formación y no encajaban en el nuevo régimen,  no pudieran volver a tenerlos. Esta sustracción de menores, constatadas en el auto del juez Garzón de 18 de noviembre de 2008, se convirtió más tarde en un comercio sucio y miserable de recién nacidos, que sólo fue viable por la complicidad de los poderes públicos y la facilidad de las leyes. Un testimonio, el de Emilia Girón, sobre estas sustracciones, aparece en la página 85 del libro Irredentas de Ricard Vinyes: “Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron… Aquel niño no lo volví a ver. No. ¿Cuántos se llevaron más que al mío? Para eso no hacían falta permiso. Si por ejemplo tú estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y se lo llevan y nada más”. Libros como este y la prensa de estos días revelan estas amargas historias de bebes robados y vendidos con la colaboración de funcionarios y religiosas. Estos robos no fueron -como se dicen en algunas declaraciones- actos bondadosos, sino actos inmorales y malvados sustentados en el aprovechamiento de unos sobre la indefensión de otros. La historia de siempre, de ricos y pobres, de unos que lo tienen todo pero les roban a otros, por la fuerza, hasta lo poco que poseen. Aunque, lo más triste es que esto les parece bien a la gente de la  “España verdadera”.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Una prensa de sapos y culebras.

Hoy en día, la producción de patrañas para confundir a la opinión pública se ha convertido en un proceso sistemático e incluso industrial, con un lenguaje faltón, lleno de insultos y, a veces, cargado de odio, que está cargando de malas vibraciones nuestra vida pública. Y para muestra de ello no hay nada más que leer el blog de José María Izquierdo (al que puedes acceder desde este blog), periodista de riesgo, que se sumerge todos los días en lo más profundo de la prensa de la derecha española, tan vociferante y venenosa, para descubrirnos los graves daños que a nuestro equilibrio psicológico puede acarrear su lectura. Los autores de esas patrañas o insultos escriben al dictado del dinero o son producto de una perniciosa ignorancia, y no sé si son retorcidos o rencorosos.  Lo evidente es que cuando mienten, insultan o calumnian no rectifican, ni siquiera con una sentencia judicial en contra. Y es que se sienten respaldados por una infraestructura de medios de comunicación de derechas bien desarrollada y lista para catapultar su propaganda en todo momento, pero por qué acompañada de sapos y culebras. Cuándo tendremos el coraje y el valor para decirles: BASTA YA.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Los candidatos ¿socialistas? a las municipales.

Las encuestas indican la posibilidad de un cambio de ciclo político para las municipales y autonómicas de Mayo. En circunstancias tan especiales, el diálogo y el consenso hubieran sido necesarios en Córdoba para confeccionar las listas electorales y el programa para las municipales. Pero el secretario general del partido socialista en Córdoba y candidato a la alcaldía de la capital, Juan Pablo Duran, ha conformado una lista a su medida, poco explicada y menos consensuada con militantes y simpatizantes, que al final son los que votan socialista. No se explicó bien la salida del Ayuntamiento de Rafael Blanco y la remodelación municipal, y tampoco la presencia en las listas de un independiente como Paco Alcalde que no comulga -nunca mejor dicho- con las políticas de liberación de las costumbres y los derechos de las minorías que defienden los socialistas. Así lo ha manifestado públicamente en prensa y radio cuando se le ha preguntado. Cómo puede sentirse una socialista representada por este candidato que posiblemente sea concejal por el grupo municipal socialista. Y para rematarlo se incorpora a nuestro programa electoral -me figuro a propuesta de Paco Alcalde- la creación en Córdoba de una “escuela de  costaleros”. Qué se pretende con la incorporación de este independiente, conseguir los votos de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, que decía Machado.  Esos votantes, Sr. Duran, ya tienen decidido su voto y, por supuesto, no votan al  PSOE. Pero lo peor y más peligroso que nos puede ocurrir, es que  los votantes socialistas en las elecciones municipales se decepcionen y se cansen con estas cosas. No importa, ya habrá tiempo de echarle la culpa a Zapatero.

María José Jiménez Izquierdo

¿Castigar la corrupción municipal?

En estos días, Fundación Alternativa, lugar de encuentro para la reflexión, ha publicado un estudio sobre las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal desde el 2003 al 2007. Los autores del estudio, Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez, dicen que los partidos políticos cuyos alcaldes se ven envueltos en casos de corrupción no se ven penalizados en las urnas, es decir, el proceso electoral ya no discrimina entre candidatos buenos y malos. El mecanismo electoral ya no cumple con esa función básica de expulsar de la vida política con el voto a aquellos candidatos que se hubieran aprovechado irregularmente de los bienes comunes. Este estudio se limita a constatar este fenómeno, pero no investiga las razones que llevan a los ciudadanos a exonerar en las urnas a los candidatos deshonestos que debilitan la calidad de nuestra democracia con sus sospechosas actuaciones. La polémica está servida, unos opinarán que la corrupción no se castiga en las urnas por cuestiones culturales, otros que existe castigo pero que este es desigual entre los votantes que se definen de derechas o de izquierda. Lo único cierto es que todos los ciudadanos sufrimos la intoxicación mediática e ideológica antes y durante el proceso electoral. Se nos aburre con discursos políticos vacíos y engañosos, que o bien repiten insistentemente las mismas mentiras o bien cambian constantemente de mensaje, para que no nos dé tiempo a cuestionarlos. Si contáramos con un revulsivo o los instrumentos adecuados para combatirlos, no tendríamos consecuencias negativas como la baja participación ciudadana. Así que, para defender nuestra débil democracia, tendríamos que reinventarla. Pero como esto es inviable, no podemos votar a cualquier vendedor de ilusiones y mentiras, y menos, después de las elecciones, abandonarnos en sus manos dejándole tomar todas las decisiones importantes que nos afectan. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? 

María José Jiménez Izquierdo

De usar y tirar.

La política, para mí, está circunscrita a un territorio. Votamos donde vivimos, por eso para las próximas elecciones municipales del 22 de mayo próximo, las preguntas a tener en cuenta serían: ¿Cuál es el estado de la ciudad donde vivo? ¿Cuáles son sus principales problemas? ¿Qué soluciones me plantean en sus programas las diferentes opciones políticas? ¿Cuál es la situación económica de mi Ayuntamiento en esta época de crisis? Sin embargo, lo que se  hace es especular continuamente sobre el futuro político de Zapatero, ¿se presentará el próximo año a las elecciones generales?, en una táctica permanente de confusión. Ahora dicen algunos socialistas -y lo repite la prensa- que Zapatero es el problema y el PSOE la solución. Vivimos en una sociedad de usar y tirar y, por lo que veo, Zapatero no escapa a esa lógica. Parece que hayamos olvidado que la lucha por la liberación de las costumbres y las mejoras en las políticas sociales las abanderó Zapatero. La consigna política de los medios es Zapatero no sirve, que pase el siguiente. El problema es que Rajoy, líder de la oposición y el siguiente según la prensa, está pesimamente valorado por la opinión pública, tampoco le quieren. Qué hacemos. Qué está pasando. Nos estamos volviendo locos o hemos perdido el sentido común. 

Ángel Luis Jiménez Rodriguez 

“The wizard of lies: and the death of true”.

El mago de las mentiras: y la muerte de la verdad, podría tratarse de Ruiz-Mateos, pero no, es el título en español de un libro que saldrá en primavera sobre Bernard Madoff y su estafa piramidal, escrito por Diana B. Enrique. Este libro recoge la primera entrevista desde la cárcel de Madoff, publicada también en El País, y en la que sostiene que entidades financieras y fondos de inversión de capital riesgo estaban al tanto de sus manejos. Habla de la “ceguera voluntaria” de estos y su incapacidad para analizar las discrepancias entre lo que él prometía y la información que disponían de sus analistas financieros. “¿Las agencias de rating tan criticadas? Tenían que saberlo”, afirma Madoff. Sin embargo, su actitud era algo así como “si estás haciendo algo malo no queremos saberlo”. Y sigue diciendo: “Me habría encantando que muchos de mis clientes no hubiesen perdidos nada, pero ellos eran muy conscientes de ese riesgo al invertir en el mercado”. Estas afirmaciones de Madoff, del pasado  mes de febrero, deben sopesarse frente a su endeble credibilidad -similar a la de Ruiz Mateos cuando habla de sus negocios-, pues tras engañar a los reguladores federales y a los inversores, supuestamente expertos, durante mucho tiempo, podría sin duda ser tachado de mentiroso si apareciese como testigo en muchos de los juicios que todavía tiene pendiente. Algo positivo de esta gran estafa es la colaboración de Madoff con la justicia para recuperar activos del financiero y de algunos de sus clientes beneficiados. Ya se han recuperado más de 10.000 millones de dólares por venta de activos recuperados. Ante toda esta información sobre el estafador Madoff, me pregunto: ¿Tendrán mejor suerte los engañados inversores de Ruiz-Mateos?

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

La negociación colectiva y los derechos sindicales.

En los Estados Unidos se ha levantado la veda contra la negociación colectiva, los derechos sindicales y los sindicatos. En el estado norteamericano de Wisconsin se quiere limitar la negociación colectiva sólo a los salarios, obstaculizando toda reivindicación de las condiciones laborales, seguridad en el trabajo o seguros médicos. Los diputados demócratas del parlamento del Estado -con mayoría republicana- se han fugado a otro próximo para no participar en la aprobación de la nueva ley. En el estado de Ohio ya se ha aprobado una norma similar. Esta noticia tan grave, a la que no se le da importancia en los medios españoles, supone volver a esa triste época del capitalismo sin oposición sindical. En Wisconsin no sólo se lucha por una ley local, sino por los derechos de los trabajadores de esa sociedad abierta que conocemos como occidental o de Occidente, término que antes evocaba: derechos humanos, derechos sindicales, libre mercado, pluralidad de opiniones y libertad de expresión. Es decir, “nuestros valores”.

Ahora, en la Unión Europea (UE), la Comisión está intentando recortar el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva con propuestas como las del “Pacto de Competitividad”, cuyo borrador es preocupante: retraso de las jubilaciones, bajada de los salarios, reducción de los servicios públicos y más impuestos para el consumo. El dichoso pacto ha sonado tan mal, que un grupo de importantes europeístas encabezados por Jacques Delors y Romano Prodi han firmado un texto asegurando que Europa no necesita “un pacto”, sino “una reforma” y con mucho consenso.

En ese reto están igualmente implicados los sindicatos españoles, defendiendo con protestas y huelgas sus derechos, especialmente la negociación: instrumento clave para la defensa de sus intereses. Pero muchas veces,  la actitud poco realista de los propios sindicatos no ayuda, pues el programa de huelgas de los sindicalistas de Aena, para los días claves de las vacaciones, abre las puertas al linchamiento mediático de ésta y toda protesta sindical, porque al protestar -dicen los medios- lo hacen de forma incívica, violenta e insolidaria. Este es un perverso plan para convertir los derechos sindicales en una anécdota del pasado. ¿Lo conseguirán? Eso depende del talento de los sindicatos y de la unidad de los trabajadores cuando defiendan, dentro del marco de la ley, los intereses económicos y sociales que le son propios.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Las contradicciones del PP.

Según el PP y su líder Mariano Rajoy, la derecha española ya no es conservadora, ahora es liberal. Es lo que se lleva, está de moda. Pero saben lo que dicen, porque según Aranguren en su libro “Ética y política”, el liberalismo significa reducir al mínimo el Estado y dejar con libertad a los individuos y grupos particulares para que los más fuertes se impongan a los más débiles. Lejos de repartirse igualitariamente el ejercicio de la libertad, ésta se convierte en monopolio de poderes oligárquicos políticamente irresponsables.

El pasado 5 de marzo, en un acto electoral en Mallorca, Mariano Rajoy construyó un discurso de consignas ideológicas sobre el lema “Menos regulación, más libertad”, sin embargo, olvidaba concretar las propuestas de su partido -las guardó en un cajón-. Para esta campaña de las autonómicas asumía los objetivos del liberalismo desregulador -origen de la crisis-, moderar los salarios y/o adelgazar los servicios públicos. También pasaba de leyes y prohibiciones diciendo: “Sobran leyes, decretos y reglamentos”. No recuerda el señor Rajoy, opositor a notaria, que las leyes son disposiciones jurídicas de carácter general dictadas por las Cortes -que representan al pueblo- para ordenar las relaciones de las personas dentro de un Estado. Tampoco parece recordar que las leyes las hacen las Cortes -función legislativa- y que su aplicación está confiada al Gobierno -función ejecutiva-. Además Rajoy trasladó a la educación esta confusa perorata de ideas sobre la libertad económica, defendiendo la libertad de elección de centros -más privilegios para la Iglesia católica y los colegios privados- y su oposición, pura y dura, a la Educación para la Ciudadanía. Pero hasta dónde quiere llegar el PP relegando los contenidos de esta asignatura.  La Educación para la Ciudadanía pretende promover relaciones de respeto, abordar la igualdad de hombres y mujeres, rechazar situaciones de marginación, discriminación e injusticia social, y enseñar a asumir responsabilidades propias para afrontar la convivencia, las relaciones cívicas y los derechos y deberes en los que se fundamenta toda sociedad democrática. En definitiva, educar en ciudadanía y democracia, sin sectarismo ni dogmas doctrinales.

Y es que las contradicciones del PP son cada día más evidentes, quieren menos prohibiciones -les molesta hasta la ley antitabaco que apoyaron-, menos regulaciones y más libertad para los privilegiados que ya disfrutan de todos los derechos, pero se oponen a la regulación del aborto, a los matrimonios homosexuales y a los derechos de los inmigrantes, entre otros, que son derechos universales y libertades cívicas reconocidas en nuestro país. ¿Se puede ser -como dicen- defensores de la libertad con estas contradicciones? Qué falta de pudor y de vergüenza.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Regulación y supervisión del sistema financiero.

En esta crisis mundial, la mayoría de la gente todavía no tiene una idea clara de la magnitud del colapso que podría haberse producido después de la caída del banco de inversión estadounidense Lehman Brother. Y menos mal que, en octubre del 2008, el anuncio de la recapitalización de los bancos en dificultades funcionó aunque a costa de la inversión de millones de fondos públicos en las instituciones financieras europeas y americanas, algo comparable a una nacionalización, que todavía estamos pagando y no sabemos hasta cuándo.

Por supuesto que fueron las desregulaciones de los mercados alentadas por los gobiernos y los riesgos hipotecarios de Estados Unidos los desencadenantes de la crisis, pero aún no han entendido muchos economistas y expertos que la mitad de los valores basura existentes en el mercado se habían vendido a bancos europeos. Estos tenían toda clase de basura en sus balances en vez de capital suficiente. Los Estados obligados por el posible colapso financiero tuvieron que acometer los mayores programas de inversiones y gastos que jamás hubiera visto el mundo, ni la Gran Depresión de 1929 se puede comparar. Para salir de la situación se necesitaba que los Estados imprimieran muchísimo dinero y coordinaran a nivel mundial las políticas monetarias y fiscales, algo que nunca se había hecho a tan gran escala.

Pero si el poder político no aprende la lección se provocará otra crisis de iguales o peores consecuencias en un futuro próximo. Esto significa que no podemos seguir como hasta ahora, pues el sistema financiero tal y como está concebido impone enorme riesgos a los particulares y a la economía mundial. Es evidente que para dominar ese riesgo hace falta regulación y supervisión, pero no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por lo que es necesario que las instituciones globales ocupen el lugar de las nacionales. Tenemos que pensar y actuar de forma global, si no lo conseguimos, no resolveremos los problemas de esta crisis, pero tampoco las del futuro.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Llega el momento de la justicia.

El pasado viernes 25, las agencias más importantes de rating o de calificación de crédito: Fitch, Moody’s y Standard and Poor, que contribuyeron activamente a crear la crisis financiera, han sido denunciadas mediante una querella criminal en la Audiencia Nacional por la vulneración de los artículos 284 y 285 del Código Penal (Serán castigados con multas y penas de prisión: “los que difundieran noticias falsas para intentar alterar el precio de las cosas” y “los que usaren abusivamente de información privilegiada para perturbar el normal funcionamiento del mercado de valores”). Esta es una iniciativa de un equipo de abogados españoles, pero que nace internacionalizada pues la querella presentada incorpora aspectos básicos de las tres querellas presentadas en EE.UU. y Alemania. La querella reclama para los responsables de las tres grandes agencias, que copan el 90% del mercado mundial, penas de multa y de privación de libertad de entre seis meses y cuatro años por los perjuicios que han provocado al erario público debido al sobrecoste que ha tenido que pagar el Estado Español por la presión de los mercados y las pérdidas sufridas por los ahorradores que compraron productos basuras, que habían sido calificados fantásticamente por las agencias. Los querellantes sostienen que el “conflicto de intereses” entre los clientes -emisores de bonos basura- de las agencias denunciadas y los ahorradores que los compraban por su credibilidad, les ha permitido obtener unos beneficios extraordinarios y, sin embargo, a los ahorradores les ha causado un tremendo perjuicio. La querella  en España se ha registrado como acusación particular y la  impulsan de momento las organizaciones siguientes: Unión por las Libertados Cívicas, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales y la Plataforma de Afectados por Hipotecas.  En Europa, esta es la segunda querella presentada contra las agencias de rating, la primera fue en Alemania. Y es que no se podía permitir que responsables directos de la crisis salieran indemnes de ella y sólo con la credibilidad cuestionada. La crisis financiera se creó en parte al otorgar estas agencias la mejor calificación, la triple A (AAA), a grandes porciones de los paquetes de hipotecas basura, la misma que otorgaban a los bonos del Tesoro estadounidense. Hasta ahora las agencias de rating eran casi invulnerables en los tribunales al haber sido reconocidas en 1975 como entidades oficiales de calificación por el órgano regulador internacional de las Bolsas y estar amparado por una clausula según la cual su actividad era distinta de la de un tasador o analista, por lo que no estaban sujetas a las mismas demandas o responsabilidad ante la justicia. El otoño pasado se decidió por el órgano correspondiente suspender indefinidamente esa clausula, así que a partir de esa fecha  tendrán que responder como cualquiera ante los tribunales. Por fin, la gente reacciona ante tanto abuso y engaño, llega el momento de la Justicia.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Solidaridad con el Juez Garzón.

El pasado viernes 4, en el acto de presentación del libro “La solidaridad con el Juez Garzón”, en la Diputación de Córdoba, pensaba que si nuestra sociedad estuviera gobernada por la solidaridad, no se darían situaciones como la escandalosa persecución al Juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Con la apertura al juez de un proceso penal por el delito de prevaricación en realidad se pretende criminalizar la deliberación, el desarrollo libre y honesto de las ideas e imponer límites penales a la libre interpretación judicial. Desde las plataformas ciudadanas de apoyo al Juez hay que decir BASTA YA.

Una sociedad solidaria debe estar organizada sobre los principios del bien común y la solidaridad entre sus miembros, y no sobre la competencia, los intereses privados y la insolidaridad. Una sociedad debe estar fundada en el reconocimiento de la igualdad y la libertad. Igualdad y libertad, fundamentos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que amparan a todos los seres humanos, aunque no al Juez Garzón, ya que su proceso no se ajusta  al modelo previsto en el artículo sexto del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos, según el Protocolo de 1998, que dice: “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa… por un tribunal independiente e imparcial… que decidirá sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”. En su proceso no ha sido oído de manera equitativa, ni ha tenido un juez independiente, neutral e imparcial, ni se ha obrado con arreglo a las reglas de “la buena fe” en la falta de fundamentación de la acusación. En estas condiciones ni el CGPJ podía acordar su suspensión como juez, ni el Tribunal Supremo podía enjuiciarlo. Pero lo ha hecho.

El caso Garzón –como decía Antonio Franco, en El Periódico, en febrero del 2010– hace pensar en aquellas situaciones extraordinarias en las que al final se invierten las cosas, porque quien será juzgado atentamente por la opinión pública de aquí y de afuera es el Tribunal Supremo y no el magistrado. Lo que haga y decida el Supremo será analizado a fondo por las instancias jurídicas y políticas internacionales. Y si España tuviera por una vez un poco de suerte, quizás el caso Garzón sería para nuestra vieja justicia lo que el 23-F fue para nuestro viejo Ejército franquista. Es decir, tal vez sirva para situar a nuestro poder judicial al nivel de lo que merece un país democrático como la España del siglo XXI.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

El primer mitin de las municipales y autonómicas.

Gaspar Llamazares decía esta semana que el escenario del primer mitin de la próxima campaña para las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo había sido el pasado jueves 24 de febrero en el hemiciclo del Congreso, donde Zapatero y Rajoy se reafirmaron ante sus diputados en sus respectivas políticas, como ocurre en las campañas electorales. En ese acto, el presidente Zapatero finalizó su intervención en la tribuna, -con un relato orientado a describir los grandes hitos del gobierno de Felipe González en la construcción del Estado de bienestar, hasta llegar a ese compromiso socialista, impulsado por él, de las políticas sociales- intentando desmontar las continuas acusaciones de su giro ideológico, con estas palabras: “Hemos mantenido nuestro compromiso social durante la crisis, -incrementando entre 2008 y 2011 un 12% las partidas sociales- a pesar de la dureza de la crisis y más allá de los recortes extraordinarios que resultaron inevitables. El compromiso con el Estado de bienestar y sus valores da sentido como siempre a nuestra vocación política”. El líder del PP, Rajoy, en su discurso se presentó, de nuevo, como la solución al paro diciendo las mismas generalidades y palabras huecas de siempre: “No hay mejor política social que la creación de empleo”.  Y que la salida de la crisis sería muy diferente con el PP, haciendo acopio en su discurso de los siguientes titulares para los periódicos: “Es diferente malvivir con un subsidio a tener trabajo”; “de buscar refugio y socorro en la familia, a sostenerla”; “de carecer de oportunidades a poder escoger”; “de repartir la pobreza a repartir el bienestar”. El problema de los discursos del PP sobre el paro es que no explican nunca cómo se puede solucionar y cuáles son las reformas que tienen preparadas para salir de la crisis. Pero eso no tenía importancia, porque Rajoy ese día no estaba hablando a la cámara, ni a sus diputados, sino burlándose, en un acto de puro cinismo, de los electores, del sentido común y de la ética política. ¿Pero tienen ética política los dirigentes del PP?

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

¿Qué hacer con la educación?

Carmen Riera, en su última novela “Naturaleza casi muerta” con la que debuta en la novela negra, se sirve del suspense para criticar el sistema educativo actual. “La situación es dramática. Bolonia es un desastre. Lo que contaba en el 76 en el instituto, ahora no lo puedo contar en segundo de universidad”, sostiene. “Los nuevos grados no servirán de nada”, concluye. Esto que critica Carmen Riera en su novela, lo ratifica un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros,  que hace un análisis de la educación secundaria y universitaria en nuestro país. Su lectura es demoledora para todo el sistema educativo. De la educación secundaria dicen los autores del estudio “Nuestra secundaria es tan mala que en primero de carrera tenemos que impartir clases que, hace una década, correspondían a la ESO”, y continuaban, “a un niño de 11 o 12 años se le puede obligar a cursar una enseñanza uniforme, pero a uno de 15 o 16, ni lo sueñes. Habría que dejarles optar entre sus intereses y habilidades o aficiones, para que los contenidos les resultaran atractivos y no salieran huyendo ante la posibilidad de un trabajo. Porque ahora estamos viviendo un drama terrible, los chicos que dejaron los estudios en busca del dinero que generaba la construcción, -hasta ahí llegó la burbuja inmobiliaria- ahora están merodeando por las puertas de los institutos y no tenemos solución para ellos. Es muy triste ver a esos adolescentes tan perdidos, sin nada que hacer, sin futuro”. Para el sociólogo, escritor y periodista Vicente Verdú, esto es el signo final de una época y el inicio de otra que no somos capaces de comprender los mayores. Escribe que la llamada generación del botellón, más que una generación, es una degeneración, ya que no leen, no se esfuerzan, no entienden la virtud del sacrificio, se abstienen en las elecciones, faltan a la escuela, no creen en nada, se drogan… ¿Tiene razón? Espero que no, aunque debo reconocer por mi experiencia profesional que se ajusta bastante a la realidad en sus afirmaciones. Ante estos dilemas, siempre me pregunto qué hacer, y entonces recuerdo un pensamiento de los profesores G.Charpak (físico, nobel del 92) y R.Omnés (matemático), que me reconforta y anima: “Nada hay más necesario que dar a los jóvenes esa educación que necesitan y que se merecen, de la que resulten generaciones de hombres y de mujeres libres, capaces de entender por si mismos el universo que les rodea y su significado. Urge hacerlo antes de que a los gurús de la venganza, los adoradores de leyenda, o los iluminados les dé tiempo a apoderarse de ellos. Para que por el contrario, reciban de los  sabios el verdadero saber y de los poetas la lucidez y la iluminación de sus actos”.

María José Jiménez Izquierdo

Carta al día de Córdoba.

El titular del Día de Córdoba de ayer decía “Los ecologistas llevarán a Aguilar ante el Supremo por Colecor”. Ese titular no se ajusta  a la información que aparece en las páginas interiores, pues lo comunicado por la organización Ecologista en Acción es que “anuncian acciones legales conducentes a que se produzca una investigación”. Esta investigación se basaría en las declaraciones del candidato de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, que dice haber recibido “un permiso verbal” de “quienes mandaban en el Ayuntamiento” para construir el complejo Colecor de la carretera de Palma del Rio. Asegura también la organización ecologista que pedirá al Tribunal Supremo que emita un suplicatorio, -¿en base a qué? ¿qué veracidad puede tener esa fuente insolvente que es Gómez?- que permita una instrucción penal y el procesamiento de la ministra Aguilar. A la vista de esta información me pregunto, qué manera de informar es esa, no tienen libro de estilo  o no saben separar lo que es información de lo que es opinión o publicidad electoral, cuando reproducen las palabras del procesado en el caso Malaya, Rafael Gómez.  Se han olvidado que el derecho a la información es del lector, no del periódico, y que la obligación del profesional es ayudar a los lectores a pensar, recurriendo a datos y contextos precisos. En este caso, debían haber informado sobre la inexistencia en la administración municipal del “permiso verbal” porque las licencias municipales son actos reglados que no dependen de la voluntad de las personas, además de no permitirlo la legalidad urbanística vigente. En toda información es fundamental entender qué está en juego y por qué. Y advertir a los lectores sobre los trucos y engaños que encierran algunas propuestas políticas, especialmente las del procesado, Rafael Gómez, que busca conseguir por la vía de las urnas lo que no ha logrado en los tribunales. Al lector de periódicos no se le sacia con golpes de efecto, sino con una narración veraz de los personajes y los hechos. Y hasta la fecha no existe ningún pronunciamiento judicial que invite a pensar que existen responsabilidades de orden penal por el asunto Colecor. Aquí lo que está ocurriendo es que ante el silencio de Rosa Aguilar -bendito silencio-, algunos medios abusando del derecho a la información y a la libertad de expresión, le están haciendo el juego a Rafael Gómez para que llegue a Concejal, aprovechándose de la desesperanza en la que se mueve la sociedad cordobesa y el rechazo a los partidos mayoritarios generado por la crisis y la corrupción. Se dan cuenta esos medios de las posibles consecuencias que acarrearía esa situación y de los posibles perjuicios que le están ocasionando con su información a la fama y la honra de una buena persona como Rosa Aguilar.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez

Un dilema moral.

En la llamada guerra contra el terror, muchos gobiernos reconocidos como democráticos se plantean todavía este dilema moral: ¿Se puede hacer uso de la tortura con sospechosos de terrorismo, si con ello puede salvarse la vida de decenas de inocentes? Este viejo dilema moral, cada día más vigente desde los atentados del 11-S, tiene en nuestro tiempo dos respuestas o posturas irreconciliables: Primera, la de quién responde afirmativamente considerando que el valor de la vida de esas decenas de personas está por encima de cualquier otra consideración. Y segunda, la de quién responde negativamente, convencido de que la tortura es en sí mismo un acto inhumano y que como tal debe rechazarse siempre, incluso al precio de arriesgar la vida de los demás. Ahora, el profesor de la Universidad de Harvard, Michael J. Sandel, autor del libro “Justicia ¿Hacemos lo que debemos?” publicado por la editorial Debate, demuestra que el criterio utilitarista, que sostiene que sólo los números importan, es insuficiente a la hora de autorizar el uso de la tortura. El citado libro disecciona las implicaciones morales de las leyes, revisando las grandes teorías de la justicia: la búsqueda del bien común de Aristóteles, el igualitarismo de John Rawls o el universalismo de Kant. La teoría de Aristóteles ha estado siempre presente en nuestra vida cotidiana, pues términos como “ser un asesino en potencia” proceden de él. En su teoría establece que la pauta ética más adecuada es buscar siempre el término medio y que la ética invariablemente está subordinada a la Política, que es la búsqueda del bien común. El Igualitarismo liberal nace del estudio de la teoría de la Justicia desde la filosofía política. El profesor norteamericano, John Rawls, partiendo de una crítica al utilitarismo, establece sus dos famosos principios: el principio de las libertades iguales para todos y el principio sobre las desigualdades económicas, estas últimas aceptadas mientras garanticen la igualdad de oportunidades y actúen en beneficio de los peor situados de la sociedad. Kant, con el universalismo, defiende que lo que está bien o mal no depende ni de la sociedad, ni del individuo, sino que es independiente a ellos y, con el relativismo, sostiene que no hay verdades absolutas sólo relativas, lo que implica que no hay una forma universal de la razón. Por eso, prefiero el universalismo que trata a todos los individuos por igual frente al relativismo que te obliga a hacer lo que dicte cada sociedad, aunque tú no quieras. También Sandel en su libro, pregunta ¿Qué hacer?, pues lo justo, algo que cada día, cada persona, debe explorar y decidir en múltiples ocasiones, porque las cuestiones cotidianas o de actualidad reflejan a veces ideas muy profundas.

Ángel Luis Jiménez Rodriguez